Hacienda tutela a cerca de 300 municipios que incumplen con el déficit

Aunque España no esté sometida a la tutela de la troika, el Gobierno tiene a sus propios "hombres de negro". El Ayuntamiento de Alicante, con necesidades de financiación de 28,7 millones de euros encabeza la lista de los cerca de 300 que han tenido que pedir auxilio al Estado y presentar un plan de austeridad por incumplir, hace dos años, las reglas de la estabilidad presupuestaria. Todos siguen bajo vigilancia y Hacienda se encarga de que lo sepan. La Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), integrada por representantes de la Federación de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda, ha presentado este jueves en Madrid la lista completa de los municipios con planes de ajuste en vigor a 31 de diciembre de 2013.

A Alicante le siguen la Diputación de Granada, ahogada por 25 millones de euros; el Ayuntamiento de Marbella (21,7 millones), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, 12,7 millones); Torrevieja (Alicante, 10,9 millones); Vélez-Málaga (9,7 millones) y la Diputación de Cáceres, con 9,5 millones. La mayoría de los consistorios tienen las manos atadas para comprometer nuevos gastos que no pasen por el Ministerio de Hacienda. Muchos tendrán que seguir aplicando medidas de austeridad para corregir sus desequilibrios este año, víspera de los comicios locales de 2015.

Otras ciudades con problemas fueron Fuenlabrada (Madrid), que presentó un plan para contener un déficit de 7,9 millones, Cambils y Tortosa en Tarragona (4,3 millones) y Xixona en Alicante (3,9). La lista evaluada por la CNAL, que ha presidido este jueves el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, incluye los cerca de 300 municipios que suman un desequilibrio presupuestario de 210 millones. Aunque en el desglose en muchos casos no figuran datos de a cuánto asciende ese desequilibrio presupuestario.

En la reunión, el ministro también ha informado a los alcaldes de cómo deberán calcular el periodo medio de pago a proveedores y algo más peliagudo: el llamado “coste efectivo”, un concepto incluido en la ley de reforma local para medir lo que cada Ayuntamiento se gasta en la atención ciudadana. Es una variable parecida al “coste estándar”, que iba incluido en los borradores de la reforma local y que fue tumbado por el Consejo de Estado durante la tramitación de la norma.

A partir de ahora los municipios tendrán que especificar cuánto les cuestan servicios como alumbrado público, cementerios, recogida de basuras, saneamiento, limpieza de parques, bibliotecas, policía o servicios sociales. Con esos datos Hacienda publicará cada año, antes del mes de noviembre, la comparativa entre Ayuntamientos, algo que ha sido rechazado de plano por la mayoría de los partidos, excepto por el PP. En la CNAL se negocia introducir variables que ponderen el resultado final, según señaló Íñigo de la Serna, presidente de la Federación de Municipios y Provincias y alcalde de Santander (PP).

En la Comisión, el ministro Montoro ha comunicado las nuevas condiciones financieras, más laxas, para la devolución, por parte de los Ayuntamientos, del dinero que recibieron para el pago a proveedores. Pero la soga a las cuentas no afloja del todo: el próximo lunes el ministerio publicará los últimos datos de la deuda viva de todos los municipios españoles.