Industria recorta 4.600 millones de costes eléctricos para suavizar las subidas de la luz

El Gobierno aprobó ayer un real decreto ley para ahorrar 4.616 millones de euros en tres años en el sector eléctrico. El objetivo es contener el déficit del sistema acumulado desde 2000 -20.000 millones que reclaman las eléctricas con el respaldo de los tribunales- y suavizar las subidas del recibo que serían necesarias, trimestre tras trimestre, para tapar un agujero que equivale ya a dos puntos del PIB. Pero, salvo sorpresa, el decreto no evitará que el 1 de enero, las tarifas que pagan 20,16 millones de usuarios acogidos a la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR) suban en torno al 10%.

El decreto que lima los costes en el sector eléctrico tiene cuatro novedades importantes: recorta un 30% las primas a los huertos solares, lo que ahorrará 2.220 millones en tres años; establece un nuevo peaje para las empresas generadoras de 0,5 euros por megavatio-hora producido y extiende medio año, hasta 2013, el llamado bono social, cuyo coste -150 millones- asumen las eléctricas para no subir la luz a los colectivos más desfavorecidos. Además, las empresas costearán, con 670 millones en tres años, el desarrollo de los planes de ahorro y eficiencia energética que hasta ahora se apoyaban en la tarifa.

El Gobierno eleva los límites del déficit para no incumplir la ley

La norma intenta repartir sacrificios sin alarmar a los mercados

Tanto el ministro de Industria, Miguel Sebastián, como la Secretaría de Estado de Energía explicaron que, en lo que se refiere a la revisión de tarifas de enero, se mantiene la idea de congelar la parte regulada del recibo. Esa parte la forman las llamadas tarifas de acceso, que suponen la mitad del recibo y de las que salen, entre otras cosas, las primas a las renovables. En la otra mitad de la factura, la que recoge la evolución de los precios de la energía, se aplicarán las fórmulas vigentes. El resultado, tras la subasta de energía celebrada el día 14, será una subida que rondará el 10% -cuatro euros al mes para el consumidor medio- según cálculos refrendados por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La decisión final se tomará el lunes.

La idea que está detrás del decreto aprobado en el penúltimo Consejo de Ministros del año es, explicó Sebastián que "todos los agentes contribuyan a la reducción del déficit de tarifa, y no solo los consumidores". El decreto ley, añadió "evita además subidas en la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz inasumibles para los hogares y la competitividad de las empresas", ya que ahora "no se verán subidas tan grandes de luz como se preveían", señaló.

Sebastián salió también al paso de las críticas lanzadas desde el sector más afectado, el solar fotovoltaico y aseguró que "primero se pidió esfuerzo al sector eólico, luego al termosolar y ahora al fotovoltaico y al llamado eléctrico tradicional".

El esfuerzo que se pide al sector fotovoltaico es más que importante: recorte de un tercio de las primas durante tres años a cambio de extender el derecho a cobrar subvención (con un límite de horas de funcionamiento) de 25 años a 28. La medida, que según asociaciones como AEF pone en duda inversiones de 20.000 millones de euros, ahorrará al sistema 740 millones de euros anuales. La cifra se suma a los recortes que Industria pactó el pasado verano con el sector eólico -ahorros de 240 millones- y el termosolar -891 millones-.

El argumento para emplear a fondo la tijera con el sector fotovoltaico es sencillo: las horas que permiten cobrar primas se han reducido porque en los últimos años se ha desplomado el coste de los paneles y eso ha permitido una repotenciación (más producción con la misma superficie) que puede disparar las primas y provocar la paradoja de que más tiempo de luz solar encarezca la electricidad, en vez de abaratarla.

El contenido del decreto, según fuentes de la Secretaría de Estado de Energía, ha sido debatido -que no pactado- tanto con las empresas eléctricas como con las fotovoltaicas. También ha sido informado el Partido Popular (PP). En la práctica, el decreto es un intento, uno más, de mantener a flote el sistema eléctrico, sin ahogar a las empresas, sin soliviantar a los consumidores con continuas y abultadas subidas, y sin dar más argumentos a las empresas de calificación de riesgos, que ya han puesto sus puntos de mira en la deuda de grandes empresas como Iberdrola o Endesa.

A ese difícil equilibrio responde la medida, plasmada también en el decreto, de elevar el techo de déficit de tarifa autorizado para los años 2010, 2011 y 2012, pero manteniendo el compromiso, asumido por ley (RD 6/2009) de eliminar todo el déficit en 2013.

Nos miran y hay que cumplir. Aunque la realidad es que por múltiples factores, como la caída de la demanda eléctrica, los bajos precios del mercado mayorista eléctrico, los sobrecostes de las renovables, la mayor producción eólica y el descenso de ingresos general, el déficit pasará en 2010 de 3.000 millones a 5.5000; en 2011 de 2000 a 3.000 millones y en 2012 de 1.000 a 1.500 millones. Con la modificación el Gobierno evita incumplir la ley que él mismo promovió, lo que no deja de ser un cierto reconocimiento de que la realidad le ha sobrepasado con mucho.

Un ejemplo es lo sucedido con la titulización del déficit tarifario (colocación en el mercado de deuda, con aval del Estado del déficit reconocido a las empresas). Aunque todos los trámites necesarios, incluida la autorización de Bruselas, se han cumplido, no se ha colocado ni un euro dada la situación general de los mercados. El Tesoro aguarda la oportunidad de iniciar el proceso, algo vital para la salud financiera de las empresas.