Conflicto abierto entre los registradores y Gallardón por el Registro Civil

El cambio de gestión del Registro Civil, que ahora está en manos de jueces y va a ser delegado en un centenar de registradores mercantiles, ha provocado un enfrentamiento abierto entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón. El decano del Colegio, Gonzalo Aguilera, ha convocado hoy una rueda de prensa para acusar al Gobierno de idear una fórmula que, en su opinión, derivará en un mal funcionamiento del servicio público y que, al repercutir todos los costes en los registradores mercantiles, acabará repercutiéndolos, a través de ellos, en los usuarios de los registros mercantiles.

Aguilera ha arremetido contra Justicia por intentar provocar un "cisma en el seno del Colegio", entre los registradores de la propiedad (que son la inmensa mayoría y rechazan asumir el Registro Civil) y los mercantiles (una minoría con la que el ministerio ha hablado de forma individual y en los que finalmente ha decidido delegar el servicio). "Este es un único cuerpo, el de registradores de la propiedad y mercantiles, y el Colegio es el único órgano autorizado para expresar la opinión de todos ellos. Esa opinión es que no queremos asumir la gestión del Registro Civil. Somos funcionarios públicos, cumpliremos lo que el Gobierno decida. Pero, si nos preguntan, no queremos asumir el Registro Civil", ha aseverado el decano.

Aguilera va a pedir de inmediato una reunión con el ministerio. En ella insistirá en que el Colegio no quiere gestionar el Registro Civil, pero a la vez pedirá participar en el diseño del proyecto. Y subrayará en que, a su juicio, si el "modelo de gestión" del Registro Civil va a cambiar, no pueden cambiar solo los gestores sino también el modelo de financiación, estableciendo el pago de aranceles por ciertos trámites. Esa propuesta no tiene muchos visos de prosperar, porque es lo que el Colegio de Registradores defendió durante meses y finalmente provocó el pasado marzo la ruptura de negociaciones con el ministerio, que había decidido mantener la gratuidad. Tras esa ruptura, Justicia renunció a delegar el servicio en los 1.000 registradores de la propiedad y negoció individualmente con los 120 mercantiles. El Registro Civil, en el que los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y otros muchos actos de su vida civil, mueve cada año 3,3 millones de trámites, entre inscripciones, certificados y copias.

Financiación a costa de los registros

El decano ha deslizado sus dudas de que un servicio que ahora se gestiona por jueces en más de 400 juzgados y 8.000 juzgados de paz vaya a poder ser asumido por un centenar de registradores mercantiles, a título individual, sin la participación del Colegio. Ha dicho, además, que no solo los registradores de la propiedad se resistían a asumir ese nuevo servicio sino también "la inmensa mayoría de los registradores mercantiles", y ha apuntado a que son "los registradores que trabajan o colaboran con el ministerio" los que han impulsado la medida. El director general de Registros del ministerio es registrador.

Por otro lado, Aguilera ha señalado que la obligación que se impone a los registros de financiar todo el coste de funcionamiento del nuevo Registro Civil supone que el dinero que ingresan con aranceles los registros mercantiles acabará financiando otro servicio, el civil, y que eso podría vulnerar la normativa europea. Sería además, en su opinión, un agravio para los usuarios de los registros mercantiles, que verían que los aranceles que ellos pagan se usan indirectamente para mantener el Registro Civil. "¿Qué pensará un autónomo cuando vea que lo que él paga para registrar un acto de su empresa va a financiar la inscripción del divorcio de otro ciudadano?", ha planteado.

El subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, ha respondido a Aguilera que "por supuesto" se reunirá con él en cuanto lo pida, pero ha insistido en que la decisión de delegar la gestión del Registro Civil en los registradores mercantiles está tomada, y la de mantener la gratuidad también. Según Bravo, no es cierto que la inmensa mayoría de los registradores mercantiles estén en contra de esa decisión. "Hemos hablado con ellos y entienden que son funcionarios públicos y que tienen que asumir ese nuevo cometido", ha dicho. Bravo ha negado también que se vulnere normativa europea. Y ha apostillado que, si se aplicara la doctrina de que el usuario del registro mercantil solo debe pagar lo que cuesta su trámite particular, "a lo mejor habría que acabar revisando los aranceles" en su totalidad, lo que revertiría en un menor beneficio para el registrador. El cambio de gestión del Registro Civil no será una realidad hasta dentro de uno o dos años.