Los datos contradicen las razones con que el PP defiende la reforma electoral

El Partido Popular ha lanzado su propuesta de reforma electoral para que gobierne el partido más votado en los Ayuntamientos con el argumento, entre otros, de que los Gobiernos de coalición son más corruptos que los formados por mayorías. De los 98 mayores Ayuntamientos de España, sólo 13 están dirigidos por Gobiernos de coalición y, entre estos, solo uno está afectado por un caso de corrupción. Es posible que, en caso de existir, las corruptelas de esta legislatura no se hayan desvelado todavía, pero lo cierto es que los grandes casos juzgados e investigados proceden de municipios dirigidos por gobiernos de mayorías, lo que contradice el argumento del PP.

Así lo señala además el investigador principal del Observatorio de los Gobiernos de Coalición de la Universidad de Barcelona, Josep Maria Reniu. “El compartir poder lleva a una mayor fiscalización y una menor arbitrariedad en la gestión de la cosa pública”, asegura Reniu, quien añade que otro de los motivos es la obligación de compartir información con los socios de gobierno mientras que en las mayorías, en ocasiones, se obstaculiza el acceso de la oposición a los datos. “El interés de los socios por tener unos buenos resultados les lleva a marcarse mutuamente”, asegura.

Los populares quieren imponer un cambio para que gobierne la lista más votada y evitar así pactos poselectorales locales e insisten en calificarlos de “golpes de Estado que se pactan en los despachos”, según las palabras del diputado Pedro Gómez de la Serna. La propuesta no se extiende a las comunidades autónomas.

Sin embargo, los datos analizados muestran que la corrupción no está ligada en especial a las coaliciones. De hecho, uno de los pactos municipales alcanzado tras las elecciones de 2013, el de Lugo entre el PSOE y los nacionalistas del BNG, se dinamitó después de que se destapara el sumario de la Operación Pokémon, que investiga a una red de empresas por sobornos a cargos públicos. Donde no se ha roto el acuerdo es en el municipio canario de Telde (101.300 habitantes), donde la alcaldesa, del PP, está imputada por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos por favorecer a un constructor. Su partido gobierna junto a Coalición Canaria y el Centro Canario Nacionalista. “El caso viene de atrás, de cuando el PP gobernaba con mayoría”, puntualiza el teniente alcalde, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria.

Numéricamente, el PP no tiene, atendiendo a los datos de los últimos comicios de 2011, argumentos para sostener que es necesaria una reforma urgente del sistema electoral por un problema de gobernabilidad, ya que el 80% de los municipios están en manos de mayorías absolutas. Aunque el PP niegue que la reforma que plantea tenga un objetivo electoral, se prevé una mayor fragmentación del voto para los próximos comicios de mayo de 2015.

El paradigma de la corrupción en España surgió en Marbella del gobierno mayoritario del fallecido Jesús Gil. La parte municipal del más destacado caso de entre los que se investigan actualmente, el caso Gürtel, surgió de municipios madrileños gobernados por mayorías, en este caso del PP, como Majadahonda, Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte. También incluido en el caso Gürtel se investiga una presunta corrupción municipal por la que está imputado el exconcejal de Hacienda de Toledo, Lamberto García Pineda, extesorero del PP de Castilla-La Mancha, por una posible donación recibida por la firma de los contratos por la recogida de basura.

En Orihuela (Alicante), nueve de sus 25 concejales están imputados. El Ayuntamiento está regido por un gobierno de coalición formado por el PSOE y Los Verdes pero las imputaciones recaen en concejales del PP por una operación aprobada en la anterior legislatura, cuando los populares obtuvieron mayoría absoluta. Sobre ese mismo gobierno de mayoría se destapó otra de las grandes causas vivas hoy en los juzgados; el caso Brugal, también por concesiones. Otros casos menores han salpicado a gobiernos de mayorías, como el juicio que en 2010 llevó a varios concejales de Torrejón de Ardoz (Madrid) al banquillo, por un presunto delito de prevaricación, o el caso Quality Food, que investiga en Cádiz el desarrollo de una empresa para el saqueo de dinero público.

En Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), el exjuez Baltasar Garzón decretó en 2009 prisión para nueve ediles por la llamada Operación Pretoria, cuya investigación sigue abierta en la Audiencia Nacional con el exalcalde del PSC de la localidad como uno de los principales imputados. La propia Operación Pokémon afecta a localidades con mayorías absolutas, como Santiago —cuyos dos últimos alcaldes, del PP, han dimitido—, A Coruña, o Ferrol Boqueixón, O Carballiño, Cospeito en Galicia. También en gobiernos coaligados como el gallego de Ordes o el asturiano San Martín del Rey Aurelio.