El fiscal Horrach pide blindar a “valientes” topos y arrepentidos contra la corrupción

El representante del Ministerio Público postuló por mantener su estrategia de negociar acuerdos de confesión y conformidad con imputados arrepentidos porque facilitan “pruebas directas”, más allá de los indicios, por haber participado en las tramas criminales. Recuperar el dinero público malversado es un objetivo central.

“Favorecería la posibilidad no solo de llegar a pactos sino de dotar de inmunidad a esas determinadas personas siempre que la colaboración que realizan con la Justicia sea efectiva", insistió el fiscal en una conferencia pública, en la noche de este martes, en un foro cultural y ciudadano, el Club Pollença, en Mallorca. Horrach atendió a preguntas del público, en su tercera charla en dos años.

Los pactos de la Fiscalía con los imputados en los escándalos de corrupción "no son gratuitos ni se hacen porque sí, son fruto del análisis de la causa y de la necesidad de obtener pruebas complementarias para llevar a buen puerto la investigación criminal". Recalcó que "sin pactos en muchos casos no habría condenas".

“Los malos siempre corren más que nosotros”, ironizó. Alentó la acción ciudadana y el activismo social —más allá de la indignación— contra el “silencio” y la “mudez” que son los primeros cómplices de la corrupción y la permanencia de leyes anacrónicas del siglo XIX. Los medios tecnológicos de los servicios del Estado (Fiscalía, Policía, Guardia Civil) no ayudan aún a una efectiva intervención judicial de los correos electrónicos o de ‘pinchazos’ telefónicos de móviles o mensajes en boga entre la delincuencia.

La Infanta

El experto fiscal anticorrupción defendió, otra vez, su independencia, su criterio personal y jurídico para asegurar que, en 2012 como ahora, no hay indicio alguno para imputar a la Infanta. Alabó el rol y la persona del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce como ejemplo de autonomía e independencia ante el poder. Rebatió la “maldad interesada” de que los fiscales actúan a las órdenes del Gobierno como una correa.

Recordó que al inicio del caso Palma Arena, el entonces máximo responsable de la fiscalía del Estado, Cándido Conde-Pumpido, si emitió una orden para dejara de investigar el incremento patrimonial del expresidente Jaume Matas. El fiscal general apartó a los fiscales del caso (Pedro Horrach y Juan Carrrau) y pasó el asunto al fiscal supreior de Baleares (Tomeu Barceló). El caso no se frustró, se judicializó al reclamar las indagaciones de la Fiscalía el juez José Castro.

En el tema de la imputación o no de la Infanta en el caso Urdangarin Horrach asumió que ha perdido en parte una ‘batalla’ mediática y social. Pugna contra la percepción de que a la hija del Rey se la ha tratado de forma distinta a cualquier ciudadano: "No es así por mi parte". Remarcó que "ya desde 2012 dije y he repetido que no había ningún indicio ni siquiera para la imputación, posición que he mantenido durante estos dos años, porque desde 2012 a ahora nada ha pasado que haya hecho cambiar esta posición personal y jurídica".

Desde la autonomía que, dijo “gozo y practico me hace responsable de mis propias decisiones y no voy a permitir que se traslade a otro. Equivocado o no, las decisiones son mías y la responsabilidad es mía”. Lanzó puyas a determinados articulistas que no citó por intentar vender otra imagen. "En la actualidad, la realidad no vende y se necesita rodearla del morbo adecuado". Vio "motivaciones bastardas" y "un dogma la parodia de que (los fiscales son) funcionarios sometidos al poder gubernamental".

Horrach entró de lleno en la corrupción de los partidos políticos, de las campañas electorales en las que “se orilla y se vulnera la ley de forma flagrante" mediante “pagos en dinero negro” y con la colaboración de entidades que encubren gastos electorales en facturas “por servicios ficticios”. Dio datos concretos, sin citar siglas ni imputados, al aludir a dos asuntos del PP de Baleares: "Tanto en las elecciones autonómicas de 2003 como en las elecciones autonómicas de 2007 de esta comunidad detectamos el uso de dinero B, de dinero negro, en el pago de propaganda electoral, ya sea el diseño de la creatividad de campañas electorales, o el pago de anuncios".

Sobre aforados, jueces y fiscales

Pedro Horrach atacó la permanencia de los privilegios de los imputados y testigos aforados or su cargo público, que tienen derecho a no acudir a llamamientos judiciales y que pueden declarar como testigos por escrito, en su despacho. Así lo hizo en dos ocasiones, semanas atrás, el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, por el caso Nóos. "Una investigación seria es totalmente incompatible con una declaración por escrito donde no hay juez y no hay fiscal", concretó.

Horrach, en un contexto de reforma del sistema judicial, reclamó que los fiscales sean los directores de la instrucción un ejercicio imprescindible para las garantías del proceso y de las partes. El rol de los jueces de instrucción "no tiene sentido en la actualidad", porque "es materialmente imposible instruir y no prejuzgar, ser el órgano valedor de las garantías de las partes sin convertirse en parte". Un juez, cree el fiscal del caso Nóos, no se aleja ni tiene equidistancia, puede perder la objetividad propia de un árbitro. “Un juez de garantías que no debe ser un juez parte", pespunteó.

"No postulo la eliminación de la figura del juez, sino la necesidad de que el juez no esté entre las partes sino sobre las partes, no quitarle el poder sino otorgarle el que le otorga la Constitución Española: juzgar y ejecutar lo juzgado, pero no investigar".