El Gobierno vuelve a evaluar su reforma de la Administración

Desde que presentó la reforma de la Administración, a mediados de 2013, el Gobierno ha ido publicando sucesivos informes para demostrar que su iniciativa no se va a quedar en meras recomendaciones a las comunidades autónomas, (como las de supresión de los Defensores del Pueblo o los Tribunales de Cuentas). Es una de las obsesiones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que cree que los cambios que está promoviendo para eliminar burocracia y conseguir ahorros unificando la contratación del Estado no están calando en la opinión pública.

Periódicamente su ministerio envía a Consejo de Ministros informes con el seguimiento de las 219 medidas que se han puesto en marcha y que, según los cálculos del Gobierno, apenas detallados, suponen un ahorro de 7.000 millones de euros. Entre ellas hay algunas muy avanzadas, como la contratación centralizada de algunos servicios, la tarjeta sanitaria única o las licencias de caza y pesca. Sin embargo, de lo que menos habla el Gobierno es de que el verdadero "ahorro" en la administración se está consiguiendo con el recorte del capítulo 1, en gastos de presonal, por la no reposición de efectivos.

El último informe se dará a conocer este viernes en la reunión del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. En el último recuento, del 17 de enero, las Administraciones certificaron haber reducido el tiempo medio de pago a los proveedores a los 35 días.

El estudio se da a conocer un día después de que el Congreso rechazase, con el rodillo de los votos del PP, la propuesta del PSOE, apoyada por UPyD, de abrir una ronda de comparecencias para escuchar a miembros de algunos de los organismos que se van a ver afectados por el proyecto de ley de racionalización del sector público. El objetivo de la norma es suprimir, extinguir o integrar organismos públicos para lograr un ahorro estimado de 33,5 millones de euros

La portavoz del PSOE, Meritxell Batet defendió que sería interesante conocer de "primera mano" la opinión de responsables de algunos de los organismos que representan a la sociedad civil y que van a sufrir cambios cuando la ley que ahora tramita el Congreso entre en vigor. La negativa popular se entendió en la oposición como miedo del Gobierno, “por pura inseguridad”, a someter el texto a valoración pública.