Fabra exige más financiación para que el problema catalán no contagie a Valencia

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, planteó este jueves una disyuntiva al Gobierno de Mariano Rajoy. O se toma en serio el problema de la financiación en la Comunidad Valenciana, o esta plaza fuerte del PP, que gobierna desde 1995, caerá en manos del PSOE y Compromís y podría entrar en la misma deriva independentista que Cataluña. “En este momento surge un panorama inquietante para la estabilidad política de la Comunidad Valenciana. El PSPV (el nombre del PSOE en esta comunidad) y Compromís son proyectos procatalanistas. No es descartable que al problema catalán pueda sumarse en el futuro nuestra comunidad y las Baleares. Entraríamos en una grave crisis política”, explicó en una conferencia en el marco del Campus FAES en Guadarrama (Madrid), con José María Aznar sentado al lado.

Fabra fue presentado por Esperanza Aguirre, que fue incluso más lejos y pidió una revisión completa del Estado autonómico. “Cataluña y el País Vasco tienen ahora más competencias de las que nunca pudieron soñar los nacionalistas. Y no se dan por satisfechos. ¿Hasta qué punto ha merecido la pena un Estado autonómico que tenía como principal objetivo que Cataluña y el País Vasco estuvieran a gusto? Hay que aprovechar este desafío secesionista para revisar el Estado autonómico, las crisis son oportunidades. Hay que hacer una auditoría a fondo del estado autonómico sin miedo”, reivindicó la expresidenta de Madrid y aún presidenta del PP madrileño.

Fabra fue muy claro en su mensaje al Gobierno de Rajoy y en especial al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha decidido retrasar la reforma de la financiación hasta después de las elecciones autonómicas. Fabra y otros presidentes reclaman a Montoro que les dé alguna compensación mientras se reforma esa financiación, que haga algo para aumentar los ingresos de las comunidades. Si no, el riesgo de perder la mayoría absoluta y por tanto casi con seguridad el poder es enorme, trasladan desde el PP valenciano.

“Si la Comunidad Valenciana deja de ser un dique contra la expansión de independentismo esto afectaría a toda España y a Europa”, clamó Fabra. “Hablamos de un territorio, toda la zona del Mediterráneo, con 11 millones de habitantes. Sólo el PP es capaz de garantizar la estabilidad y la unidad de toda España. Por eso digo a los compañeros del PP que a la hora de decidir si hay que prestar importancia a la Comunidad Valenciana lo hagan pensando en la estabilidad y la unidad de España”, lanzó como aviso. Después habló de los problemas financieros de su comunidad y reclamó al Ejecutivo que los resuelva cuanto antes. Fabra insiste en que su autonomía está infrafinanciada porque no se ha tenido en cuenta el aumento de población. El mensaje al Ejecutivo de Rajoy fue evidente: “El Gobierno debe demostrar a los valencianos que ellos son importantes. El Estado de las autonomías es inviable sin un sistema de financiación centrado en las personas. En el actual desequilibrio de la financiación entre territorios la inestabilidad catalana podría prender en la Comunidad Valenciana. Hace falta más voluntad, seamos sensatos, discutamos con altura de miras”

La postura de Fabra contrasta, sin embargo, con la resignación con la que el Partido Popular en Cataluña ha encajado la decisión de Montoro. Alicia Sánchez-Camacho ya impulsó en 2012, meses antes de que se celebrara la multitudinaria manifestación de la Diada, una reforma del sistema de financiación y un modelo de singular para Cataluña, de la misma forma que tiene uno Canarias, para contrarrestar el pacto fiscal que reivindicaba entonces Artur Mas.

El plan fue aprobado por unanimidad en el congreso del PP, que planteaba un reparto más equilibrado de los ingresos, que se respetara la ordinalidad —que las comunidades no perdieran puestos en la lista de riqueza una vez aportado el dinero a la caja común—, que fuera solidario y que se estableciera una cartera de servicios común equiparable a la de la Unión Europea. Dicho de otra forma: que Cataluña pudiera saber en qué se invierte su aportación para no caer después en agravios comparativos respecto a los servicios que ofrecen las comunidades más desfavorecidas y que ahora mismo no presta la Generalitat.

Mas enterró el pacto fiscal tras la Diada de 2012 y el PP centró su estrategia en la financiación, un territorio que históricamente había liderado CiU. Su idea era que el modelo singular actuara de dique de contención frente al independentismo y de hecho Camacho no ha cesado de pedirle a Mas, sin el menor éxito, que lidere la negociación. La realidad es que el PP catalán se ha quedado en tierra de nadie: su propuesta es ninguneada por el Gobierno catalán y tampoco genera simpatías en su propio partido. Los barones ya pusieron el grito en el cielo en octubre cuando Camacho presentó su plan a Rajoy. Y, desde entonces, Montoro ha lanzado sobre el proyecto varios jarros de agua fría: comenzó por avisar de que lo prioritario era salir de la crisis y que la revisión —“ahora no toca”— debía realizarse en el segundo semestre de este año. Ahora lo aplaza sine die. Y en enero, en Barcelona, anunció que no se publicarían las balanzas fiscales.

La realidad es que el PP catalán se ha quedado en tierra de nadie

“No estoy decepcionada. La política es una carrera de fondo. Seguimos defendiendo lo mismo”, afirmó el pasado miércoles Camacho al valorar la decisión del ministro. “No nos hemos quedado sin una carta. Nuestra prioridad es que sea un modelo justo y equilibrado. Prefiero un pacto bien hecho y consensuado que no uno improvisado como el que firmaron ERC y los socialistas”. No hizo el menor reproche al Gobierno y desde las filas del PP solo algún diputado ha lamentado la decisión. La senadora lo niega pero el aplazamiento le obliga a modificar su hoja de ruta. Su junta directiva aprobó el miércoles impulsar un plan para que Mas se avenga a rebajar los impuestos del IRPF en el tramo autonómico, aplicado por el tripartito y mantenido por CiU. Los técnicos del PP están calculando cuánto dinero dejaría de recaudar la Generalitat y creen que podrían compensarlo con los 9.000 millones que estiman que se podrían ahorrar en gastos que creen innecesarios.

La reforma fiscal será la propuesta estrella del PP en el debate de política general en Cataluña que se celebrará tras la Diada y en medio del conflicto por la consulta. No tendrá la menor opción de prosperar para exasperación del PP, que perdió 100.000 votos en las elecciones europeas en Cataluña y que sabe que según las encuestas del Centro de Estudios de Opinión, dependiente de la Generalitat, el 80% de sus votantes apoya la nueva financiación. El portazo de Montoro ha dado nuevos argumentos a los soberanistas. Jordi Turull (CiU) afirmó que el aplazamiento demuestra que la credibilidad del PP respecto al cumplimiento de la ley es “cero” y el republicano Oriol Amorós apuntó: “El Gobierno ha agotado desde hace tiempo nuestra capacidad de sorpresa. Su decisión revela que la tercera vía está muerta y reafirma nuestro proceso”.