El retraso en los macroprocesos

“Es exigible que jueces y tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el ordenamiento les encomienda”. El axioma de que la justicia es lenta ha merecido la atención de todos sus estamentos. El Tribunal Constitucional dictó en abril pasado una sentencia en la que reprobaba en dichos términos las dilaciones y amparaba a un ciudadano que así lo denunció. Además, aprovechó para recordar al Estado su obligación de dotar a la justicia de más medios.

En la mayoría de los casos, las dilaciones se deben a la falta de medios para atender la saturación de procedimientos abiertos en los juzgados. Sin embargo, este hecho ha servido de atenuante en varias condenas cuando se ha considerado que, pese a la complejidad de las causas, no han existido motivos objetivos para que la investigación se prolongase durante años.

A la lentitud de la justicia y la escasez de medios materiales y humanos se une el hecho de que los asuntos más destacados de corrupción se han ido convirtiendo en macroprocesos con decenas de imputados y entramados de empresas que han obligado a extender la investigación durante meses o años. Los casos Malaya, Gürtel, Palma Arena o Carioca nacieron como una única causa cuya envergadura fue provocando su desmembramiento, es decir, la división en partes más fáciles de instruir e investigar.

Sin embargo, no siempre ocurre así. No ha pasado, por ejemplo, con el caso de los ERE, abierto en 2011, que acumula ya más de un centenar de imputados. Pese a que se ha reclamado, la juez Mercedes Alaya decidió mantener la investigación en una sola causa que ahora ha enviado al Tribunal Supremo al figurar varios aforados entre los imputados. Este tribunal decidirá si se queda toda la causa o solo una parte de ella. Y fue también el Supremo el que en una sentencia criticó ese tipo de grandes procesos y cuestionó, en el fallo sobre una trama de corrupción en Cataluña, la decisión de haber acumulado siete piezas en un solo procedimiento que sumaba más de un millón de folios.

El grueso del caso Malaya, con más de un centenar de imputados, llevó al banquillo a 95 personas tras cinco años de instrucción. Después de dos años de juicio y 13 meses de redacción, se dictó una sentencia de más de 3.000 folios. Sin embargo, esta es solo la causa principal; de ella se descolgaron una treintena de piezas que aún están en instrucción.

El caso Palma Arena se abrió en 2008. Las pesquisas fueron engordando los indicios de corruptelas y el procedimiento se ha dividido, hasta el momento, en 25 causas que acumulan decenas de imputados. Algunas de estas piezas ya han sido incluso juzgadas. Otras, en cambio, siguen en instrucción, pendientes de informes y pesquisas.

El caso Gürtel comenzó en la Audiencia Nacional y allí volvió tras dos años de instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Después de más de un lustro de investigación, tan sólo se ha juzgado una mínima parte del caso, derivada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al existir aforados de la misma. En ese juzgado queda una parte importante del asunto, mientras que la Audiencia Nacional mantiene en investigación el grueso del mismo. El procedimiento alcanza ya los cerca de 200 imputados, mientras que el número de folios se cuenta por decenas de miles.

Del caso Carioca surgieron tres procedimientos: el que lleva el mismo nombre, el caso Campeón y el caso Pokémon. Es el que registra una menor cifra de imputados, pero la diversidad de las causas que se destaparon tras las primeras investigaciones obligó a trocearlo.