El presidente del Tribunal de Cuentas explicará los contratos de familiares

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, dará explicaciones sobre la política de contrataciones de ese organismo, donde los lazos de parentesco alcanzan a casi un centenar de trabajadores, tal como publicó EL PAÍS en su edición de este martes. Así se lo exigió el PSOE, que registró una petición de comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Esa es también la previsión del PP, que confía en que ofrecerá “las aclaraciones necesarias”, y la disposición del propio responsable del órgano fiscalizador, quien aseguró en una entrevista concedida a Europa Press que no tiene “ningún problema” en comparecer en la comisión mixta del Congreso y el Senado que regula las relaciones con esa institución.

Al margen de la fórmula utilizada —que se podría formalizar a través de una carta remitida a esa comisión— las principales formaciones reclamaron, con matices en el tono empleado, que Álvarez de Miranda explique los criterios y procedimientos utilizados para el ingreso del personal. El propio Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, apremió al presidente del Tribunal de Cuentas a “dar la información, las explicaciones y aclaraciones que sean necesarias” y se mostró convencido de que “saldrá de él dar las aclaraciones y las informaciones que tenga que dar”. Ante ese escenario, una previsión extendida en las filas del PP era anoche la de una comparecencia a petición propia.

Desde el PSOE, la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, consideró “alarmantes y preocupantes” los datos sobre los lazos de parentesco en ese organismo y, sin entrar en el fondo de la cuestión, reclamó aclaraciones ante las Cortes. Sí lo hizo Pedro Sánchez. El aspirante a la Secretaría General del PSOE consideró que el organismo fiscalizador no debería tener “ningún representante de los partidos políticos” y condenó “el enchufismo y la endogamia”. Pero el también diputado madrileño fue más allá al asegurar que, si se convierte en el líder del PSOE, propondrá una ley de partidos políticas en la que se garantice que el Tribunal de Cuentas, el principal órgano que regula y fiscaliza a los partidos, no tenga “ningún representante” de las formaciones políticas, como viene pidiendo desde hace años UPyD.

Esta institución es la encargada de fiscalizar a las cuentas de las formaciones con representación pública y de los organismos públicos. Su plantilla cuenta con poco más de 700 trabajadores, entre ellos alrededor de 100 familiares de altos cargos y exdirigentes de la institución y de sus principales representantes sindicales, sobre todo de UGT. Estas cifras suponen que cerca del 14% de la plantilla tiene vínculos familiares dentro de la institución, y aproximadamente el 10% tienen vinculaciones con altos cargos. Estos datos, según defendió Álvarez de Miranda, no suponen ninguna irregularidad en los procesos de selección del personal del tribunal y aseguró que el sistema de oposición por el que se accede a una plaza es el mismo para toda la función pública y que, por tanto, no hay diferencias entre distintos organismos.

“En ningún caso han existido en estos 30 años procesos de incorporación al Tribunal irregulares”, recalcó. El presidente del Tribunal de Cuentas aseguró que las oposiciones y las pruebas selectivas realizadas durante las últimas tres décadas para trabajar en el tribunal han cumplido “con todos los criterios” exigibles al acceso a la función pública. “En el tribunal no existen diferencias respecto de otro proceso selectivo”, señaló.

En cualquier caso, reconoció que existe una concentración de lazos de parentesco en el organismo que preside desde verano de 2012 y lo atribuyó a que muchos trabajadores se presentan a los procesos de selección por relaciones de proximidad. Es decir, porque unos familiares comunican a otros la convocatoria de unas pruebas o unas oposiciones. Se trata, en su opinión, de una práctica frecuente en toda la Administración del Estado. “No es tan raro”, mantuvo. También defendió que muchos de los altos cargos señalados no tenían la misma responsabilidad ni estaban en el mismo puesto en el momento en el que sus familiares ingresaron en el Tribunal de Cuentas.

En definitiva, Álvarez de Miranda rechazó que existieran amaños en los procesos de selección y argumentó que desde su elección no ha habido ninguna convocatoria. “Es cierto que existen familiares que trabajan en la institución, pero hay que tener en cuenta que, por lo general, se trata de personas que llevan muchos años prestando sus servicios, de manera ejemplar, y que no pueden verse señalados por un vínculo familiar que no tiene nada que ver con un supuesto enchufismo o amiguismo”, enfatizó.

El responsable del órgano fiscalizador no descartó la puesta en marcha de mecanismos que mejoren la transparencia en los criterios de contratación para formar parte de la plantilla de la institución. Para limpiar la imagen del organismo, se mostró dispuesto a dar “todas las explicaciones” que demande la opinión pública. Incluida una comparecencia en la sede de la soberanía nacional.

Por otra parte, Manos Limpias ha decidido judicializar el caso y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la política de contratación del tribunal.