Argentina devuelve a la Audiencia Nacional la memoria histórica

Esperaron a que muriera Franco, a que llegara la democracia... A finales de 2006, presentaron las primeras denuncias en la Audiencia Nacional. En 2008, celebraron la apertura de una causa contra el franquismo. En 2010,  al ver cómo el juez que la había abierto, Baltasar Garzón, es acusado de prevaricación, suspendido y procesado por ello, deciden  hacer un viaje de 10.000 kilómetros para pedir justicia en Argentina. Y ayer, casi 78 años después del inicio de la Guerra Civil, 38 desde la muerte del dictador y cuatro desde que pidieron auxilio en Buenos Aires, las víctimas del franquismo cumplieron un sueño que ha ocupado casi toda su vida: ser escuchadas por un juez. Ser tratadas como víctimas.

La jurisdicción universal, a la que el Gobierno acaba de dar carpetazo en España, devolvió ayer la memoria histórica a la Audiencia Nacional. Al menos durante las casi dos horas que duró la declaración de Teresa Álvarez, de 93 años, y Faustina Romeral, de 90, ante una juez y un fiscal argentinos, María Servini de Cubría y Ramiro González, y un juez español, Fernando Andreu, el más crítico con la reforma del Ejecutivo: “Trata a la justicia como un producto comercial” dijo.

Es por el principio de jurisdiccción universal por el que la juez argentina ha podido abrir en Buenos Aires la causa contra los crímenes del franquismo que la justicia española rechaza, de la misma forma que hace 18 años el juez Garzón atendió a las víctimas de la dictadura de Videla cuando era Argentina la que les denegaba el acceso a la justicia. "Los muertos, muertos están", decía el entonces ministro de Asuntos Exteriores argentino, Guido di Tella.

"Le reventaron los oídos con la varilla de un paraguas"

“Es el día más feliz de mi vida”, resumió ayer Teresa, nieta, hija y hermana de represaliados, a Andreu y Servini al terminar su declaración en la Audiencia Nacional. Esto es lo que le contó a la justicia:  “Se llevaron a mi abuelo, de 77 años, acusado de presidir el comité de guerra de Trubia (Asturias). Era mentira. Mi abuelo se dedicaba a la labranza. Lo llevaron a la isla de San Simón, en Pontevedra [una cárcel por la que pasaron más de 2.000 presos] y allí le perdimos. Nos devolvían todas las cartas. Años después, un hombre que había estado preso con él vino a mi casa y me trajo su reloj y su ropa. Nos dijo que mi abuelo había muerto por las malas condiciones de la cárcel y que creía que habían tirado su cuerpo al mar. También detuvieron a mi padre, a mi hermano José y a mi hermano Sancho. Cuando fui a llevarles una manta, otro preso me dijo que a Sancho lo habían sacado esa noche a pasear. Lo habían matado. A José y a mi padre los terminaron soltando, pero los falangistas venían cada dos por tres a casa. Decían que para hacer registros, pero en realidad era para robarnos todo. Una vez, mi padre no entendió bien a uno de los falangistas y este sacó una varilla de un paraguas y le reventó con ella los oídos. Mi padre se quedó sordo. Mi madre murió un año después. De pena...”.

Faustina Romeral también abandonó el juzgado conmovida porque dos jueces le hubiesen dedicado una hora de su tiempo. “Ha sido duro, me he emocionado, pero es muy importante que estas personas se preocupen, que nos escuchen”. Su padre, Eladio Romeral, alcalde socialista de Mora (Toledo) fue fusilado el 16 de noviembre de 1939. “Le habían ofrecido ir a México, pero no quiso dejar su pueblo”, recuerda Faustina. Terminada la guerra, intentaron huir por Alicante, el último pedazo de la segunda república, donde, viéndose acorralados, en el puerto, algunos hombres prefirieron suicidarse a ser apresados. “Los barcos que habían prometido nunca llegaron y nos detuvieron a mi padre, a mi madre y a mi. Yo tenía 15 años”.

Su padre fue fusilado y Faustina y su madre encarceladas. El recaudador de la contribución aprovechó su estancia en prisión para quitarles la casa. Faustina ha peleado en los tribunales por recuperarla —ahora la tiene el hijo del que se la apropió— pero ha perdido. “No lo hacía por dinero, yo ya no lo quiero ni lo necesito para nada, sino por dignidad”, explica. 

El primer objetivo de ambas era ser escuchadas, y ese ya se ha cumplido. Ahora quieren que la justicia les ayude a buscar a sus familiares desaparecidos, que les reconozca como víctimas y que se sepa “la verdad de lo que pasó”.

Sus abogados, Carlos Slepoy Ana Messuti y Máximo Castex, celebraron como un triunfo su declaración en la Audiencia Nacional. “Cada vez estamos más cerca del final de la impunidad”, declaró Slepoy. Ahora esperan que la juez argentina dicte nuevas imputaciones de exrepresores franquistas y ordene la apertura de fosas comunes. Su objetivo final es que los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura se juzguen en España, de la misma manera que hace casi 20 años, las diligencias del juez Garzón provocaron que Argentina decidiera finalmente juzgar a sus propios criminales y no dejar que otros países lo hicieran. Llevan ya un millar de procesados.