El juez Santiago Pedraz continuará investigando el genocidio en Guatemala

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto en el que explica que la reforma de la Ley de Justicia Universal aprobada de urgencia en las Cortes por el Partido Popular no le impedirá seguir investigando crímenes en Guatemala. Pedraz seguirá el proceso que inició en 2003 por iniciativa de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú contra ocho ex altos cargos guatemaltecos por genocidio, terrorismo y torturas. El balance de víctimas en la masacre originada por la represión del ejército de Guatemala sobre las comunidades mayas alcanzó entre 1962 y 1996 a 200.000 personas, entre muertos y desaparecidos, según la ONU.

En su auto, Santiago Pedraz explica que en este caso los delitos que se imputan son graves, con penas superiores a nueve años de prisión, y el procedimiento judicial obliga a "terminar de practicar las diligencias oportunas, dictar auto de procesamiento, recibir declaración indagatoria a los procesados, etc". El juez ya decidió el pasado 17 de marzo en el mismo sentido sobre otro caso que estaba abocado al archivo: el asesinato del cámara José Couso en Irak en abril de 2003.

Pedraz razona que, de acuerdo con la reciente reforma, "la jurisdicción española no sería competente", para investigar delitos de lesa humanidad, torturas, asesinato o detenciones ilegales. Sólo lo sería en el caso de la existencia de víctimas españolas en delitos de terrorismo, circunstancias que sí se dan en el proceso guatemalteco.

Sin embargo Pedraz cree que "debe extenderse el título de jurisdicción universal al resto de los delitos" investigados: es decir, los citados de genocidio y crímenes de género, lesa humanidad, torturas, asesinato y detenciones ilegales. "De otra forma se rompería la denominada continencia de la causa" al ser "imposible" juzgarlos por separado. Dice el juez que, además, hay hechos que "pueden suponer la comisión de uno o más delitos. Hay asesinatos terroristas que están enmarcados en un contexto más amplio de comisión de delitos contra la población guatemalteca".

Según Pedraz, "España tiene jurisdicción sobre los hechos porque son delitos de terrorismo. Como estos hechos pueden ser constitutivos de los otros delitos, los cuales, además, serían conexos a los delitos de terrorismo, resulta incuestionable -al menos en esta fase de investigación- que la jurisdicción española es competente para conocer de todos los delitos citados".

Pedraz acuerda también dirigir comisión rogatoria a Guatemala a fin de comprobar que hay procedimientos judiciales en marcha sobre estos mismos hechos "con las debidas garantías" de acuerdo con el Derecho Internacional. Una vez recibido, se elevará exposición razonada al Tribunal Supremo para que lo compruebe, tal y como establece la reforma judicial.

Al amparo de la polémica reforma de la ley se han liberado hasta el momento 43 supuestos narcotraficantes por autos dictados desde la Audiencia Nacional.