El Gobierno acepta mantener sin límites la asistencia médica en los CIE

El Gobierno ha aceptado las observaciones del Consejo de Estado sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) después de que el órgano consultivo remitiera al Ejecutivo el dictamen sobre el reglamento de estos centros de estancia de inmigrantes. La recomendación principal reclama que se garantice el derecho a la asistencia sanitaria, sin limitaciones ni restricciones, a los extranjeros que están a la espera de ser expulsados. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el texto que regula el funcionamiento de estas instituciones. El reglamento es un imperativo de la Ley de Extranjería de 2009 que debería llevar en vigor, al menos, desde 2010 y que quedó pendiente en la última legislatura de gobierno socialista.

Tras la llegada de Jorge Fernández Díaz al Ministerio del Interior, se retomó la elaboración del texto, con un proceso consultivo que se ha demorado casi dos años y en el que han participado desde departamentos ministeriales hasta ONG, pasando por organismos como el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial o la Abogacía Española.

El último organismo en pronunciarse, como es preceptivo, ha sido el Consejo de Estado, que emitió un dictamen con toda una batería de recomendaciones y una sola observación esencial: que se garantice el derecho de los inmigrantes recluidos en los CIE sin los condicionantes que preveía el proyecto de reglamento. El Gobierno ha decidido incorporarla.

La principal objeción al reglamento, que formula el Consejo de Estado en su informe de 66 páginas, es que este estipula que los internos recibirán “asistencia médica sanitaria adecuada cuando sea necesaria a criterio de los Servicios Médicos (…)”. Estos, recuerda, “no están disponibles día y noche, laborables y festivos”.

Por tanto “no resulta aceptable que el reglamento, al configurar los derechos de los internos, introduzca limitaciones o restricciones (…) en un ámbito en el que está en juego la salud e incluso la vida de los extranjeros”. Exige que se suprima ese inciso del reglamento. De no ser así no permitirá utilizar la fórmula “de acuerdo con el Consejo de Estado” cuando se aprueba el decreto.