Silva se la juega

 Magistrados Jiménez, Gómez-Reino y De la Serna, de la Audiencia de Palma.

El recurso de apelación de la defensa de la infanta Cristina entra, sin prolégomonos, al punto de partida. Les dice a los tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, palabras más, palabras menos, lo siguiente: vosotros habéis pedido al juez Castro que siguiera la investigación contra nuestra clienta sobre posibles delitos fiscales y blanqueo de capitales, y os decimos que las diligencias prácticadas desde vuestra petición, 7 de mayo de 2013, arrojaron cero indicios racionales de criminalidad.

La formación alemana del abogado Jesús María Silva salpica todo el recurso. Ataca lo que describe como la inconcreción/ambigüedad de las conclusiones del juez Castro, la presunta cooperación necesaria en el delito fiscal y cuestiona tanto la dual definición del perímetro del blanqueo en Aizoon (fondos de las Administraciones Públicas/delito fiscal) como la inexistencia de pruebas sobre el conocimiento del presunto origen delictivo de los fondos.

Pero lo que se puede considerar interesante y sugerente es que si bien en su recurso de abril de 2013 sostenía la imposibilidad de llevar a la infanta al banquillo cuando el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado (doctrina Botín) no acusan (no solicitan la apertura de juicio oral), ahora no hay referencia alguna, ni sombra de ella, en el recurso de apelación.

Silva se ha dado el lujo de no invocar este argumento.

Quizá porque sabe que en la Audiencia de Palma hay criterio formado, ya que en su auto de 7 de mayo parecía inclinarse por la doctrina Atutxa (existencia de un interés general). O por la reciente confirmación de la sentencia del Supremo frente el recurso de amparo de Juan María Atutxa, ex presidente del Parlamento Vasco. O porque que se lo reserva para los próximos pasos procesales.

Pero, claro, el plazo de veinte días para presentar escritos de acusación sigue corriendo. Según se considere el sábado día hábil o no, ese plazo vence el 20 o el 23 de julio.

El recurso contra el auto de transformación no tiene efectos suspensivos en el procedimiento.

Por ello, el fiscal Horrach ha solicitado en su recurso de apelación, dirigido a la Audiencia, la suspensión del plazo de veinte días concedido a las partes para elevar escrito de acusación o sobreseimiento.

Porque si se cumple el plazo y las acusaciones populares piden apertura de juicio oral contra la infanta Cristina, que sigue imputada en el auto de transformación, el juez Castro, de acuerdo con los criterios expresados en dicho auto, tendrá que abrir juicio oral.

Esto es lo que pasó en su día con Emilio Botín en la Audiencia Nacional, en el caso de las cesiones de crédito. Solo que ahora tenemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre los casos Botín y Atutxa.

Por tanto, el meridiano del caso de la infanta pasa ahora por la decisión que adopte la Audiencia de Palma ante la petición de suspensión del plazo para presentar escritos de acusación.

Jesús María Silva juega la partida con gran seguridad. Podía haber planteado el asunto de la doctrina Botín. Pero no lo ha hecho porque ha preferido ir al corazón y no a un asunto procesal que es controvertido. Ha optado, pues, por cuestionar la existencia de indicios de criminalidad para imputar delitos fiscales y de blanqueo a la infanta Cristina.