Un puzle para Torres-Dulce y Marchena

Manuel Marchena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado

La dimisión de Enrique López (Cacabelos, León, 1963) a su plaza en el Tribunal Constitucional el pasado 2 de junio, tras ser sorprendido el día anterior ebrio y sin casco a los mandos de una motocicleta, deja en manos del Gobierno el nombramiento para ocupar la vacante. Una vacante cuyo mandato tiene una duración de nueve años, de los cuales solo se ha cumplido uno. Quedan, pues, ocho años, hasta 2022.

 Dado que se trata de un nombramiento gubernamental, aquí no se presenta el problema de consensuar con el PSOE y otros partidos políticos.

 Sin embargo, el Gobierno sopesa detenidamente el nombre del sustituto.

 Aunque podría echar mano de aquellos candidatos que ya se consideraron a la hora de nombrar a Enrique López y a Pedro González Trevijano Sánchez, el 7 de junio de 2013, hace ya más de un año, fuentes jurídicas y gubernamentales señalan que se está pensando en un movimiento más estratégico.

Eduardo Torres-Dulce, (Madrid, 1950), actual fiscal general del Estado, ha sido fiscal en el Tribunal Constitucional durante largos años, tras ser fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado durante la etapa de Juan Cesáreo Ortiz Úrculo. Su mandato de cuatro años de Fiscal General del Estado vence cuando termina, a finales de 2015, la actual legislatura. Y dado que es el primer fiscal general nombrado bajo la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por el Gobierno Zapatero, y las Cortes, en 2007, no puede renovar en el cargo. Son cuatro años y punto.

Por esta razón, la plaza que deja vacante Enrique López es una oportunidad. Fuentes consultadas indican que Torres-Dulce desearía volver al Tribunal Constitucional, esta vez como magistrado. Se trataría, además, de un nombramiento sugerente porque sería un hombre de la carrera fiscal el que entraría al TC. Su pase al TC, por otra parte, le permitiría alargar notablemente su actividad. De acabar prácticamente a finales de 2015, cuando concluye su mandato de Fiscal General, seguiría hasta 2022 en el TC.

Sin embargo, no es el unico apetito personal que la plaza vacante de Enrique López despìerta. El otro es el de Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959). Fiscal de carrera, llegó a Madrid a propuesta del fiscal General del Estado Eligio Hernández, y más tarde, durante el mandato de Jesús Cárdenal, fue nombrado jefe de la secretaría técnica. Luego pasó a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Desde 2007 es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Precisamente, en marzo de 2012, fue nombrado por el Gobierno presidente de la comisión institucional para la elaboración de una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se ha rebautizado como el nuevo Código Procesal Penal, una iniciativa que no parece ser en estos momentos una prioridad para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Pero, ¿qué necesidades más apremiantes tiene el Gobierno del Partido Popular en el ámbito judicial?

Su mayoría en el TC está sellada. 

La presencia de Torres-Dulce en dicho tribunal reforzaría esa mayoría con un hombre procedente de la carrera fiscal con conocimiento de derecho penal, una materia que no brilla precisamente por su presencia en el TC.

Marchena, en ese caso, podría sustituir a Torres-Dulce como Fiscal General del Estado.

Según el Estatuto vigente, si bien el Fiscal General tiene un mandato de cuatro años, no renovable, existe una excepción: cuando el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años sí podría ser renovado por cuatro años.

He aquí, pues, el rompecabezas que deja Enrique López al salir del Tribunal Constitucional.

Ahora el ministro de Justicia y la vicepresenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuya debilidad, profesional, por Manuel Marchena no es secreto, tendrán que sentarse a la mesa para armar el puzle.

 Por tanto, si Torres-Dulce sustituye a Enrique López en el TC ahora mismo y Marchena pasa a ser Fiscal General del Estado, éste completaría el mandato del anterior, al que le queda un periodo inferior a dos años. Por tanto, Marchena podría sí ser, a su vencimiento, renovado por cuatro años.

Esta garantía - de permanecer en el puesto casi 5 años y medio- funcionaría siempre y cuando, claro, volviera a ganar el PP las elecciones generales de finales de 2015. Caso contrario, Marchena regresaría de la Fiscalía General a su puesto de magistrado en la Sala Segunda del TC.

Fuentes jurídicas señalan que si Marchena se hace cargo de la Fiscalía General del Estado ello supondría hacerlo con el programa de dar un impulso al nuevo Código Procesal Penal, vamos, la renovación de la vetusta ley de Enjuiciamiento Criminal.