El Poder Judicial debatirá dos informes antagónicos sobre la ley del aborto

El pleno del Poder Judicial que debatirá la futura Ley del Aborto que proyecta el Gobierno del PP evidenciará más que nunca las diferentes sensibilidades de sus 21 componentes. Será movido. El informe sobre la ley del aborto que debe remitir al Gobierno ha requerido ya tres prórrogas y no es descartable una cuarta. Y es que las dos ponentes que deben redactar el informe (la progresista Pilar Sepúlveda y la conservadora Carmen Llombart) mantienen posturas diametralmente opuestas. Lo que obligará al pleno (en el que los vocales conservadores suman mayoría absoluta de votos, 11 de los 21) a decantarse por uno u otro. 

El presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pedido a ambas vocales que traten de limar diferencias y presenten un único informe. Pero, de momento, no parece posible. Sepúlveda quiere que la ley se retire, mientras Llombart en general la avala, aunque introduce matices técnico/jurídicos y algunas discrepancias. Entre otras cosas, entiende que hay que modificar la redacción de algunos artículos de la norma que ha elaborado el Gobierno.

El informe del Poder Judicial sobre la ley del aborto debía estar ya sobre la mesa del Ejecutivo, pero el presidente Lesmes pidió recientemente al Gobierno la tercera prórroga de un mes. Es consciente de las abismales diferencias que mantienen las dos ponentes a las que él mismo encomendó la ponencia sobre esta materia.

A día de hoy, las diferencias entre Sepúlveda y Llombart se mantienen con toda su crudeza. Y se abren varias posibilidades: que ambos informes sean debatidos en el pleno y que finalmente se remita al Gobierno el que más votos obtenga, y a ser posible lo más consensuado posible. Y que quienes discrepen formulen los oportunos votos particulares, que se adjuntarán al informe oficial. El sector conservador goza de mayoría absoluta, pero en un tema tan personal como este nadie garantiza un cierre de filas en ambos sectores.

Otra opción es que, en el seno del pleno, surja un tercer informe que recoja y mezcle consideraciones de ambos textos (el de Sepúlveda y el de Llombart). Sepúlveda ya ha presentado su informe al Consejo, en el que pide directamente la retirada de la ley y que se mantenga la actual normativa (que incluye plazos para poder abortar); Llombart no ha aportado aún el suyo, aunque, según fuentes jurídicas, sí dispone ya de un borrador en el que, en general, no ve mal la norma que proyecta el Gobierno del PP, si bien introduce matices a algunos de sus aspectos y pide una modificación del redactado de algunos de los preceptos del texto del Gobierno.

Ambas ponentes mantuvieron recientemente un encuentro en la sede del Consejo, henchido de tensión. Llombart, delante de letrados, pidió a Sepúlveda que retirase su informe preliminar, que tachó de “político” y defendió que el suyo era técnico-jurídico. Sepúlveda rehúso hacerlo, se mostró abierta al diálogo y pidió a Llombart que le dejase el suyo para buscar puntos de encuentro. Esta se negó. Y, sin ninguna prueba, acusó a Sepúlveda de haber filtrado el suyo, según fuentes jurídicas. La vocal progresista quiere que se retire la ley que proyecta el PP sobre el aborto porque entiende que "criminaliza" a la mujer que aborta y se distancia de la normativa que rige “en los países de nuestro entorno”. En opinión de Sepúlveda, implica un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de la mujer.

Ante las diferencias de criterio y la posibilidad de que los vocales progresistas (que suman ocho de los 21 votos) apoyen el de Sepúlveda y que los conservadores (que cuentan con 11, mayoría absoluta) se decanten por el de Llombart, el Consejo pensó inicialmente en enviar ambos informes al Gobierno. De todas formas, los informes del Poder Judicial, igual que los del Consejo de Estado, son orientativos, no vinculantes. Pero la opción de los dos informes ha quedado descartada. La ley impone que sea un único informe, el más votado, el que se remita al Ejecutivo. Aunque existe la casuística.

En el anterior Consejo, el que presidía Carlos Dívar, tampoco hubo acuerdo sobre la ley del aborto (la que aprobó el PSOE y que ahora pretende derogar el PP). En esa ocasión, y como hecho insólito, el Poder Judicial optó por no enviar ningún informe al Ejecutivo. El voto de Dívar, en contra de la ley de plazos, derivó en un empate a diez entre los vocales y una abstención.