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El PP y el Gobierno discrepan sobre el alcance del pacto de regeneración

Cospedal contradice a Gallardón y pide limitar el aforamiento sin eliminarlo

Cospedal durante la rueda de prensa que ofreció ayer. Ampliar foto
Cospedal durante la rueda de prensa que ofreció ayer. EFE

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, evidenció ayer que los populares no tienen aún claro hasta dónde llegar en las medidas de regeneración democrática y que hay un debate entre el partido y el Gobierno. Cospedal, que habló oficialmente en nombre del partido tras la reunión de la cúpula de los lunes, contradijo abiertamente al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el asunto de la reforma del aforamiento.

El ministro había explicado en EL PAÍS que su propuesta consiste en reducir de 17.621 a 22 los aforados. Eso implica retirar el aforamiento a todos los diputados y senadores, algo que está en la Constitución. Por eso planteaba la necesidad de modificar la Constitución. Cospedal fue tajante en su desautorización de Ruiz-Gallardón. “Nosotros creemos que no es necesario plantear una reforma constitucional. Bastaría con circunscribir el aforamiento al ejercicio de su actividad política como diputado o senador, que es lo que marca la Constitución. O a las manifestaciones por el hecho de ser senador. Hay que preservar la libertad de expresión de los parlamentarios”. Ya el 6 de agosto, en una entrevista, Cospedal propuso excluir temas personales, como conducir ebrio, del aforamiento.

Cospedal salía de la reunión del Comité de Dirección, en la que se trató este asunto, y quiso dejar claro que el PP discrepa de Gallardón, esto es, del Gobierno. Lo repitió dos veces. Fuentes de este partido señalan que lo que se debate en la cúpula del PP es que el ministro ha ido más lejos de lo pactado internamente, que no incluía la reforma de la Constitución para este asunto.

Sin embargo, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no desautorizó el viernes a Ruiz-Gallardón, aunque tampoco quiso concretar tanto como él sobre los 22 aforados, una cifra que no pronunció. El Gobierno envió un documento el domingo en el que no hablaba de cambio constitucional pero sí de reducción del número de aforados: “Planteamos medidas para acotar el aforamiento, en cuanto a su alcance, en particular en lo referido a las causas penales, y en cuanto a su número”.

La secretaria genreal del PP también muestra  discrepancias en asuntos como el del indulto

Limitar el aforamiento de los diputados sin cambiar la Constitución, como plantea Cospedal, sería complejo porque este texto es muy claro en su artículo 71: “Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. La Constitución por tanto no habla de “en el ejercicio de su cargo” y se refiere a todas las causas.

Cospedal también mostró ciertas discrepancias entre la posición del Gobierno y la del partido en asuntos como el del indulto. Mientras el Ejecutivo habla de “ampliar el control parlamentario”, esto es, obligar a explicar los indultos en el Congreso, Cospedal habló de limitarlos legalmente. “Todo lo que sea evitar la discrecionalidad es bueno, cuanto más regulado esté el indulto mejor y que se tenga que guiar el Gobierno de turno por el papel y no pueda tener discrecionalidad del sí o o del no, da mayores garantías”.

Estas discrepancias y confusión se resolverán en los próximos días cuando el Gobierno, como ha anunciado, convoque a los grupos —lo hará Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, como sucedió en mayo— para explicarles su propuesta de pacto de regeneración democrática. Sobre el principal obstáculo, la reforma electoral para cambiar la elección de alcaldes, Cospedal señaló que el PP irá con una propuesta “abierta” pero insistió en que debe gobernar el más votado.

Leyes en trámite

Código Penal. El proyecto de ley llegó al Congreso hace casi un año. Ha tenido una larga tramitación, que incluye comparecencias de expertos y sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas, que acaba en las próximas semanas. En una segunda tanda de reformas, el Ejecutivo incluyó propuestas contra la corrupción. El calendario está ya ajustado para que salga adelante.

Proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado. Llegó al Congreso en febrero y está en la Comisión Constitucional, donde ha sufrido sucesivos aplazamientos del plazo de enmiendas parciales. Incluye cambios en incompatibilidades de altos cargos.

Proyecto de Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos. En idéntica situación. Incluye la regulación de la figura del tesorero de los partidos y refuerza el papel del Tribunal de Cuentas.

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