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Alcalde, condenado y alcalde

El regidor de Arroyo de la Encomienda sigue en el cargo pese a haber sido condenado por cohecho

José Manuel Méndez, a la izquierda, con su agobado, Javier Gómez de Liaño, acude a la vista en Valladolid en la que fue condenado. Ampliar foto
José Manuel Méndez, a la izquierda, con su agobado, Javier Gómez de Liaño, acude a la vista en Valladolid en la que fue condenado. Efe

Arroyo de la Encomienda, una localidad a siete kilómetros de Valladolid y a orillas del Pisuerga, es conocida como "la Marbella de Castilla" por su crecimiento urbanístico. Y en la mejor línea de Jesús Gil, su atípico alcalde, José Manuel Méndez Freijo —nacido hace 52 años en As Nogais (Lugo)—, lleva más de una década gobernando pese a haber sido condenado por cohecho y prevaricación a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación por favorecer a una empresa que le había regalado una casa y dinero.

José Manuel Méndez fue el principal condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid por el denominado caso Arroyo, uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística de Castilla y León. La sentencia lo consideraba el artífice de una trama que permitió recalificar en 2005 un suelo industrial para que la constructora Mahía construyera 2.984 viviendas, que nunca se llegaron a levantar. El exjuez Javier Gómez de Liaño, el abogado de Luis Bárcenas, fue su defensor.

Arroyo de la Encomienda, fiel a su condición de ciudad dormitorio, ha vivido de "las licencias de construcción antes de la crisis" y ahora, con muchas urbanizaciones paralizadas y viviendas a medio terminar, lo hace "de los centros comerciales", resumen en el Ayuntamiento. Más del 90% del suelo —más de mil hectáreas— es urbanizable. Ha pasado de 4.588 vecinos en 2001 a 16.643 en 2013. Tal y como lo define su alcalde en su cuenta de Twitter, "Arroyo de la Encomienda es una ciudad bañada por el Pisuerga donde merece la pena vivir, sobre todo por sus vecinos".

En medio del fragor del ladrillo llegó el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa Mahía, gallega como el alcalde. El acuerdo fue calificado como "una patente, relevante y clamorosa vulneración de la legalidad urbanística" por la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, dictada el 22 de noviembre. Y añade que Méndez Freijo dictó resoluciones, "a sabiendas de su arbitrariedad e injusticia, para favorecer los intereses de Mahía, en contra de la legalidad urbanística, y de la cual había recibido gratuitamente en julio de 2004 una vivienda en Vilagarcía de Arousa".

Durante el juicio, el alcalde negó los regalos, pero la Audiencia Provincial de Valladolid destacó como hecho probado que, además del chalé, recibió 30 millones de pesetas [180.000 euros] en 2001. Méndez Freijo siempre ha mantenido que era un préstamo, un "auxilio financiero". "En realidad fue un regalo, pues no consta fuera devuelto a Mahía ni reclamado por dicha sociedad", dice la sentencia. Respecto a la vivienda, Méndez aseguró que la había pagado, pero la sentencia asegura: "Estamos ante una apariencia de venta que trata de esconder la realidad de un verdadero regalo de Mahía a Méndez Freijo en 2004".

José Manuel Méndez sigue defendiendo que es "inocente", tal y como ha insistido a este periódico. Y, por ello, añade tajante: "Seguiré siendo el alcalde de Arroyo porque estoy amparado por los votos de los ciudadanos".

"Continúo en la alcaldía porque estoy amparado por los votos de los ciudadanos", justifica José Manuel Méndez

Méndez es un camaleón político. En Galicia, donde nació y vivió hasta los 23 años, militó en el Bloque Nacionalista Galego —fue concejal por este partido en As Nogais—, primero, y en el Partido Socialista de Galicia, después. Ya en Valladolid, adonde llegó hace 30 años, estuvo en el Partido de los Independientes de España, logró la alcaldía en 2003 con el PP y en 2007 creó su propio partido, Independientes por Arroyo, con el que lleva de alcalde otros siete años. Es atípico y vehemente. Llegó al municipio vallisoletano vendiendo futbolines y máquinas tragaperras en un viejo coche Renault 11 con las ruedas totalmente desgastadas, según recuerda un vecino de la localidad que prefiere no ser identificado. Y ahora cobra del Ayuntamiento un sueldo que, según los datos de 2011, superaba los 60.000 euros.

Su vehemencia se aprecia en cualquier pleno. Como en el último, cuando respondió de forma tajante a la portavoz del Grupo Socialista que le había pedido su dimisión: "Se le contestará por escrito. Y punto". O cuando replicó: "Cuando tenga que dar explicaciones, las daré".

También se le recuerda por firmar un convenio con una fundación vinculada al Opus por el que se regalaba a la agrupación religiosa una parcela de 2,5 hectáreas para construir un instituto concertado, sin que haya ninguno público en el municipio. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Verónica Calvo, asegura que "en Arroyo se gobierna a golpe de resoluciones de alcaldía".

En los últimos meses se ha conocido otra querella por prevaricación, lesiones y coacciones supuestamente cometidas contra el interventor municipal, que está de baja por depresión después de presentar "numerosos reparos a innumerables actos administrativos". "En un Ayuntamiento vivo es normal que entren muchas denuncias", replica tranquilo el alcalde.

José Manuel Méndez gana elecciones sin parar desde 2003, y cada vez con más apoyo. Y a él recurre para justificar su permanencia en el cargo. "Los servicios jurídicos me han dicho que puedo seguir, y lo haré hasta que el Tribunal Supremo me diga que soy inocente. No hay motivos para dimitir".

La oposición —PP y PSOE—, sí los encuentran. Los populares, "por una cuestión ética", según su portavoz, José Antonio Otero; los socialistas, porque "así lo marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dice que es incompatible que un alcalde condenado siga ejerciendo", afirma Verónica Calvo.

En la misma idea de incompatibilidad coincide la Asociación Arroyo-Siglo XXI, creada por un grupo de vecinos del municipio y que, gracias al empeño de sus miembros y de su abogado, José María de la Red, lograron sentar en el banquillo a Méndez.

Para ellos, la incompatibilidad "es más que clara". Se amparan en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dice que son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos (…) contra la Administración pública".

Pero la Junta Electoral Central sostiene, en un acuerdo del 20 de marzo pasado en respuesta a un recurso del PSOE, que "no corresponde a esta Junta proceder al enjuiciamiento de situaciones concretas", por lo que debe ser un pleno el que resuelva esa posible incompatibilidad. Por ello, el PSOE ha pedido el apoyo del PP para convocar un pleno extraordinario en el que determinarla, aunque la mayoría absoluta del partido de Méndez Freijo impediría que saliera adelante la propuesta.

El alcalde de Arroyo de la Encomienda lo tiene claro: "Mi mandato, el que me dieron los ciudadanos, llega hasta 2015. Después, Dios dirá".