La crisis de liderazgo de Sortu bloquea el proceso para el final de ETA

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reconocido públicamente que los cauces de su partido con la izquierda abertzale están bloqueados. Esa situación la comparten los interlocutores habituales de la izquierda radical: Gobierno vasco, Lokarri y PSE. El estancamiento coincide con una pérdida de influencia de Sortu sobre el colectivo de presos de ETA y sobre la propia banda terrorista como consecuencia de un debilitamiento de su liderazgo, y explica la parálisis del proceso de consolidación del final de la banda terrorista.

La izquierda abertzale ha cambiado de actitud, ha perdido dinamismo y está paralizada, subrayan sus interlocutores. Su actitud no tiene nada que ver con la que la animó en 2011 a tomar decisiones en favor de la paz en Euskadi como los estatutos de Sortu, en los que rechazó expresamente la violencia etarra y asumió el compromiso de cese definitivo del terrorismo de ETA. Aquellas actitudes fueron el resultado del seguimiento de una hoja de ruta que diseñaron Arnaldo Otegi, Rafael Diez Usabiaga y Rufi Etxeberria en el otoño de 2009 e impusieron a la banda terrorista.

Tras el logro de aquellas metas en octubre de 2011, el colectivo de presos de ETA ha tardado más de dos años en atender a la reclamación de la izquierda abertzale de asumir la legalidad penitenciaria y la reinserción individual de sus reclusos. Pero, incluso, una vez que dio el paso, el 28 de diciembre último, su compromiso no se ha materializado.

PNV, Lokarri, PSE y Gobierno vasco reconocen que están bloqueados los cauces

Los representantes del colectivo de presos de ETA, en vez de adoptar una posición pragmática para facilitar la reinserción individual de sus reclusos, han adoptado una actitud desafiante hacia el Estado. Sus primeras peticiones a Instituciones Penitenciarias las han centrado en un acercamiento de presos mayores de 70 años y enfermos graves a cárceles próximas al País Vasco. Y, lejos de reconocer el daño causado a las víctimas del terrorismo, han amagado con acudir al Tribunal de Estrasburgo para dirimir la reclamación de dicho acercamiento.

Esta actitud se aleja de la conducta pragmática que la izquierda abertzale les había aconsejado mantener para hacer más efectivas sus reclamaciones. Y es también lo que la izquierda abertzale había trasladado a sus interlocutores del Gobierno vasco, Lokarri, el PNV y PSE. “Prometen una cosa y luego cumplen la mitad de la mitad”, señalan los interlocutores en referencia a Sortu.

Su conclusión es que, pese a la detención en enero de la abogada Arantza Zulueta, que representaba a su sector más duro, los actuales representantes del colectivo de presos no son permeables a las presiones de la izquierda abertzale y “continúan con la inercia del pasado”.

Otro tanto sucedió con el plan de desarme de ETA a fines de febrero. La izquierda abertzale trasladó a sus interlocutores del Gobierno vasco y de los partidos que el desarme iba a ser “significativo” y “contundente”. Lo que finalmente resultó un fiasco, acompañado, eso sí, de una nueva promesa de ETA: que el futuro desarme sería “unilateral y completo”. A quien primero desairó ETA fue a la izquierda abertzale, y volvió a poner de relieve su crisis de liderazgo. Ahora, la izquierda radical está a la espera de que, tras las elecciones europeas y al filo del verano, la banda terrorista cumpla el compromiso de desarme que incumplió en febrero. Lo que se sabe es que la banda mantiene su interlocución con el Comité Internacional de Verificación, respaldado, a su vez, por el Gobierno vasco, PNV, PSE y la izquierda abertzale.

“Prometen y cumplen la mitad de la mitad”, apuntan sobre Sortu los interlocutores

Otra expresión de la pérdida de protagonismo de la izquierda abertzale fue la reciente renuncia de su dirigente Pernando Barrena a exigir al colectivo de presos el reconocimiento del injusto daño causado a las víctimas del terrorismo, por considerarlo una “humillación”. Con ello, se ha roto la esperanza del Gobierno vasco y de los partidos de que desbloqueara, con una declaración, el punto muerto en que han entrado los presos. Pero tampoco existe una alternativa a esta parálisis. “No va a haber marcha atrás al proceso unilateral de desarme, porque no hay alternativa. Lo que existe es una resistencia pasiva”, señalan fuentes de los interlocutores.

Las mismas fuentes admiten que la resistencia procede de sectores que se rebelan ante la falta de contraprestaciones del Gobierno del PP, como un acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, tras su aceptación de la legalidad penitenciaria el pasado 28 de diciembre. Precisamente esa aceptación la dio el colectivo como respuesta a la anulación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot por parte de los tribunales, que puso en la calle a 60 presos veteranos de la banda terrorista.

Pero en este pulso que plantean los sectores más radicales de la izquierda abertzale quien tiene todas las de ganar es el Gobierno central. El Ejecutivo de Rajoy, tras el cese definitivo del terrorismo, no percibe ninguna presión para tomar medidas de distensión a favor de los presos de ETA, como el acercamiento a las cárceles del País Vasco. Sucede lo contrario.