Interior reducirá al mínimo las escoltas ante el fin de ETA

El Ministerio del Interior retirará en breve los guardaespaldas a muchos de los altos cargos del anterior Gobierno socialista, así como a otras personalidades y periodistas que aún mantienen la protección. Tras constatar que ETA ha dejado de ser un peligro, la Secretaría de Estado de Seguridad completará un programa de supresión de guardaespaldas que permitirá recuperar a 200 agentes y a una treintena de vehículos, que serán dedicados a labores de seguridad ciudadana.

A la llegada de Mariano Rajoy al poder, en diciembre de 2011, más de 1.600 cargos públicos disfrutaban de escolta policial a cargos de erario público. En otros países europeos, las autoridades protegidas no superan la treintena.

En marzo de 2012, pocos meses después de iniciarse la legislatura, la Secretaría de Estado de Seguridad constató la “ostensible disminución de la amenaza de ETA” y dictó la instrucción 3/2012, encaminada a suprimir los servicios de escolta para derivarlos a otras labores, sobre todo de seguridad ciudadana.

La instrucción ordenaba determinar con carácter restrictivo el listado de personalidades que merecen contar con guardaespaldas, objetivar el nivel de riesgo, fijar unos criterios para retirar los escoltas a los cargos políticos que han dejado de serlo y eliminar esta protección durante el tiempo de vacaciones o estancias en el extranjero.

En una primera fase, Interior retiró los 424 guardaespaldas privados con que contaban políticos del País Vasco y Navarra, lo que supuso un ahorro de 3,8 millones de euros al Estado, además de rescatar a 427 policías y guardias civiles que vigilaban permanentemente los domicilios de estas personas.

En junio de 2012, Interior suprimió las “protecciones dinámicas”, es decir, los agentes que acompañaban a los cargos públicos en todos sus desplazamientos a un buen número de personalidades. Con esa medida, 646 policías y guardias civiles quedaron liberados para otras tareas.

El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el “cese definitivo de su actividad armada” a través de los diarios Gara y Berria. Aunque la banda no ha entregado sus armas y se resiste a disolverse, el Gobierno está hoy plenamente convencido de que los etarras no volverán a cometer atentados. Por eso, ahora va a “retirar un número considerable de dispositivos de protección de personalidades” y culminar así su plan de reducción de escoltas, según fuentes de Interior.

Todavía hay muchos altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que mantienen su seguridad a cargo del erario público, pese a cesaron en sus funciones en diciembre de 2011. También hay diputados y algunos periodistas que cuentan con escolta, así como un número no especificado de personas a las que “excepcionalmente” se les asignó protección porque estaban atemorizadas y no creían que ETA hubiera dejado de matar para siempre, según fuentes policiales.

Los especialistas dependientes del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, han realizado en los últimos meses una evaluación individualizada de los peligros que afronta cada una de las personas que disponen hoy de acompañamiento policial. El diagnóstico es que en la mayoría de los casos el nivel de riesgo es “bajo o muy bajo”. Pese a eso, ha habido más de un caso en que la persona escoltada se negaba a quedarse sin protección, lo que ha ocasionado enfrentamientos con los responsables del Ministerio del Interior.

A partir de septiembre, tendrán guardaespaldas el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, los ministros, los presidentes del Congreso y del Senado, los presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, los responsables de altos órganos judiciales, delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, así como los secretarios de Estado de Seguridad y Defensa. Cuando se cesa en algunos de estos cargos, el titular mantiene la protección durante uno o dos años, dependiendo del análisis de riesgo que determinen los especialistas.

Las fuentes informantes recalcan que la protección de los Reyes y los miembros de la familia real es competencia exclusiva del departamento de seguridad de la Casa del Rey, no del Ministerio del Interior.

Como resultado de la aplicación de las nuevas directrices, unos 200 agentes van a dejar estas tareas el próximo septiembre, lo que permitirá además emplear una treintena de vehículos camuflados en otras misiones policiales.

“Hay muchas personas que se han sentido liberadas cuando se les ha quitado el servicio de escolta, sobre todo los cargos públicos del País Vasco que llevaban muchos años con ella”, explica un alto cargo policial,

Es la misma sensación que expresó públicamente hace dos años el periodista Luis del Olmo, cuando entrevistaba al ministro del Interior, Jorge Fernández. Entonces le dijo: “Usted sabe que ETA ha intentado asesinarme en siete ocasiones. Si no lo ha conseguido ha sido porque los escoltas que ustedes pusieron a mi cuidado desbarataron sus planes. Llevo 30 años con escolta. Pero como creo que a ETA ya no le interesa matar a nadie en este momento, le pido con todo respeto que me retire la escolta”. En esa misma entrevista, el ministro avanzó que la eliminación de servicios de guardaespaldas iba a suponer un ahorro de 16 millones de euros.

El plan de Interior, no obstante, ha supuesto algunos encontronazos. “Hay otras personas que se resisten a perder algo que ellas mismas, admiten que actualmente solo les sirve como un elemento de distinción. Y, claro, eso no tiene el menor sentido”, añade el mismo mando policial.

Además del ahorro de personal, la reducción de escoltas policiales supone un fuerte ahorro económico para las arcas del Estado, que Interior no ha cuantificado a EL PAÍS. No obstante, es evidente que suponen cientos de miles de euros los gastos en desplazamiento, comidas y alojamiento hotelero que conlleva el trabajo del ejército de escoltas que deben acompañar día y noche a sus protegidos.