La justicia cuestiona las multas por saltarse un semáforo basadas en fotos

Vigilantes. Captan cada movimiento en la madrileña calle de Francisco de Silvela, a la altura del número 62. A casi 30 metros de la esquina con la vía de México. Allí, quietas, inmóviles las dos. Atentas cuando, en la tarde del jueves, asoma la señal verde y pasan más de medio centenar de vehículos en un minuto. Expectantes ambas cada vez que el ámbar se torna en rojo. Es su momento. El de las cámaras foto-rojo. Un sistema que fotografía a los conductores que se saltan un semáforo y que enfrenta actualmente a automovilistas y ayuntamientos, después de que diversas sentencias judiciales anulasen varias sanciones. Entre otros motivos, escribía este año el titular del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Madrid, porque este instrumento carece de "la suficiente garantía de veracidad".

En esa idea se basa la Asociación Europea de Automovilistas (AEA) para, precisamente, arremeter contra estas cámaras —cuya presencia se anuncia, en el caso de la capital, con señales de tráfico colocadas cien metros antes—. Ninguna norma las regula. "Existe una situación de alegalidad. Este sistema debería someterse a un control metrológico. Y no es así. Porque, además, en estos casos, las multas se ponen sin que el policía observe directamente la infracción, sino que mira una imagen", señala Mario Arnaldo, presidente del colectivo, que recuerda cómo estas sanciones ascienden a 200 euros y suponen la retirada de cuatro puntos del carné.

A esta contrariedad se enfrentan cada día decenas de conductores. El sistema se ha extendido en el último lustro por toda España. Los aparatos se han multiplicado. Los ayuntamientos los han instalado progresivamente en sus calles y utilizan las instantáneas como prueba para sancionar —al conductor solo le queda, si no está de acuerdo, recurrir—. De las diez grandes ciudades del país, la mitad ya fotografía sus cruces. Madrid ha puesto 26 cámaras y Barcelona suma “una veintena” que rota por los 48 puntos habilitados para colocarlas. También optaron por este control Sevilla (6), Valencia (1) y Bilbao (6). "Hemos contactado varias veces con el Centro Español de Metrología [encargado de reglamentar dispositivos de tráfico como los radares] y siempre nos ha indicado que las cámaras utilizadas no están sujetas a homologación", subraya el Consistorio vasco.

La mitad de las diez grandes ciudades del país ya han instalado las cámaras, con Barcelona y Madrid a la cabeza

Una tesis que defiende Industria. El ministerio resalta que la legislación actual no obliga a regularlas: "No existe una reglamentación específica que lo exija". Pero los consistorios, como el de San Sebastián —con dos foto-rojo—, reconocen que existe "un limbo raro". Resoluciones judiciales a favor y en contra. De hecho, este ha decidido suspender temporalmente la tramitación de las sanciones, tras recibir también una sentencia que subraya la falta de homologación de las cámaras. "Aunque reconoce que existe controversia jurídica al respecto", matiza la administración municipal, que encargó entonces un informe jurídico a sus técnicos.

El documento resultante, exponen fuentes de la concejalía de Movilidad, ratificó la legalidad de los dispositivos, pero el Consistorio decidió paralizar la imposición de las multas. "Estamos estudiando si pedir una unificación de sentencias, aunque tememos que pudiese resultar desfavorable y perjudicaríamos entonces a todos los ayuntamientos", señalan en el área donostiarra, donde recalcan que ya contemplan la posibilidad de colocar foto-rojo con radares incorporados —ya que estos últimos, sí se encuentran certificados por Metrología, por lo que contarían con una baza adicional de cara a posibles enfrentamientos judiciales—.

Aunque, paralelamente, la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) ha empezado a confeccionar dos proyectos de normas técnicas que fijen específicamente una serie de estándares para este sistema de control. "Son siempre de aplicación voluntaria", detalla esta entidad privada y sin ánimo de lucro, un referente en España en materia de regulación de Tráfico. Una iniciativa que se adopta para clarificar esta controversia. Porque, como señalaba el juez de lo Contencioso-administrativo de Madrid en su dictamen, "no existe constancia de que las imágenes no hayan sido captadas y manipuladas por funcionario policial alguno".

Los ayuntamientos ponen estos aparatos porque saben que son muy rentables

Mario Arnaldo, presidente de AEA

Pese a ello, los Gobiernos locales califican de "necesarios" los foto-rojo. Defienden su instalación por la drástica caída de las infracciones y los accidentes una vez que se instalan. En Bilbao señalan que la siniestralidad bajó un 32% en los puntos donde se colocaron los aparatos puestos en el último trimestre de 2009. "En uno de los cruces, redujimos de 3.000 faltas el primer año a 1.500 el segundo", continúan en San Sebastián. "Se hace para evitar una conducta de riesgo. No respetar los semáforos rojos fue la cuarta causa directa de accidente en 2013", remachan en Barcelona.

Y en Pamplona también se apunta en la misma dirección. El Consistorio acaba de instalar una cámara el pasado 16 de junio —se ha sumado a la lista de ciudades, como Cartagena, Palencia o Vitoria, por ejemplo— y explica cómo se ha reducido inmediatamente el número de conductores que se saltan ese semáforo. "Antes de anunciar su instalación registrábamos una media de 40 infracciones al día. En el momento en el que comunicamos públicamente su puesta en marcha y lo señalizamos, estas bajaron a unas 25. Y, ahora mismo, oscila entre 10 y 15 cada jornada", remata la concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento navarro.

Ese argumento no lo compra la AEA. "Ponen estos aparatos porque son de rápida amortización. Porque son muy rentables desde el punto de vista económico, no porque garantice la seguridad", reprocha Mario Arnaldo, que apostilla: "Aquí, lo único que importa es que alguien pague la multa".

A pesar de ello, las sentencias que anulan las sanciones resultan aisladas. Cada vez que un juez falla a su favor, la asociación de automovilistas celebra el dictamen y se reafirma en su tesis. Mientras que, por su parte, los Ayuntamientos trabajan para que estos fallos no se reproduzcan. "Los inconvenientes que surgen siempre se encuentran relacionados con la falta de prueba, porque no quedaba la infracción suficientemente demostrada. Si las fotos son claras y están bien datadas con la hora, no hay problema", concluyen en Pamplona. "Siempre aportamos una serie de imágenes que muestran claramente la falta. Las dudosas no las tramitamos", sentencia San Sebastián.