40 años sin verdugos

Cobraban, en los últimos años como “ejecutores de sentencia”, 84.000 pesetas (504 euros) anuales, repartidas en 12 mensualidades a las que se sumaban las pagas extra de Navidad y del 18 de julio. Por cada ejecución, se les pagaban 500 pesetas (tres euros) y, además, recibían un subsidio familiar.

Los verdugos que estaban en activo el 2 de marzo de 1974, cuando se llevó a cabo la última ejecución con garrote vil de la que se acaban de cumplir 40 años, fueron contratados, en la mayoría de los casos, tras una convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado en 1948. Tal como cuenta Juan Eslava en su libro Verdugos y torturadores, fue tras esa convocatoria cuando Antonio López Sierra, “peón de albañil en paro, con antecedentes penales, aunque últimamente se había enmendado y se llevaba bien con la policía, de la que era confidente” accedió al puesto. Él fue quien acabó con la vida del anarquista Salvador Puig Antich.

El Tribunal Supremo conserva, como herencia de la antigua Audiencia de Madrid que dictaba las órdenes de ejecución, tres aparatos de garrote vil. Uno de ellos fue expuesto por primera vez en 2007 pero solo es visible cuando se celebran jornadas de puertas abiertas. El otro permanece en el archivo del tribunal. El tercero no está en el edificio, ya que fue cedido para una exposición y aún no ha sido devuelto.

Probablemente uno de estos aparatos fue el que López Sierra se llevó hasta la cárcel Modelo de Barcelona, donde Puig Antich fue ejecutado. Sin embargo, no existe ningún registro de las ejecuciones que se cometieron con cada aparato. Sí estaban dispuestos, tal como permanecen ahora, en unas pesadas maletas de madera para que los verdugos transportaran la argolla atravesada por un tornillo que, al girarlo, causaba la rotura del cuello. En el lugar de destino, se montaba el patíbulo. Algunos verdugos ponían papel de periódico en el asa para no dañarse los nudillos. Y así se han quedado.

De lo que sí se tiene certeza es de que el polaco Heinz Chez (en realidad era alemán y su verdadero nombre era Georg Michael Welzel), que fue ajusticiado el 2 de marzo de 1974 en la cárcel de Tarragona, no lo fue con uno de estos garrotes. En el mismo libro, Eslava muestra la foto del aparato que fue llevado desde Sevilla, entre trapos. El verdugo oficial de Barcelona no estaba disponible porque en aquel momento estaba cumpliendo condena por estupro.

Fernando VII fue quien, en 1832, eligió el garrote vil como método para ejecutar las condenas a muerte para “conciliar el último e inevitable rigor de la justicia con la humanidad”, según justificó y dadas las largas agonías que provocaba la horca.

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”, señala la Constitución que se puede leer ahora junto a uno de los garrotes que conserva el Supremo.