El servicio público sufre la crisis

Los servicios públicos en España sufren la crisis. El Gobierno de Mariano Rajoy ideó en diciembre de 2011 un plan para combatir el déficit de todas las administraciones basado en lo que denominó racionalización del gasto público. El déficit provocaba unas necesidades inmensas de endeudamiento, y la deuda ponía a España al borde del rescate financiero. Esa espiral diabólica llevó al Ejecutivo a aprobar duros recortes sociales para poder contener el peligroso déficit.

Desde entonces, los principales servicios públicos (Educación, Sanidad, Dependencia) han visto reducidas sus plantillas; los funcionarios que prestaban estos servicios y otros han sufrido la rebaja de sus salarios y el aumento de la jornada laboral. El Gobierno anunció en sus dos primeros consejos de ministros la congelación del sueldo de los funcionarios, el aumento de la jornada laboral —lo que indirectamente provocó el despido de interinos—, la paralización del calendario de aplicación de la Ley de Dependencia, la eliminación de 9.000 millones de euros en el presupuesto de los ministerios y la supresión de las ayudas a los jóvenes para el alquiler de vivienda.

Con la reducción del gasto no alcanzaba para combatir el déficit y sólo tres meses después de llegar al Gobierno, el presidente Rajoy anunció la subida del IRPF en todos los tramos y la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles a las propiedades de más valor.

Sólo dos meses después, abril de 2012, llegaría la tijera al servicio sanitario con la aprobación de un sistema de copago farmacéutico que encarecía las medicinas para todos los ciudadanos, pensionistas incluidos, que por primera vez pagarían. Los inmigrantes indocumentados se quedarían sin la tarjeta sanitaria que les daba derecho a una prestación gratuita en los servicios públicos.

En Educación, los recortes se iniciaron cuando el Gobierno anunció la posibilidad de aumentar la ratio de alumnos por aula, lo que aprovecharon muchas comunidades autónomas para reducir el número de profesores y dejar en la calle a miles de interinos. Se aprobó también la posibilidad de aumentar las tasas universitarias y el Ministerio de Justicia inició la tramitación de la ley para aumentar las tasas judiciales.

Rajoy también subió impuestos por el desajuste en las cuentas

En junio de 2012, el Ministerio de Sanidad anunció una lista de 417 medicamentos que dejaban de estar subvencionados con los presupuestos públicos a partir de septiembre. En julio, las medidas parecían todavía insuficientes y el Gobierno aprobó suprimir la paga extra de navidad que cobraban todos los funcionarios, aumentar el IVA, con lo que se ponía en riesgo el consumo al encarecer los productos, y eliminó la desgravación fiscal por la compra de una vivienda, una medida que había aprobado en el primer Consejo de Ministros del mandato de Mariano Rajoy.

Todo para intentar que los ingresos del Estado aumentasen y, junto a la rebaja en los gastos de los servicios públicos, reducir el déficit. A estas medidas se sumó la aprobación de la reforma laboral, que abarataba el coste del despido para las empresas y facilitaba la presentación de Expedientes de Regulación de Empleo. El Gobierno sufrió dos huelgas generales y múltiples huelgas sectoriales con manifestaciones en la calle de todos los colectivos perjudicados por las distintas medidas de recorte social: médicos, profesores, funcionarios o jueces marcharon contra los ajustes aprobados en distintos consejos de ministros.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy soportó todas las protestas y la inquietud de los gobiernos autónomos del PP, preocupados ante los efectos electorales de unas medidas tan duras y tan contrarias al programa con el que los populares ganaron las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.

Las primeras medidas de alivio serán en 2015, año electoral

En la recta final del mandato, Rajoy ha anunciado algunas medidas de alivio económico para el bolsillo ciudadano que se empezarán a aplicar el 1 de enero de 2015, año electoral con dos citas clave: las elecciones autonómicas (en la mayoría de las comunidades) y municipales, previstas para mayo, y las elecciones generales, que se deberían celebrar en noviembre del próximo año.