El Tribunal Supremo insta a reducir el número de aforados

Una sentencia del alto tribunal habla de una “necesaria” reforma legislativa

Una reciente sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha metido de lleno en el debate sobre el elevado número de aforados existente en España. La resolución habla de una “necesaria reducción de aforamientos” en el ordenamiento jurídico, apunta a la “naturaleza privilegiada de todos los aforamientos”, y añade que esta cuestión “solo puede resolverse desde la necesaria reforma legislativa residenciada en el [poder] legislativo”.

La sentencia, dictada el pasado 3 de junio y de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez tiene por objeto una cuestión de competencia: si unos agentes de la Guardia Civil juzgados por delito doloso —estando de servicio, habían simulado un accidente y colisionaron con otro vehículo para autolesionarse y conseguir la baja en el servicio— debían haber sido procesados por la Audiencia Provincial o por un juzgado de lo Penal.

El alto tribunal, tras criticar el excesivo número de aforados, señala, sin embargo, que los jueces están obligados a aplicar la ley hasta que esta se reforme. Y, dicta, por tanto, que a estos guardias civiles debe juzgarlos la Audiencia Provincial como aforados. La sentencia argumenta que los hechos se cometieron “cuando los agentes se hallaban en el ejercicio de sus funciones, de uniforme y patrullando en un vehículo oficial”; es decir, cuando “formalmente estaban desempeñando sus funciones oficiales”.

La resolución añade que el aforamiento “tiene un carácter de privilegio” y no debe ser objeto de una interpretación extensiva, pero que tampoco puede interpretarse de forma tan restrictiva que vacíe de contenido la propia ley. Junto a Giménez firman la sentencia los magistrados Julián Sánchez-Melgar, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Andrés Palomo.

El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se pronunció el pasado miércoles en el mismo sentido. Declaró en una rueda de prensa que el número de aforados en España es “excesivo” y que, al menos en lo que se refiere a jueces y fiscales, deberían buscarse “medidas alternativas de protección”.

En España no solo caen bajo el paraguas del aforamiento las figuras más conocidas: jueces y fiscales, ministros, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y de Cuentas, consejeros de Estado, el Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos, miembros de los Gobiernos y Parlamentos autónomos y defensores del pueblo autonómicos. También lo hacen los guardias civiles y los policías nacionales, autonómicos y locales. En total, hay más de 200.000 aforados a tribunales especiales.

El aforamiento no existe en los países de nuestro entorno. El proceso contra el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi por inducción a la prostitución de menores, por ejemplo, se siguió en un tribunal ordinario de Milán. Lo mismo ocurre ahora en Francia con la instrucción iniciada contra el expresidente Nicolas Sarkozy.

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