La futura Ley elimina el aforamiento a 15.000 jueces, fiscales y otros cargos

La reforma en profundidad de la administración de Justicia que impulsa el Gobierno del PP pretende eliminar el aforamiento de los 5.171 jueces, 2.407 fiscales y 7.685 jueces de paz que hay en España. Al menos así figura en el texto definitivo del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que el Ejecutivo pretende aprobar en las próximas semanas para su remisión al Congreso de los Diputados tras atender algunas de las alegaciones y sugerencias planteadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.

Los plazos de tramitación de la propuesta estrella del ministerio de Justicia son tan ajustados que hay peligro de que la normativa no se pueda aprobar antes de que finalice la actual legislatura. La eliminación de aforados que plantea el proyecto de Ley no requiere reformas constitucionales y, por tanto, el PP no necesita el apoyo del resto de los grupos parlamentarios para llevar adelante esa medida. Le basta con la mayoría absoluta que ya tiene en las Cortes.

La propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, de suprimir también los aforamientos de ministros, diputados y senadores está pendiente de uns negociación política con el resto de partidos políticos en los próximos dos meses.

La eliminación del aforamiento de jueces y fiscales —más de 15.000 afectados— que Justicia ha incluido en la reforma legal también afectará, según fuentes del ministerio, a cargos públicos institucionales cuya protección jurídica especial no está recogida en la Constitución, como el Defensor del Pueblo, el presidente y los consejeros del Consejo de Estado, o el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas.

Junto a esta medida, el ministerio de Justicia ha modificado el texto original de su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pasó por el consejo de ministros hace cuatro meses, en algunos aspectos que provocaron la protesta de jueces y fiscales. Mientras, ha mantenido intactos otros capítulos polémicos del anteproyecto de Ley. Son los que siguen:

Instrucción colegiada para los casos de más repercusión social. El Gobierno mantiene, pese a las protestas de distintos colectivos, que a partir de la entrada en vigor de la reforma legal los grandes casos judiciales de mayor repercusión social y todos los que investiga la Audiencia Nacional serán instruidos por tres jueces en lugar de uno, como ocurre actualmente.

Prohibición a los jueces de opinar sobre causas abiertas. El ministerio de Justicia ha retirado del texto original la referencia a la prohibición de opinar a asociaciones judiciales sobre causas abiertas. Pero mantiene el veto a los jueces, que no podrán expresar opiniones sobre procesos judiciales en tramitación que afectan a otros compañeros.

La justicia universal, intocable. Pese a las múltiples alegaciones planteadas por el Gobierno de los jueces y por el Consejo Fiscal a la actual regulación de la Justicia Universal en España, que limita al máximo la posibilidad de abrir causas en España que afectan a hechos ocurridos en otros países, el ministerio de Justicia mantiene intocable el texto del anteproyecto. La redacción dada a los artículos sobre Justicia Universal recoge sin una sola corrección el texto de la reforma legal urgente que aprobó el PP a principios de 2014 tras las presiones del Gobierno chino por la orden de detención que dictó la Audiencia Nacional contra varios de sus ex dirigentes.

Supresión de Audiencias Provinciales. El ministerio de Justicia también mantiene intacto su plan de suprimir todas las audiencias provinciales para crear nuevos órganos denominados Tribunales Provinciales de Instancia. En el anteproyecto se establecía un tribunal de instancia por provincia aunque el ministerio establecerá la posibilidad de establecer más de uno por provincia si ésta así lo reclama justificando su necesidad.

Gobierno de los jueces: dos miembros más en su comisión permanente. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, formada por el presidente y cinco vocales que trabajan en dedicación exclusiva, será ampliada en dos miembros más. Hasta ahora, de los 20 vocales, tan sólo cinco desempeñaban su función en exclusiva para el Consejo. El resto (la mayoría jueces) compatibilizaban su trabajo con el cargo.