Jordi Pujol Jr. bloquea la entrega de datos

 Joan Miquel Rascagneres.

Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex president de la Generalitat Jordi Pujol, ha presentado este martes en Andorra dos escritos ante la Batllia de Andorra, órgano jurisdiccional de primera instancia e instrucción de los cuatro ámbitos jurisdiccionales del sistema legal del Principado. 

El ex decano del Colegio de Abogados, Joan Miquel Rascagneres, abogado de la familia Pujol, es quien ha presentado los citados escritos, ya que los letrados comunitarios o españoles no pueden ejercer en Andorra. El letrado forma parte del Bufet Rascagneres Monegal.

Según fuentes jurídicas, el primer escrito es un recurso de oposición de Pujol Ferrusola a la comisión rogatoria enviada por el juez Pablo Ruz el pasado 29 de julio.

El juez pedía "toda la documentación o información que estuviera a disposición de la Banca Privada de Andorra de productos bancarios y/o fondos de los que se hayan sido beneficiarios" (Jordi Pujol Ferrusola y su esposa Mercedes Gironés) y las cinco mercantiles de las que son propietarios (Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Ative Translation e Iberoamericana de Business and Marketing).

Junto con dicha comisión rogatoria, el juez ha citado a declarar como imputado a Pujol Jr. el próximo 15 de septiembre, y un día después, el 16, a su ex novia y denunciante, María Victoria Álvarez, quien declaró el 17 de enero ante el juez Ruz que acompañó al hijo mayor del ex presidente de la Generalitat a Andorra para trasladar una mochila llena de billetes de 500 euros.

  El segundo escrito es una denuncia por revelación de secreto bancario, por violación del artículo 191 del Código Penal de Andorra.

Los letrados españoles de Pujol Ferrusola, el bufete Martell Abogados, han estado perfilando los escritos hasta última hora. Una de las opciones era presentarlos en nombre de varios miembros de la familia que poseen cuentas bancarias en la Banca Privada de Andorra. No se descarta ampliar los escritos incorporando a otros titulares de las cuentas.

En total, los once movimientos bancarios (ingresos por 3,4 millones de euros), realizados en las Navidades de 2010, destapados por una información del diario El Mundo el pasado 7 de julio, correspondían a Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos (Marta, Mireia, Pere y Oleguer).

Precisamente, la veracidad de los datos llevó a los titulares de las cuentas bancarias a regularizar la situación ante Hacienda inmediatamente después del 7 de julio. Y a esta regularización siguió el comunicado del ex president Pujol, el 27 de julio, en el que confesaba la existencia de fondos en el extranjero, ya regularizados, que atribuía a una herencia dejada por su padre, Florenci, a su esposa Marta y a sus hijos, hace 34 años.

Si bien existe un acuerdo de intercambio de información fiscal entre el Principado de Andorra y España, del 14 de enero de 2010, por tanto anterior a los movimientos bancarios apuntados, la noticia publicada se produjo como resultado de una filtración. Los letrados sostienen que el Acuerdo vigente no supone anular el secreto bancario (decreto legislativo de diciembre de 2008) y la obligación de secreto profesional que consagra el artículo 191 del Código Penal vigente en Andorra.

La denuncia sobre violación del secreto bancario y la oposición a la entrega de datos a España se vinculan del siguiente modo: la petición del juez Ruz, a través de la comisión rogatoria, se produce como consecuencia del conocimiento de la noticia periodística.

Los letrados consideran, pues, que la solicitud de auxilio judicial está viciada en origen, por el carácter presuntamente delictivo de la obtención de los datos (violación del secreto bancario y el secreto en el ámbito profesional al que se ven obligados directivos, gestores y empleados de entidades bancarias).

Este recurso supone que Jordi Pujol Ferrusola será considerado parte del procedimiento de la comisión rogatoria, esto es, será escuchado antes de adoptarse la decisión judicial sobre el envio del contenido de las cuentas bancarias de los miembros de la familia que solicita el juez español que está investigando en diferentes países operaciones presuntamente ilícitas.

Los letrados no han presentado querella contra la persona que presuntamente ha entregado los datos bancarios a la Policía judicial española. Fuentes jurídicas señalan que carecen de información precisa acerca de si ha sido, como se presume, un empleado de la Banca Privada de Andorra el que pudo quedarse con los datos de la familia Pujol y entregarlos a las autoridades policiales españolas a cambio de dinero.

La oposición a la entrega de datos menciona en passant, de manera accesoria, que la difusión de los datos sobre cuentas bancarias de los Pujol forma parte, o no es ajena, a un intento de desactivar o debilitar el proceso soberanista en Cataluña.

Fuentes jurídicas señalan que si se hubiese contado con algún material probatorio sobre este tema se hubiera desarrollado ampliamente, habida cuenta de que razones políticas demostradas constituyen un motivo, por sí mismo, para bloquear la entrega de datos.