Dilema en F.

Bildu fue incapaz durante más de 24 horas de condenar el vandalismo que arrasó Bilbao el lunes en protesta por la celebración en la ciudad del Foro Global España 2014. Es la más reciente expresión de la comprensión hacia comportamientos fanáticos que suele mostrar y a veces encarnar una izquierda abertzale que todavía se resiste a exigir a ETA su disolución sin contrapartidas. Reconocer que el fin de la violencia es un cambio esencial no dispensa de criticar y combatir políticamente los componentes impositivos y antidemocráticos que sobreviven en la ideología y actitudes de los herederos de Batasuna, y que impiden considerarles un partido como los demás. Pero no se combaten del mismo modo que cuando el objetivo era conseguir la renuncia a la violencia. Responder a sus desafíos con la propuesta de nueva ilegalización no solo tendría difícil justificación, tras el cese del terrorismo, ante la opinión internacional, sino que es una forma de renunciar a asumir responsabilidades más perentorias.

En materia de pactos, por ejemplo. El Comité Regional del PSN decide hoy sobre su actitud ante la posible moción de censura contra la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. Esa censura solo puede prosperar si cuenta con el respaldo de los diputados de Bildu, lo que es visto con aprensión por la dirección del PSOE; por razones de principio, y también pragmáticas, dada la previsible utilización que el PP hará de esa circunstancia en la campaña para las europeas.

Ferraz teme una disidencia a la catalana en el PSN; pero teme más los efectos de un pacto con Bildu

El PSN ha intentado esquivar el asunto excluyendo a Bildu de su ronda de contactos con los grupos del Parlamento navarro. Pero la cuestión no es con quién se habla sino que la iniciativa de la moción implica automáticamente contar con Bildu.

Hay argumentos para justificar esa excepción a la regla general, pero no es válido el de que se trata de la respuesta inevitable a la corrupción denunciada por la secretaria de Hacienda; sobre todo porque lo evidenciado en la comisión de investigación no es suficiente motivo para mantener una medida tan extrema como una moción de censura. Esto debería haber bastado para retirar esa propuesta.

Pero la flecha ya estaba en el arco y para justificar su lanzamiento han pasado a primer plano otros argumentos: el descrédito de la presidenta por asuntos como el de las dietas de Caja Navarra, y el bloqueo político que resulta de un Gobierno en minoría (desde la ruptura del pacto con el PSN, en 2012) y una oposición muy fragmentada y cuyas iniciativas son neutralizadas por recursos del Ejecutivo.

Esto hace que la conveniencia del adelanto electoral sea compartida incluso por una parte de UPN. De ahí la hipótesis de que sea la propia presidenta quien convoque elecciones adelantadas. ¿Sería imposible un acuerdo UPN-PSN que incluya esa convocatoria y un compromiso de pacto de legislatura ulterior? ¿Lo sería si ello requiriera cambiar de candidato en ambos partidos? ¿O sería pedir peras al olmo?