Castilla-La Mancha aprueba la reducción de diputados en sus Cortes
El número de parlamentarios pasará de 49 a 33 El PSOE presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley electoral

La presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, Dolores de Cospedal, consumó ayer la reducción de diputados en el parlamento regional. Y el PSOE recurrió ayer mismo ante el Tribunal Constitucional la reforma del Estatuto que lo permite al entender que es un “pucherazo” realizado solo para favorecer los intereses electorales del PP en esa comunidad.
La ley electoral fue aprobada ayer en el Parlamento regional y reduce de 53 a 33 el número de diputados, con el pretexto de la austeridad, y deja para el decreto de convocatoria electoral la distribución concreta de los escaños en cada una de las provincias.
Hasta 2012 Castilla-La Mancha tenía 49 diputados autonómicos. La propia Cospedal lo elevó a 53, para reducirlo ahora a 33. Para lograrlo, la número dos del PP reformó el Estatuto de autonomía. Esa reforma es la primera que se realiza en España desde 1978 con los votos de un solo partido; en este caso, del PP. La reforma estatutaria fue recurrida ayer por el PSOE porque, según el líder regional de los socialistas, Emiliano García-Page, establece un sistema que solo favorece a los intereses del PP y elimina totalmente el pluralismo.
Según los socialistas, se contravienen hasta cinco artículos de la Constitución. El recurso pide la suspensión cautelar de la norma, aunque no esté contemplado para este tipo de iniciativas. Los socialistas, en todo caso, buscan una decisión urgente del Constitucional para que la reforma electoral no se aplique en las autonómicas de mayo de 2015.
El recurso explica que la reducción de escaños limita el pluralismo porque hace casi imposible que entre en el Parlamento regional una tercera fuerza política. En este momento, tras los resultados de 2011, solo hay dos (PP y PSOE), pero las extrapolaciones de comicios como los europeos apuntan a una ruptura de ese bipartidismo que no tendría traslación en escaños.
Según las simulaciones que incluye el PSOE en su recurso, en algunas provincias se necesitaría un 18% de los votos para poder lograr escaño. Esta situación beneficia al PP, porque la tercera fuerza, si la hubiera, podría pactar con el PSOE. Según explica el texto, la reforma modifica de hecho el sistema proporcional para convertirlo en mayoritario; es decir, gobierna automáticamente con mayoría absoluta quien logre un escaño más. Y, según García-Page “un 25% de los votos se pueden quedar en la basura, sin ser computados”.
Cospedal explicó en Radio Nacional que su ley establece por primera vez un criterio objetivo de distribución de escaños según las variaciones de población. Por el contrario, añadió que en 2011 todas las provincias tenían un número par de escaños, salvo Ciudad Real, teóricamente más favorable al PSOE, de tal forma que quien sacaba un escaño más en esta circunscripción gobernaba. A pesar de eso, ella ganó y gobierna.
Pedro Sánchez, secretario general electo del PSOE, ha entrado en la polémica para asegurar que es “el mayor intento de pucherazo de la democracia”.
El líder socialista rechaza así la reforma de la ley electoral solo con los votos de un partido y sin consenso. De esta forma, rechaza de forma implícita que el PP pueda cambiar en solitario la ley electoral para modificar el sistema de elección de los alcaldes, tal y como pretende Mariano Rajoy. “Es un auténtico atropello constitucional, porque está hecha única y exclusivamente para blindar el poder de Cospedal”, aseguró Sánchez.
En apoyo de esta tesis del PSOE, se pronunció el presidente de Murcia, Alberto Garre, quien descartó impulsar en su comunidad sin el consenso con los demás partidos políticos una reducción del número de diputados regionales similar a la de Castilla-La Mancha. Garre aseguró que, si se plantea en algún momento, será “desde el diálogo previo para conseguir el consenso necesario”.
La propia Cospedal comparó en 2007 al entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Barreda, con el venezolano Hugo Chávez, «quien maneja la ley electoral a su antojo y en beneficio propio, en detrimento de la democracia”.
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