Cuatro vocales del CGPJ presentan alegaciones a la ponencia del aborto

Cuatro de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial han presentado alegaciones a las propuestas de informe al anteproyecto de la ley del aborto redactadas por las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda y que se debatirán y votarán en el pleno extraordinario convocado para el próximo viernes 13 de junio, retrasado casi diez días a petición de los miembros del Consejo. Dos de ellos reclaman al Gobierno que se replantee seguir adelante con la nueva norma.

Los vocales Mercè Pigem y Enrique Lucas firman un escrito en el que piden al Ejecutivo que considere dar marcha atrás porque el aborto es una materia "sensible", el sistema vigente "presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía", y "no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación”. Los dos magistrados sostienen, además, que hay una razón de seguridad jurídica que el Ejecutivo no puede soslayar: “Nos encontramos ante uno de los supuestos límites del derecho, con una implicación significativa en el plano de la conciencia y creencias individuales. Es decir, un ámbito de la regulación que no puede quedar sometido a los vaivenes de los cambios de mayoría parlamentaria. Antes bien, es necesaria una cierta estabilidad, si no en toda la regulación de la materia, sí en los elementos esenciales del sistema”.

El escrito de los dos vocales alerta también de la situación de inseguridad jurídica que derivaría de una declaración de constitucionalidad del modelo de plazos vigente por parte del Tribunal Constitucional, “de tal forma que la adopción de este Anteproyecto sin esperar la respuesta del Tribunal Constitucional podría convertir en delictivas conductas que son consideradas y declaradas como constitucionales por el Alto Tribunal”.

El vocal Fernando Grande-Marlaska alude también a las razones de seguridad jurídica en el escrito que ha registrado. Entiende que dados los derechos, libertades y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados y teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley vigente, “habría que estar a su resolución”. En caso contrario, señala Grande-Marlaska, “al margen de inseguridad jurídica en materia constitucional tan esencial, serían previsibles futuras modificaciones legislativas”.

Por último, la vocal Nuria Díaz discrepa de las propuestas de informe presentadas por las ponentes Carmen Llombart (elegida a propuesta del PP) y Pilar Sepúlveda (a propuesta del PSOE), que coinciden en pedir que el supuesto del aborto eugenésico —en los casos en los que exista una anomalía fetal incompatible con la vida— se desligue de la afectación de la salud psíquica de la mujer. Es decir, que una mujer embarazada de un feto inviable pueda abortar sin tener que acreditar que eso le genera un daño psicológico.

La vocal Pilar Sepúlveda pedía directamente la retirada del anteproyecto y defendía la vigente ley de plazos.

Díaz recuerda en su escrito que, en su reciente informe al proyecto, el Comité de Bioética ha considerado que la despenalización del aborto en la regulación vigente en el supuesto de anomalías del feto “es una norma discriminatoria que atenta contra la Constitución española y contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que perpetúa el enfoque inadmisible de la discapacidad”.

La vocal sostiene que permitir que una mujer aborte por una anomalía fetal incompatible con la vida, “deja [al feto] completamente desprotegido y supone una violación de los compromisos internacionales del Reino de España en materia de protección de la discapacidad”.

Los tres escritos de alegaciones serán debatidos y votados en el pleno extraordinario del próximo viernes 13 junto a las propuestas de informe de las ponentes. El informe definitivo, que no es vinculante, será elevado al Gobierno.