El juez Castro exculpa al colaborador del CNI que contrató Urdangarin

El juez del caso Nóos José Castro ha levantado hoy la imputación que pesaba sobre el ingeniero Matías Bevilacqua de la empresa CFLabs de Barcelona, que colaboró durante una década (2000-2009) con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este experto en rastreos y encriptación de datos informáticos fue contratado por el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual, para hurgar en los correos de los discos duros de la red del Instituto Nóos, que figuran en el sumario, tras ser intervenidos en 2011. El juez ha archivado la pieza secreta de este episodio al no hallar indicios de actividad penal contra el experto Bevilacqua y otras dos personas más por hacerse con material de la causa.

El agente especial afirma que trabajó en un encargo concreto para la defensa del duque de Palma, que cobró por sus trabajos, en octubre de 2012, 6.900 euros del despacho del abogado del duque Mario Pascual, con una factura a nombre del cliente: Iñaki Urdangarin. En la caja fuerte de su despacho tenía 140.000 euros, dinero B, cuyo origen atribuyó a pagos del CNI. De entrada, el informático solo se vinculó al ministerio de Defensa.

Bevilacqua pidió quedar libre ante la policía, el juez y el fiscal, al reivindicar su condición de agente especial del CNI y, además, exigió el retorno del material que le había sido intervenido por afectar, dijo, a la seguridad estatal e internacional en la lucha anti terrorista. El juez Castro y el fiscal Pedro Horrach intentaron en vano comunicar con la sede del CNI -y con una supuesta agente de enlace del detenido- para verificar la realidad de las afirmaciones del técnico.

Al examinar el material de los discos y registros informáticos de Nóos, Bevilacqua rescató, con sus potentes medios de indagación, otros miles de correos borrados que quedaron en la memoria oculta y que no constan en la causa de Nóos. Al conocerse este dato, durante meses la policía científica y los analistas judiciales bucearon con sus medios en el material hallado en manos del colaborador de los espías del CNI.La mayor parte de las pistas halladas aluden a programas de protección y rastreo de datos.

El instructor del caso Nóos ha sobreseído finalmente la pieza secreta en la que indagaba, desde diciembre de 2012, sobre la existencia de posibles delitos por el manejo de material exclusivo de la causa por personas ajenas y por eventuales interferencias externas en el caso. Un abogado que actúa en la causa, Manuel González Peeters, que defiende al socio de Urdangarin, Diego Torres, sospechó sobre la existencia de una posible injerencia de agentes de inteligencia.

El también pirata informático y conferenciante para jueces y fiscales Matías Bevilacqua está imputado en la causa de la Operación Pitiusa en Barcelona, por venta de secretos, en una red corrupta de agencias de detectives.

El experto y sospechoso ayudó a la defensa de Urdangarin a repasar y ordenar el material informático incautado en la red y discos duros de los que se supone que tiene copia privada el socio de Urdangarin, Diego Torres. La relación de Bevilacqua con el abogado del duque es anterior al goteo público de correos electrónicos particulares y de negocios complejos que ha librado al juez el abogado de Torres.

Bevilacqua aterrizó en el caso Nóos de rebote. Al ser registrado, en octubre de 2012, su despacho a raíz de la Operación Pitiusa, se halló en su poder un lápiz de memoria con miles de documentos de Nóos, que habían sido intervenidos, en noviembre de 2011, en Barcelona, por el fiscal Pedro Horrach y el juez José Castro.

Los primeros registros judiciales en la causa de Nóos afectaron a las empresas y el domicilio de Diego Torres, del asesor Miguel Tejeiro y a la nueva sede de la empresa Aizoon que había sido trasladada fuera del palacete de Pedralbes, del que son propietarios los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.

Esta pieza separada del espía en el llamado caso Urdangarin ha estado –de manera extraordinaria- dos años y medio bajo secreto judicial. Para el juez y el fiscal el episodio no tiene, finalmente, enjundia penal. La decisión la adoptan el juez y el ministerio público tras cotejar los informes de los analistas policiales y los interrogatorios efectuados.

La crisis económica en las Administraciones y la falta de medios impidieron, inicialmente, acceder a los peritos del juzgado al contenido de todos los discos duros de gran capacidad que tenía el informático.

La fiscalía y el juez no indagaron a fondo las las relaciones del imputado Urdangarin y su abogado con el ingeniero para no interferir en el derecho de defensa de Mario Pascual.

La empresa de Bevilacqua ayudó al diseño del centro de ciber seguridad de la Unión Europea para proteger las redes de las Administraciones.