Abogados contra el Estado

El 28 de febrero de 2013 entra en los juzgados de Gijón una importante demanda. La unión de empresas que había construido la ampliación del Puerto del Musel, formada por Dragados (del Grupo ACS), FCC, Sato y Alvargonzález, reclama a la autoridad portuaria 354 milones de euros más por los trabajos. Ya han recibido 624 millones pero no están conformes con la liquidación de la obra.

La demanda, de 140 páginas, tiene como principal firmante a un abogado del bufete Cuatrecasas. Y entre los letrados que le asistirán en el juicio figuran Juan Ramón García Notario y Carlos Gil de las Heras, dos de las personas que mejor conocen las tripas de la Administración en materia de Puertos. Ambos son abogados del Estado en excedencia y hasta 2004 fueron director y subdirector de los servicios jurídicos de Puertos del Estado.

Hasta hace tres años, García Notario ejercía como abogado del Estado en la delegación de Madrid y por las tardes en su despacho privado, especializado en derecho portuario. Como él, 40 abogados del Estado han rebajado su nivel (y su sueldo) en la Administración para entrar en la categoría que puede legalmente compaginar su puesto de funcionario con la actividad privada, siempre que no pleiteen contra el Estado.

García Notario insiste en que no ha cometido ninguna ilegalidad, que cuando fichó por las constructoras del puerto no existía ningún pleito. Entonces, afirma, “no había ningún litigio contra el Estado. No había un enfrentamiento formal”. Al llegar a oídos de la Abogacía del Estado que uno de los suyos estaba asesorando a empresas que podían ir contra el Estado, alguien le recomendó que pidiera la excedencia, que no bastaba con tener la compatibilidad, según fuentes conocedoras del caso, cosa que él hizo inmediatamente. Él lo niega: “Eso es falso. Cuando he estado en la compatibilidad he respetado la normativa. Doy apoyo a la UTE pero no he firmado la demanda. He actuado éticamente. [...] Llevo 10 años fuera del sistema portuario”. Y esgrime un matiz que él considera muy relevante, que el Puerto del Musel no es del Ministerio de Fomento ni de Puertos del Estado, sino que tiene personalidad jurídica propia. Aunque si finalmente el puerto debe pagar los 354 millones que le pide García Notario saldrán del erario público.

Un exdirector jurídico de Puertos está en el equipo de letrados que reclama 350 millones al Puerto del Musel para ACS y FCC

El caso no es extraordinario. El que probablemente es el cuerpo más poderoso de la Administración funciona con el freno de mano puesto porque buena parte de sus miembros se ha pasado al sector privado. Según la última relación de abogados del Estado, publicada en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2012, de los 657 con plaza, 252 (el 38% de ellos) estaba en excedencia voluntaria, generalmente en grandes bufetes, empresas del IBEX, consultoras o despachos propios. A eso hay que sumar los 70 miembros (el 10,6%) que están en servicios especiales en el Gobierno o empresas públicas. Además hay 40 (el 6%) con compatibilidad, con una reducción de sueldo trabajan por la tarde en el sector privado. Eso implica que el 54% o está fuera del puesto o lo compagina con otro trabajo. No es un fenómeno nuevo. Los porcentajes han subido algo pero es una situación histórica.

¿Cómo puede funcionar un cuerpo con la mitad de sus funcionarios en activo? ¿Soportaría un país tener a la mitad de sus maestros o médicos del sistema público en la excedencia? ¿Y una empresa? ¿Dejaría que la mitad de sus empleados estuviera fuera y pudieran actuar contra los intereses de la firma?

Cada año llegan a la abogacía 120.000 procedimientos judiciales nuevos, según Justicia. Eso implica que tocan a más de 350 pleitos por abogado del Estado en activo al año. Además, aquellos que están destinados en ministerios informan sobre futuras leyes, borradores y estrategias oficiales. La abogacía del Estado, en una respuesta escrita, admite que “actualmente el número de Abogados del Estado en activo es inferior a la plantilla ideal”.

Ante la falta de personal, Justicia paga desde hace años a sustitutos que apoyan a los abogados del Estado. Son funcionarios (militares, guardias civiles y policías nacionales) licenciados en Derecho que representan al Estado en pleitos bajo las instrucciones de la Abogacía del Estado a cambio de una dieta.

El presidente de la Asociación de Abogados del Estado, Edmundo Bal Francés, es de los que sigue en activo pese a ser el candidato ideal de fichar por un gran bufete de penal. En su despacho, lleno de papeles, afirma que sacan el trabajo “con pocos efectivos y trabajando como animales”. Bal defiende que la excedencia es un derecho del abogado del Estado: “Al excedente no lo vemos como un enemigo”. Él justifica la frecuente salida de funcionarios en que la Administración no ofrece una carrera ni incentivos suficientes, lo que fomenta que pierda mucho talento. Al sacar la oposición, los abogados del Estado ingresan con un nivel 28. No hay mucho ascenso posible en el sector público, donde un director general tiene nivel 30.

Pero en el cuerpo también se encuentran voces críticas. No muchas, pero alguna hay. “Es una puerta giratoria más peligrosa que la de los altos cargos. No digo que la de los políticos no sea importante, porque es obscena y no da ejemplo, pero en general un alto cargo se lleva la agenda y la capacidad de hacer lobby, de llamar y que le abran la puerta. Sin embargo, un abogado del Estado se lleva los secretos de la Administración y sus puntos débiles", explica una fuente que conoce bien el organismo y que pide el anonimato.

Justicia tiene que contratar abogados sustitutos porque admite que “la plantilla es inferior a la ideal”

Algunos de los consultados ponen esa condición para hablar o piden que ni se usen sus palabras. Los abogados del Estado son un cuerpo poderoso. A su tradicional influencia suman un gran peso en el Gobierno y el PP. Soraya Sáenz de Santamaría, Miguel Arias Cañete y Dolores de Cospedal son abogados del Estado. Pero también lo son el subsecretario de Presidencia, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el presidente de RTVE, el secretario general técnico de Interior… la lista es larga. La abogada general, Marta Silva de Lapuerta, que no ha querido hablar para este reportaje, fue antes secretaria del consejo de Sacyr y estuvo en la junta directiva del Real Madrid. Muchos de los que han vuelto del sector privado a altos cargos en el Gobierno lo han hecho perdiendo dinero.

De las 35 compañías que cotizan en el IBEX, 14 tienen abogados del Estado en excedencia como secretarios del Consejo. Entre ellas están Iberdrola, Inditex, Sacyr, Repsol, Caixabank, Bankia... Pablo Isla, presidente de Inditex, es abogado del Estado.

El pasado mes de octubre, la compañía de Seguros Mapfre anunció que fichaba como consejera independiente a Catalina Miñarro Brugarolas. “Es Abogada del Estado desde 1988 y en la actualidad desempeña su labor en la Audiencia Nacional. Ha sido presidenta de la Asociación de Abogados del Estado durante cuatro años, directora de asesoría jurídica de la SEPI, secretaria general técnica de Presidencia de la Comunidad de Madrid, abogada del Estado ante el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, además de consejera de diferentes compañías”, anunció la empresa.

Miñarro justifica que solo va a las reuniones de Mapfre seis veces al año y afirma que no se ha encontrado con ningún conflicto de intereses, que en la Audiencia no se ha cruzado con ningún asunto que afecte a Mapfre: “Y si me pasara tendría que comunicarlo”. El presidente de la asociación justifica que los abogados del Estado “aportan [a las empresas] prestigio, imagen de independencia de cara al exterior y fama de no hacer la pelota a nadie”.

Antonio Morales, socio en Madrid del bufete estadounidense Latham and Watkins, no tiene problema en hablar abiertamente. Como abogado del Estado fue secretario del Consejo de Seguridad Nuclear entre 2002 y 2006, cuando pidió la excedencia. Ahora lleva pleitos de energía y, entre otras cosas, asesora a la nuclear de Garoña, que es propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, en su proceso de reapertura. Él defiende abiertamente el trabajo en la excedencia. En una sala acristalada con suelo de parqué cerca de la Castellana, en la zona financiera de Madrid, aporta un punto de vista interesante. “En Estados Unidos lo ven normal. Los últimos responsables de este bufete han venido de la SEC [el equivalente a la CNMV] y volvían. Allí lo ven bien porque asesoran al cliente con mentalidad del regulador, para hacer las cosas bien, no para influir”.

Nadie duda de la formación de un abogado del Estado, cuya oposición incluye 500 temas de casi todas las áreas del derecho. “Sabemos penal como los jueces, procesal como los fiscales, civil, administrativo, financiero, laboral... Se suele decir que el único derecho que no aplicamos es el canónico”, explica un veterano que sigue en activo. Luego se suelen especializar en un área pero tocan casi todos los palos del derecho.

Además de la formación y los conocimientos en los ministerios acumulan agenda y contactos. “Sabemos todos, aunque no lo digamos públicamente, que para ciertos puestos de trabajo del sector privado en el valor del funcionario excedente hay un componente —de porcentaje variable— que no tiene su origen en sus capacidades técnicas o personales, sino en la facilidad con la que puede relacionarse con la Administración que acaba de abandonar”, señala un artículo académico publicado por un abogado del Estado en la Revista Documentación Administrativa en 2010. Este define el fenómeno como una “política de puertas abiertas’: puerta abierta para salir a la excedencia voluntaria por motivos profesionales y puerta abierta para acudir a interesarse por los asuntos que hasta el día antes eran propios de la función que se ejercía”.

Morales destaca los conocimientos como abogado especializado y a la vez generalista, pero no niega que la agenda existe. “Tenemos buena relación con la Administración. Si llamo al abogado del Estado jefe de un ministerio lo normal es que me devuelva la llamada y casi seguro que me organiza una reunión con un subdirector”.

En el sector se ve con total normalidad, incluso entre los críticos, casos como el de Pablo Mayor, que lleva en la excedencia desde hace 15 años, cuando fue secretario general técnico del Ministerio de Fomento. De esa época son las concesiones de las radiales de peaje ahora quebradas y enfrentadas a Fomento. Mayor asesora a empresas de estas radiales desde el despacho Allen Overy. “Ocupé ese cargo hace la friolera de 15 años y estuve muchos años sin relación”, esgrime, y alega que nunca fue un alto cargo de Fomento: “Secretario general técnico no es un cargo político, es como un gestor normativo”.

Mayor opina que “hay muchos abogados del Estado fuera porque tienen buenos conocimientos de sectores y de la Administración. Los contactos no sirven para nada, pero sí conoces bien el funcionamiento de la Administración”.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado y editora del blog ¿Hay derecho?, donde hay artículos que denuncian la puerta giratoria de los políticos. Matiza que el caso de los altos funcionarios no es idéntico. “Hay un trasiego de políticos a empresas reguladas espectacular. A Enagás se han ido cinco ex altos cargos de golpe. Entiendo que surja la reacción de decir que también ocurre con los altos funcionarios. Puede ser cierto, pero hay una diferencia importante: un político solo tiene la agenda, mientras que un abogado del Estado está especializado y tiene un conocimiento previo”. Los políticos tienen dos años de incompatibilidad para trabajar en el sector pero a cambio reciben una pensión compensatoria.

Una persona que ha estado en Industria señala que mientras el foco apunta a cualquier alto cargo que pase del ministerio al sector, a los abogados del Estado, que tardan solo unos años en pasar al sector privado, no reciben críticas. En enero de 2011, dos semanas después de que el Gobierno del PSOE aprobara un recorte de primas a las renovables, PricewaterhouseCoopers anunció el fichaje de Fernando Calancha, abogado jefe de la secretaría de Estado de Energía, como socio para su departamento de energía.

En 2009, Herbert Smith había incorporado a Eduardo Soler-Tappa, hasta entonces abogado jefe de Industria. El bufete —aunque no Soler-Tappa— lleva a clientes energéticos como la estadounidense Solar Reserve, favorecida por Industria en un concurso diseñado a medida de la firma, según los cables de Wikileaks (luego la Audiencia no los admitió como prueba y desestimó la demanda de un competidor).

Herbert Smith ganó después un concurso del propio ministerio para defender al Estado en un arbitraje internacional por los recortes fotovoltaicos. La paradoja es que el abogado del Estado en excedencia Soler-Tappa defiende ahora al Estado en un litigio internacional. Pero lo hace desde un despacho en la Castellana. El bufete insiste en que ganó en un concurso a sobre cerrado por muy poco a otros competidores y aunque es de la época del PSOE lo ha defendido hasta el Gobierno del PP.

Un abogado del Estado en activo puede ganar unos 80.000 euros brutos al año, que con antigüedad y complementos pueden llegar a 100.000. En el sector privado es fácil que para empezar les tripliquen el sueldo. “Por menos de 250.000 euros no se va ninguno”, opina una fuente ya citada. “Yo diría que puedes empezar con 180.000, pero con muchos incentivos de ascender”, rebaja otro. Mucho más que el presidente del Gobierno.

Entre los que se resisten la tentación y se quedan y los que se van hay recelos disimulados. “Yo me pongo la toga para defender los intereses generales, no a un chorizo. Eso ya me paga. A los que preparan oposiciones conmigo les intento inculcar el amor por lo público, pero a veces después de unos años me llaman y me dicen medio en broma: ‘Me he pasado al lado oscuro”, explica uno que sigue en activo y que admite que no tiene problema con los excedentes. Otro de los que ha salido a la excedencia señala en su despacho que en esa crítica hay parte de envidia. “Hay mucha gente que quiere salir pero no da el perfil y por eso habla así”.

Es común que pasados los 50 años, cuando empiezan las prejubilaciones en grandes empresas y bufetes, estos abogados del Estado pidan el reingreso en su plaza de funcionarios. A nadie se le deniega. Según Justicia, porque “la plantilla suele ser inferior a la aprobada y las peticiones de reingreso escasas y puntuales”.

¿Qué negocio hace la Administración con este viaje de ida y vuelta? “La Administración tiene durante unos años a profesionales muy bien formados por poco dinero, pero como no los cuida ni apenas puedes ascender la gente se va”, señala este último abogado. Otro apunta que los que vuelven traen experiencia del sector privado.

Los que tienen la compatibilidad no pueden pleitear contra el Estado, pero los controles son escasos. “Cuando se pilla a alguien asesorando a empresas contra el Estado se opta por ser práctico. En vez de abrir un expediente que tardará años y acabará en un contencioso se tapa el tema y se le pide que pase a la excedencia”, señala una fuente que conoce el funcionamiento de la Abogacía. Puede ocurrir que los abogados compatibles asesoren en un caso pero no aparezca su firma, sino que lo lleve formalmente otro letrado del despacho. Elisa de la Nuez coincide en que vigilar la actividad privada de estos abogados por las tardes ya es imposible y lo será aún más si se extiende el fenómeno. “Es imposible hacer un control real. Formalmente la gente va a cumplir la norma”.

Un veterano cuenta una anécdota: “La abogacía del Estado era conocida como la Estación de Venta de Baños, en la que unos trenes van al norte y otros al sur”. Es decir, unos a la política y otros a la empresa.

investigacion@elpais.es