Los hoteleros piden 21 años de cárcel para Gerardo Díaz Ferrán

La investigación judicial que ha desarrollado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán y contra su compinche, Ángel de Cabo, quien le ayudó a ocultar su vasto patrimonio para no pagar a sus múltiples acreedores, ya ha concluido. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya tiene sobre su mesa el primer escrito de acusación sobre este caso: el de los grupos hoteleros que se querellaron contra Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual (ya fallecido) por dejarles deudas de 40 millones de euros.

Los querellantes (la cadena Melià, Viajes Iberojet y AC Hoteles) solicitan para Díaz Ferrán, quien se halla en prisión por esta causa desde diciembre de 2012, un total de 21 años de cárcel; y 23 para De Cabo (una suerte de conseguidor que, al igual que hizo con el grupo empresarial de la familia Ruiz Mateos, fingió comprar al expresidente de la patronal todos sus bienes (actuaron en connivencia) para bloquear o dejar sin eficacia los concursos de acreedores que tramitaban juzgados mercantiles de Madrid a los que habían acudido los acreedores intentando cobrar al menos una parte del dinero que se les debía.

Los querellantes atribuyen a Díaz Ferrán, codueño del Grupo Marsans, delitos continuados de insolvencia punible y apropiación indebida, y a De Cabo los mismos, aunque a este le añaden otro delito, el de ser cabecilla de una organización criminal tendente a ocultar patrimonios de empresas en crisis. Es decir, ser el líder de una organización cuyo cometido era, según las pesquisas, esquivar la acción de los jueces cuando una empresa cae en quiebra, simulando ser él el nuevo dueño con la finalidad de desvalijarla y repartirse parte del dinero con los dueños de la firma quebrada. Para Ivan Losada (uno de los delfines de De Cabo, que fingía haber comprado las nuevas empresas y se colocaba como nuevo administrador), los querellantes le piden 20 años de prisión. En total son once los acusados, entre los que también se halla un hijo del expresidente de la CEOE, para quien esta acusación reclama 15 años de prisión, en este caso por colaborar en la ocultación del patrimonio de su padre.

Los hoteleros señalan en su escrito de acusación que a comienzos de 2009, las empresas de Díaz Ferrán entraron en una grave crisis y dejaron de atender las deudas que mantenían con sus principales acreedores, entre ellos la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Siempre según este escrito, Díaz Ferrán y su socio (ya fallecido) empeñaron en esa época su palabra de pago con estos grandes grupos hoteleros para que siguieran prestándole servicios. Incluso ofrecieron sus patrimonios como garantía personal. Este compromiso de pago lo tradujeron en la entrega de numerosos pagarés que jamás abonaron. Les debían 40 millones de euros. Estos grupos hoteleros son los que interpusieron la querella que derivó en el encarcelamiento del expresidente de los patronos españoles.

Durante 2009 y 2010, Díaz Ferrán y su socio acumulaban deudas cercanas a los 420 millones de euros, según acreditan los querellantes. Ante esta situación, éstos y otros acreedores (entre ellos, el grupo NH Hoteles, así como los miles de empleados de Viajes Marsans) comenzaron a exigir sus deudas en los tribunales y se abrieron concursos de acreedores en juzgados de Madrid. Al percatarse de los concursos, Díaz Ferrán, su hijo y Gonzalo Pascual, que conocían la situación de insolvencia de sus empresas, empezaron a negociar en los meses de abril y mayo de 2010 con el abogado Ángel de Cabo y el testaferro de éste Iván Losada. La intención, esconder los bienes.  Así, alcanzaron un acuerdo delictivo entre ellos "cuyo propósito último era ejecutar el vaciamiento patrimonial de las empresas y activos", tanto de Díaz Ferrán como los de su familia. Para ello, acordaron transmisiones ficticias de las empresas del grupo Marsans que seguían activas. Para transmitir los bienes efectuaron numerosas escrituras fraudulentas y se inventaron falsas deudas con empresas extranjeras que participaban como supuestas acreedores en el reparto de los bienes de los concursos de acreedores, entre otros mucho tejemanejes delictivos.

Del dinero que lograse salvar de los concursos y de las ventas fraudulentas de activos, De Cabo se comprometió con Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual a entregarles un total de 16 millones de euros, la mitad para cada uno. Al final sólo llegó a darles dos millones.

El acuerdo de Díaz Ferrán con De Cabo no se limitó al vaciamiento patrimonial de las empresas para que no cobrasen los acreedores; también pactaron que el dinero que lograran salvar de los concursos sería desviado a sociedades situadas en paraísos fiscales de Chipre, Malta, Hong Kong, Suiza y Panamá. Los querellantes señalan en su escrito de acusación: “La distintas operaciones que conformaron este proceso consistieron en la creación de contratos falsos para soportar el traspaso de los activos entre las distintas sociedades vinculadas a D. Ángel de Cabo; la apertura de cuentas bancarias en paraísos fiscales; la simulación de deudas o gravámenes en beneficio de sociedades domiciliadas en dichos países; y la emisión de facturas o suscripción de hipotecas que no respondían a operaciones reales. Con ello se conseguía que D. Ángel de Cabo y su organización siguieran controlando el patrimonio detraído del Grupo Marsans y de D. Gerardo Díaz Ferrán y D. Gonzalo Pascual Arias, ocultando la verdadera titularidad del mismo”.

Díaz Ferran tenía dos apartamentos de lujo en el hotel Plaza de Nueva York. Estos dos inmuebles  fueron vendidos en 2011 y 2012 por Díaz Ferrán a pesar de que estaban bajo control judicial en uno de los concursos de acreedores que se seguían en Madrid. La venta se hizo a una sociedad regentada por un ciudadano chino y situada en el Estado de Delaware (paraíso fiscal), por un precio cercano a los diez millones de dólares. Los querellantes creen que el comprador de esos apartamentos tiene vinculación con el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán..