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El Defensor pide un protocolo frente a la entrada de sin papeles

Soledad Becerril rechaza las “devoluciones en caliente” y más atención a colectivos vulnerables

El PSOE aplaza la reprobación del ministro del Interior

La Defensora del Pueblo momentos antes de su comparecencia en el Congreso. Ampliar foto
La Defensora del Pueblo momentos antes de su comparecencia en el Congreso. EFE

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha pedido este martes en el Congreso, con tono de exigencia, que no puede quedar a la improvisación la forma en la que se impide que los inmigrantes irregulares entren a España. Urge el dictado de "protocolos de actuación muy claros" para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se ha pronunciado tras los intentos masivos por entrar a España, como ha ocurrido este martes, y el del pasado 6 de febrero cuando murieron al menos 15 inmigrantes ahogados, a punto de alcanzar la playa ceutí del Tarajal.

La Defensora, además, discrepa de la interpretación que se hace desde el Gobierno sobre "la devolución en caliente" de los inmigrantes al lado marroquí. "Solo se puede proceder a la devolución, de acuerdo con la legalidad vigente, con asistencia letrada, que debe tramitar al Cuerpo Nacional de Policía", ha puntualizado. 

El debate sobre la tragedia del pasado 6 de febrero no solo se ha limitado a las peticiones de Becerril. El PSOE ha decidido aplazar la moción que debía debatirse esta tarde en la que se iba a reprobar al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz por los hechos de aquel día. Se da un margen de confianza hasta mañana miércoles para escuchar al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que se ha comprometido a traer toda la documentación e incluso los vídeos completos de la noche y la madrugada como le ha demandado el PSOE y otros grupos.

Una política de inmigración diferente con cambios en España y exigencia a la Unión Europea de que se implique en la solución está en boca de todos los grupos aunque todos la quieren separar de la tragedia del Tarajal. ¿Es un posible pacto de Estado sobre inmigración lo que ha hecho al PSOE aplazar una moción en la que se pensaba pedir la reprobación del ministro del Interior?. Lo niegan. "Estamos dispuestos a hacer un pacto de Estado pero hay que separarlo de la investigación de lo que ocurrió el 6 de febrero cuando el Gobierno mintió sobre los hechos", ha señalado Soraya Rodríguez que quiere alejar toda imagen de retractación de su partido.

Se trata de esperar a la comparecencia del próximo miércoles del secretario de Estado de Seguridad para constatar si se satisface o no todas las interrogantes que existen sobre lo que ocurrió. El ministro ya compareció y dio una versión distinta de la ofrecida por el director general de la Guardia Civil y el delegado del Gobierno en Ceuta. Ahora, hay expectación sobre los nuevos datos que pueda ofrecer el número dos del Ministerio del Interior.

Mientras Soraya Rodríguez, portavoz socialista, anunciaba en la Junta de Portavoces, este aplazamiento de su moción contra el ministro, la defensora del pueblo también en sede parlamentaria exponía las muchas insuficiencias que observa en el tratamiento de los inmigrantes irregulares. De todos en general, y de los "colectivos más vulnerables", en particular, como las mujeres, los menores de edad y los que se quieren acoger a la ley de asilo.

Para Becerril lo más urgente son los protocolos de actuación en España junto a la "necesidad absoluta" de insistir ante la Unión Europea que es un asunto muy suyo al ser España la frontera sur de Europa y se requiere una política común. Y un tercer eslabón, es Marruecos y su relación con España en esta materia. Aunque la cooperación entre ambos países ha mejorado, "no es suficiente", ha afirmado la dirigente del PP.

Asimismo, ha proseguido la defensora, se debe cambiar la situación que se produce cuando los inmigrantes han logrado entrar en Ceuta y Melilla y son internados en los Centros de Internamientos de Extranjeros, (CIEs). Estos lugares "están muy por encima de su capacidad", ha señalado Becerril que los ha visitado personalmente, aunque reconoce su mejora por el aumento presupuestario, en seguimiento de las recomendaciones que se han hecho desde su institución.

Con respecto a este último punto, el Consejo General de la Abogacía ha presentado este martes una nota de prensa donde denuncia el nuevo reglamento de los CIE aprobado el pasado viernes: "[Es] decepcionante, insuficiente y desequilibrado. Lejos de alejarse del modelo penitenciario, consolida la opinión generalizada de que estos centros resultan peor que la peor de las cárceles españolas".

Para este consejo, el texto es insuficiente en el desarrollo de los derechos de los extranjeros internados y la forma de ejercerlos ya que "se limita a reiterar lo que ya dice la Ley, siendo sistemática la fórmula de remitir a la regulación interna de cada centro [por lo que resulta] completamente inútil". Además, el reglamento es desequilibrado porque "dedica un esfuerzo evidente a construir una figura omnímoda: el director del centro, cuyas resoluciones no queda claro a qué instancia superior se someten, en detrimento de las competencias del juez de vigilancia".

Como aspecto positivo, la Abogacía destaca "el reconocimiento del fundamental e indispensable derecho de las personas internadas a la asistencia jurídica de abogado". 

"No se puede regular lo que no debe existir"

Lola Hierro

"No se puede regular lo que no debe existir". Este es el mensaje que los principales colectivos de defensa de los derechos de los inmigrantes han lanzado tras la entrada en vigor del reglamento de regulación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). La norma, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, supone "un intento de legalizar la vulneración de derechos de las personas internadas", ha afirmado Irene Ruano, portavoz de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, en una rueda de prensa este martes en Madrid.

El nuevo reglamento consolida el modelo de gestión policial que ya existía dejando al Cuerpo Nacional de Policía como el principal garante de los derechos y libertades de las personas, ha denunciado Ruano. Además, supone importantes retrocesos respecto a las resoluciones de los Juzgados de Control y abre la puerta a la privatización en la gestión de determinados servicios por parte de ONGs. "Otorgará la contratación de servicios a organizaciones que, a cambio de su silencio, recibirán miles de euros", ha denunciado Esperanza de Pinedo, de la ONG Ferrocarril clandestino. "Nuestro papel debe ser el de continuar con la labor de denuncia constante de cualquier violación de derechos que ocurra en los centros hasta conseguir su cierre", ha aseverado.

El texto final ha pasado por alto gran parte de las observaciones realizadas por el Consejo de Estado. El Reglamento permite el encierro en los CIE de personas vulnerables como discapacitados, mujeres embarazadas o padres solos con hijos menores. Se generaliza la posibilidad de que la policía porte armas de fuego en el interior de los centros, mientras que la normativa penitenciaria limita su uso a situaciones excepcionales. Las ONG y colectivos sociales también resaltan que no se garantiza el acceso a la sanidad las 24 horas del día, que están restringidas las visitas de familiares, que se contempla el desnudo integral para realizar cacheos y que las salas de inadmisión de los aeropuertos fronterizos siguen excluidas del reglamento. Tampoco se garantiza la instalación de cámaras de videovigilancia, una de las principales peticiones de estos colectivos para aclarar casos de posibles agresiones o violaciones de los derechos de los internos.

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