El PP admite presiones al Gobierno para cambiar la ley del aborto

La reforma de la ley del aborto no gusta a nadie, ni siquiera en el PP. Y, a pesar de que los principales dirigentes del partido nunca han criticado abiertamente la reforma presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fuentes de la formación reconocen ahora, después de meses, presiones para que se modifique la norma en aras del “mayor consenso” que han reclamado públicamente destacados barones territoriales como el extremeño José Antonio Monago o el gallego Alberto Núñez Feijóo.

El objetivo de Génova consistía en “invitarle a que se volviera a mirar el anteproyecto” de una ley que previsiblemente se aprobará en Consejo de Ministros en julio, si no se producen sorpresas de última hora. Pese a todo, hay cargos que todavía no están satisfechos y reclaman más cambios, e incluso que el Gobierno aparque definitivamente la reforma.

En cualquier caso, las presiones, internas y externas, forzaron algunas modificaciones relacionadas con el aspecto más duro y polémico de la norma. En el nuevo texto, las anomalías fetales graves, aunque no sean incompatibles con la vida, volverán a ser un motivo admitido por ley para poder abortar, aunque formalmente no se introducirá un supuesto específico para la malformación.

Esa inclusión era la que, dentro del PP, defendió ante la Asamblea de Extremadura el propio Monago. El llamado barón rojo de los populares llevó al Parlamento autónomo el pasado enero, semanas después de la presentación de la ley, un pronunciamiento que reclamaba “la combinación racional de los plazos con la regulación específica de supuestos como las malformaciones, embarazos de menores o violaciones”. A esas exigencias se sumó el rechazo de algunos parlamentarios y cargos territoriales de la formación, que siguió en contacto con el Ejecutivo y, mientras el anteproyecto era objeto de análisis de los órganos consultivos, presionó para que se modificara.

Para muchos, no obstante, el cambio introducido por el Ejecutivo aún no es suficiente. Ayer mismo volvió a pronunciarse la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, que nunca ha ocultado su oposición a la norma y en más de una ocasión ha roto la disciplina de voto del PP sobre el aborto. Villalobos afirmó que espera que la reforma “no llegue nunca al Congreso”. El argumento de los cargos de la formación que rechazan la ley es que la base social de los votantes y simpatizantes del partido —que perdió 2,6 millones de apoyos en las elecciones europeas del 25 de mayo— no piden una reforma más dura de la que estuvo en vigor entre 1985 y 2010.

Mientras tanto, cunde la inquietud en el seno del PP por los próximos trámites parlamentarios para aprobar una medida que, consideran, movilizaría votos de la izquierda. Se acerca un calendario electoral que después del verano comenzará con la cuenta atrás para los comicios autonómicos y municipales y las generales de 2015. Por esta razón, preocupan los tiempos. “O en julio o nunca”, se ha convertido en una de las reflexiones sobre la aprobación por el Consejo de Ministros, para lograr así una tramitación más alejada de las elecciones.

Con todo, la cúpula del PP, el núcleo duro de Génova, 13, elude pronunciarse con claridad sobre la norma. El mantra oficial, reiterado ayer por la secretaria general, María Dolores de Cospedal, no ha cambiado desde que el Ejecutivo aprobara el anteproyecto. Cospedal afirmó que no se pronunciará hasta conocer el texto definitivo de la norma. “Vamos a esperar a que la presente el Gobierno”, se limitó a decir.

Las otras formaciones políticas, sobre todo el PSOE, redoblaron ayer la ofensiva para tratar de frenar el proyecto de Gallardón. El principal partido de la oposición acusó al Ejecutivo de querer aprobar la reforma de tapadillo, aprovechándose del verano y creyendo “que la mayoría de los españoles no se enterará” para “esconder” así el “ataque más brutal conocido en democracia” contra los derechos de las mujeres, informa Efe. Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE, insistió en que desde su punto de vista la “inmensa mayoría de la sociedad” rechaza la reforma de la ley del aborto, incluidas más de 170 organizaciones que han enviado una carta al Gobierno para reclamar su retirada inmediata. “100.000 mujeres no podrían abortar legalmente en España y unas 20.000 mujeres sufrirían secuelas graves derivadas de abortos clandestinos”, denunció ayer.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, también exigió al Gobierno que retire el proyecto de reforma del aborto, y que no se someta a un “sector minoritario, integrista y fundamentalista” de la sociedad.