El juez pide el procesamiento de la infanta Cristina

El juez José Castro sostiene que la infanta Cristina de Borbón ha de ser juzgada porque defraudó a Hacienda y blanqueó dinero obtenido de manera ilícita por su marido, Iñaki Urdangarin. El magistrado del caso Nóos sostiene en el auto de conclusión de la instrucción, que hizo público este miércoles -paso previo a la apertura de juicio oral-, que la hermana de Felipe VI se lucró con los negocios ilegales de su marido.

Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, igualmente imputados en la causa, malversaron los seis millones de euros que consiguieron a través del Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que logró cinco contratos a dedo de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos del PP. Parte de ese dinero fue desviado a empresas privadas propiedad de Urdangarin y Torres. Entre ellas, una de las más beneficiadas fue Aizoon, cuya propiedad compartía Urdangarin con Cristina de Borbón a partes iguales.

Castro considera en su auto, de 167 páginas, que existen “sobrados indicios de que doña Cristina ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en Aizóon”, una empresa pantalla que “no era una sencilla y entrañable sociedad familiar”. La suma de los delitos que se le atribuyen a la Infanta están penados con entre 18 meses y 16 años de cárcel.

El instructor asegura que se creó “un patrimonio familiar a repartir” para evitar la tributación a la Hacienda Pública de los cuantiosos cobros de Urdangarin o disminuirla. Para perpetrar este fraude se produjeron cruces de facturas ficticias a través de una telaraña de sociedades con ramificaciones en paraísos fiscales, según el juez.

El uso anómalo de Aizoon como empresa que facturaba los servicios de Urdangarin permitió eludir el pago de 182.005 euros de impuestos en 2007 y de otros 155.138 euros al año siguiente. Ahí radica la base de la acusación por dos delitos fiscales contra el duque de Palma, que comparten el juez, el fiscal y la Agencia Tributaria. Pero solo el instructor ve también responsable de ese fraude tributario a Cristina de Borbón, socia de Aizoon, que se beneficiaba de sus fondos para gastos particulares. El juez defiende que la Infanta sabía que su marido estaba defraudando y que así lo toleró.

Cristina de Borbón declaró en el juzgado el pasado 8 de febrero que se sentía “ajena a la actividad y gestiones de Aizoon”, pero el juez recuerda que la pareja se alternaba en la presidencia de la firma. Ambos contrataron personal para Aizoon aun a sabiendas que estos supuestos empleados nunca prestarían servicios a la sociedad, sino a su domicilio particular.

La hermana del Rey usó dinero negro y de raíz ilícita, según el auto de imputación. Blanqueó fondos de Aizoon que escapaban del control fiscal para fines personales ajenos al funcionamiento de la empresa.

La Infanta se habría beneficiado del trasvase de fondos de negocios merced a un abuso de su posición. En el auto, donde se mantiene la causa contra otras 15 personas, entre ellas Urdangarin y 10 ex altos cargos públicos, el juez aporta numerosos detalles de facturas para explicar cómo pagaba Aizoon gastos familiares que nada tenían que ver con las actividades de la empresa, desde la tarjeta Visa de la Infanta hasta su servicio doméstico.

El juez procesa a la infanta Cristina

El fiscal Pedro Horrach, que rechaza la imputación de doña Cristina, recurrirá el auto del juez Castro ante la Audiencia de Palma de Mallorca. Un tribunal decidirá, probablemente no antes de septiembre, si la Infanta se sienta finalmente en el banquillo o se archiva la actuación judicial contra ella. Tres magistrados han de resolver sobre los anunciados recursos de las defensas y de la fiscalía, que rechazan toda responsabilidad criminal de Cristina de Borbón.

Respeto a la justicia

La Casa del Rey mostró su “pleno respeto a la independencia del Poder Judicial”. Miquel Roca, abogado de la Infanta, consideró que “no hay ninguna prueba y, por tanto, no hay base” para la imputación.

La Audiencia de Palma ya vetó una primera imputación que intentó el juez Castro hace más de un año y rechazó que la hermana del Rey tuviese responsabilidad en todo el esquema delictivo del caso Nóos. Pero aquella resolución judicial marcó la hoja de ruta que ha seguido el magistrado para investigar el supuesto blanqueo de dinero ligado a los aparentes fraudes fiscales.

Urdangarin será juzgado,  porque tanto el juez como el fiscal sostienen la acusación en su contra. Afronta un total de ocho delitos por corrupción, penados con entre ocho y 34 años: prevaricación, estafa, malversación de caudales, fraude a la Administración, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y delito fiscal.

La primera piedra de este escándalo la puso el expresidente balear y exministro Jaume Matas, del PP, al adjudicar a dedo un contrato de 1,2 millones para que Urdangarin organizase un evento. El juez imputa a Matas cuatro delitos: malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración.

De los 32 encausados en este sumario, con más de 300 interrogados, el juez Castro ha reducido el número de imputados a la mitad. Han sido exonerados, entre otros, el secretario de la Infanta, Carlos García Revenga, extesorero de Nóos, y otros testaferros, comisionistas o representantes en los negocios de Urdangarin.