El PSOE planteará despolitizar los nombramientos de instituciones

El PSOE propondrá al PP un acuerdo sobre una serie de medidas de regeneración o limpieza democrática que incluyen un cambio en el sistema de nombramiento de los órganos constitucionales y la elaboración de una nueva ley de partidos que democratice su funcionamiento.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene previsto reunirse en septiembre con todos los portavoces parlamentarios para poner en marcha el plan y buscar acuerdos parlamentarios. En paralelo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado orden a su partido de desbloquear las reformas que ya están en el trámite parlamentario, como el estatuto de los altos cargos y el Código Penal, y presentar otras medidas nuevas para su debate y discusión.

En sus propuestas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, la nueva dirección del PSOE incluye algunas que hasta ahora no estaban en su agenda y que, según fuentes socialistas, suponen dar un cambio radical en el funcionamiento de las instituciones para dar cumplimiento al mensaje ciudadano.

NOMBRAMIENTOS

La idea sobre la que trabaja el PSOE es lo que Sánchez denomina la “descolonización” de las instituciones, es decir, evitar la apariencia de reparto de los órganos constitucionales que son renovados por el Parlamento. La medida afectaría al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Junta Electoral Central, entre otras instituciones.

La propuesta sobre la que trabaja el PSOE supone que esos nombramientos se hagan tras un proceso que incluya un plazo de presentación de candidaturas por parte de los interesados. Hay precedentes en otros países en los que se ha fijado el PSOE, como en la elección del gobernador del banco de Inglaterra, que se hizo tras abrir un plazo para la presentación de candidaturas.

 La “descolonización” de las instituciones evitaría el reparto de los órganos constitucionales renovados por el Parlamento

Posteriormente, esas propuestas serían examinadas por un Comité de Expertos de composición variable, en función del nombramiento que se trate, adscrito a las cámaras. Habría una comparecencia de los interesados y, posteriormente, se produciría la designación por las mayorías requeridas.

El último paso es necesariamente la votación por parte de los partidos, porque así lo exige la Constitución, con acuerdo requerido entre más de un grupo para llegar a la mayoría reforzada. Pero el PSOE entiende que con su propuesta, abierta a aportaciones, se daría transparencia y se valoraría el mérito de los aspirantes, antes de producirse el acuerdo.

En este momento, esas instituciones se renuevan por acuerdo cerrado entre los dos grandes partidos. PP y PSOE solo accedieron hace tres legislaturas a establecer un sistema de comparecencias de los candidatos, pero cuando ya han sido elegidos por los partidos y para someterse a preguntas de quienes han decidido antes su nombramiento. Esas comparecencias, en la práctica, son inoperantes. Por ejemplo, no sirvieron para saber en su momento que el actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue militante del PP.

La idea de Sánchez se basa en la evidencia de que nunca como ahora estos organismos han tenido al frente a tantos exmilitantes del partido que gobierna. Por ejemplo, la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, era diputada del PP; la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue militante del partido que gobierna.

La actual dirección del PSOE es consciente de que esta propuesta supone una rectificación sobre la trayectoria anterior del partido, que nunca había cuestionado este sistema de designación pactada con el PP para los órganos constitucionales.

LEY DE PARTIDOS

“Si el Estado puede intervenir en la economía y en otras parcelas también puede hacerlo en el funcionamiento de los partidos como expresión de la representación política”. Esta es la filosofía que mueve a Sánchez a promover una nueva ley de partidos que haga exigencias concretas sobre democracia interna en su funcionamiento.

El modelo sería el de la ley de partidos alemana que obliga a una serie de requisitos, incluida la exigencia de designación democrática de los candidatos en los procesos electorales.

El objetivo es dotarles de transparencia, mejorar su funcionamiento y tomar medidas sobre su financiación.

Es también la primera vez en la que el PSOE propondrá trasladar a una ley para todas las formaciones criterios de funcionamiento que se aplica. Los socialistas barajan incluir en su propuesta la obligatoriedad de primarias para la elección de candidatos, paridad para las listas electorales, limitación de mandatos para sus dirigentes y establecimiento de un código ético común.

La propuesta es novedosa. La ley actual no establece ningún mecanismo común para elaboración de listas electorales o para elección de sus dirigentes en congresos cerrados o con participación de militantes. La norma vigente apenas recoge referencias genéricas sobre democracia interna o trámites de audiencia para sanciones y expulsiones con garantías exigibles ante los tribunales.

El equipo de Sánchez explica que la mayor parte de las quejas de los ciudadanos con el funcionamiento democrático tiene que ver, precisamente, con los partidos. Por eso, entienden que el objetivo es dotarles de transparencia, mejorar su funcionamiento y tomar medidas sobre su financiación.

Entre otras medidas, su propuesta incluirá regular la prohibición de la financiación por parte de empresas, hacer públicas sus cuentas e incrementar el control de sus ingresos y gastos, incrementar los derechos de participación de los militantes, regular las garantías democráticas en la elección de sus dirigentes y asegurar el cumplimiento interno de las reglas del juego.

De esta forma, los socialistas proponen unir en una sola ley la de partidos y la de financiación. La primera solo se ha cambiado, por acuerdo entre PP y PSOE, para facilitar las ilegalizaciones de formaciones que apoyen el terrorismo y la de financiación ha tenido más cambios. En este momento, el PP trabaja también en una propuesta para volver a regular la financiación de partidos. La diferencia básica es que la del PSOE incluye eliminar las donaciones de todo tipo de empresas.

Los socialistas también quieren concretar un sistema común para que los dirigentes de todos los partidos están obligados a hacer públicos sus patrimonios y declaraciones de la renta. Estas exigencias son aplicables ya para parlamentarios y responsables de instituciones públicas, pero no para los líderes de los partidos políticos que quieren concurrir a los procesos electorales.

RESPONSABILIDADES

Otro principio sobre el que trabaja el PSOE es el de “el que la hace la paga y lo paga”. Es decir, reforzar los mecanismos de exigencia de responsabilidad penal y patrimonial. En este caso, los socialistas propondrán buscar fórmulas para que los condenados por casos de corrupción estén obligados a devolver lo defraudado.

Los corruptos tendrán que hacer frente a sus responsabilidades con todos sus bienes, incluidos los que hayan puesto a nombre de “hombres de paja”

Una actuación concreta se refiere a la revisión de los tratados internacionales que tengan que ver con la colaboración en la persecución de delitos o intervención en patrimonios en paraísos fiscales. En los casos de corrupción es frecuente la necesidad de comisiones rogatorias o investigaciones de hechos y cuentas en el exterior. La falta de celeridad del procedimiento que pretende revisar el PSOE hace que en muchos casos las comisiones rogatorias se demoren durante años.

Otra actuación se refiere a cambios en el tratamiento penal de los casos de corrupción. La idea es que los corruptos tengan que hacer frente a sus responsabilidades con todos sus bienes, incluyendo los que fraudulentamente se hayan puesto a nombre de sociedades, familiares u “hombres de paja” y, mediante acciones internacionales, los que posean en paraísos internacionales.

En la práctica, según el análisis del PSOE, son muy pocos los casos en los que se fuerza la devolución de lo defraudado, incluso con condenas firmes. En este momento el Código Penal elaborado por el Gobierno está en trámite de enmiendas en el Congreso. Su proceso en las Cortes está siendo muy lento desde que entrara en la Cámara hace casi un año. Las sucesivas ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas han llegado hasta el mes de septiembre, con desacuerdos notables sobre asuntos como la prisión permanente revisable. El PSOE entiende que en esas enmiendas deben incluirse refuerzos en la lucha contra la corrupción y para dificultar que los condenados eludan o retrasen su ingreso en prisión. También a agravar las penas por estos casos.

Otras medidas que baraja el PSOE se refieren a establecer la objetividad en la concesión de indultos. Fue el Gobierno de Felipe González el que eliminó la motivación para la concesión de medidas de gracia.

También quieren endurecer el régimen de incompatibilidades de altos cargos y la llamada “puerta giratoria”, es decir, el paso de la actividad privada a la pública y viceversa.

De forma genérica, los socialistas quieren que se estudien fórmulas para agilizar los procesos penales y evitar que se eluda la acción de la Justicia. El Gobierno de Rajoy puso en marcha una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal, pero tras recabar un estudio de expertos, ha terminado por congelarlo y solo contempla aprobar reformas parciales.

El PSOE coincide con el Gobierno en buscar la reducción de aforados o personas que deben ser juzgadas necesariamente por el Tribunal Supremo o los tribunales superiores. La Constitución establece el aforamiento para parlamentarios y miembros del Gobierno y los estatutos de autonomía el de los de las comunidades, por eso solo es posible eliminarlo por ley para jueces y fiscales. El fuero de este colectivo es importante en cantidad, pero limitado porque solo se refiere al ejercicio de sus funciones y tan restringido que se ha aplicado a muy pocos casos.

Para todas estas reformas legales y las que puedan pactarse entre los partidos en las conversaciones que se abren en septiembre hay un escollo que es el del tiempo escaso que resta de legislatura. Quedan solo dos periodos de sesiones completos hasta las generales de 2015, con interferencias políticas y prácticas como las elecciones municipales y autonómicas del próximo año.