4.500 inmigrantes fueron internados en los CIE de Madrid y Barcelona en 2013

Patricia Johnson paseaba por la Gran Vía de Madrid el 1 de diciembre de 2013 cuando fue interceptada por una pareja de policías. Fue detenida por no tener los papeles de residencia en regla y trasladada al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en la capital. "En ese momento, mi mayor preocupación era mi hijo de diez años, que estaba en el colegio", explica esta madre nigeriana. "Durante los primeros días no pude llamarle, no pude avisar a nadie para que fueran a casa para ver si el niño estaba bien", relataba este martes en un aula de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Ella es una de las 4.500 personas que fueron recluidas en los Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid y Barcelona durante 2013, según la ONG jesuita Pueblos Unidos. Sin conocer los datos del total de internos en toda España en 2013, la cifra supone casi un tercio de los casi 12.000 que fueron recluidas el año anterior.

La organización,  que accede a diario al CIE madrileño, ha realizado más de 1.200 entrevistas a 300 internos en 2013, de los que un 73% eran hombres y un 28% acababan de llegar a España. La mitad carecía de antecedentes penales.

Sus conclusiones y las de la Fundación Migrastudio de Barcelona, que visita el CIE de la Zona Franca, han quedado reflejadas en el informe Criminalizados. Internados. Expulsados, que resalta que la principal razón por la que muchas personas acaban en uno de estos centros —ocho en España— es por carecer de residencia legal pese a llevar muchos años en el país. "Son personas muy arraigadas pero que cuentan con una orden previa de expulsión porque no han podido regularizarse o renovar sus tarjetas de residencia, generalmente por haber perdido su empleo", explica Cristina Manzanedo, abogada de la ONG. De los entrevistados, 221 tenían una orden de expulsión, pero 83 ya habían disfrutado de un permiso de residencia legal anteriormente.

El caso de Patricia es significativo; salió de Nigeria en 2001 y llegó a España en 2005. Por el camino tuvo un hijo. "Llegamos el día de su segundo cumpleaños, y desde entonces vivimos en Parla. Nunca hemos tenido ningún problema", relataba a los micrófonos escondida tras unas gafas de sol que usa para no ser reconocida. Carece de antecedentes penales, como la mitad de los entrevistados, lleva más de siete años en el país, como el 43% de ellos, está a cargo de un menor, como otro 10%, y fue detenida en la vía pública, como 263 de los 300 consultados. "Se sigue arrestando a personas mediante redadas racistas", ha denunciado la ONG en base a este último dato. Solo 37 fueron internados en el CIE tras una denuncia previa.

Pese a que no todos tienen antecedentes penales, la ONG ha advertido de que el discurso de la policía y de Interior criminaliza a los inmigrantes retenidos en los CIE. "Se busca asentar la idea en la opinión pública de que solo se expulsa a delincuentes ilegales y muy peligrosos", ha alertado Manzanedo. También ha asegurado que la policía "infla las cifras", incluyendo meras denuncias o antecedentes policiales.

En base a casos como el de Patricia, numerosas ONG, ahora Pueblos Unidos, han denunciado repetidamente que en España se abusa del internamiento, una medida excepcional según las legislaciones española y europea que incluso requiere autorización judicial previa para ejecutarse. La organización denuncia que más de la mitad de las personas internadas en un CIE nunca llegan a ser expulsadas del territorio español. En 2012 fueron el 52,3%, según la memoria de la Fiscalía Feneral del Estado. En 2013, un 54% fue puesto en libertad en Barcelona y en Madrid, donde aún no hay datos oficiales, la ONG estima que un 37% salieron y un 35% fueron expulsados. Las puestas en libertad se deben a que el juez estima los recursos de los abogados, a la imposibilidad de documentar el país de origen del inmigrante o a que son menores de edad.

Mientras, el coste de mantener los ocho CIE en funcionamiento supuso para las arcas públicas 9,27 millones de euros al año, según el Ministerio de Interior. "Se abusa del internamiento sin que en muchos casos haya perspectivas razonables de que vaya a poder ejecutarse la expulsión", ha declarado la abogada, que también ha asegurado que, de eliminarse estas prácticas abusivas, la población de los CIE se rebajaría notablemente.

Pueblos Unidos también ha detectado casos de personas con necesidades de protección no atendidas: posibles refugiados, menores, enfermos y mujeres víctimas de trata. La ONG asegura que el trabajo de identificación de esta población susceptible de protección no existe, que en los CIE no se da información de asilo y son las ONG quienes informan sobre la posibilidad de pedirlo. "Hemos visto en Motril autos colectivos de internamiento", ha relatado Daniel Izuzquiza, coordinador de Incidencia Pública de Pueblos Unidos. "Hasta 50 personas pasaron a disposición judicial en una vista única de internamiento donde era imposible hacer una valoración de cada caso individual como marca la ley".

¿Quién es responsable del abuso de las órdenes de internamiento? Jueces, policía, Fiscalía y también abogados, según la ONG, a quienes esta hace una serie de recomendaciones hasta que se decrete el cierre de los CIE. A la Justicia, han pedido que las competencias sobre internamiento sean trasladadas de los juzgados de Instrucción a los de lo Contencioso-Administrativo y que se refuerce la formación de jueces desde el ámbito académico. "A veces parece que dictan internamientos a ciegas, sin saber en qué consiste", se ha quejado Izuzquiza.

También han hecho una llamada a la responsabilidad de los abogados de los internos, a los que reprochan no hacer bien su tarea en ocasiones. "Hay casos de inmigrantes con hijos menores a su cargo en los que el letrado ni siquiera ha presentado el certificado de ese hijo", ha añadido Izuzquiza.