El final de ETA rebaja los conflictos protagonizados por sus presos

El cese definitivo de la actividad violenta de ETA y el fin de la aplicación retroactiva de la llamada doctrina Parot han reducido a niveles desconocidos hasta ahora la conflictividad de los presos de la banda terrorista, según fuentes judiciales. Los expedientes disciplinarios abiertos al aproximadamente medio millar de reclusos de la banda, que alcanzaron más de 3.000 en el año 2010, justo antes del atentado contra la T-4 de Barajas que marcó la ruptura de la última tregua de ETA, se redujeron el año pasado a poco menos de 800, según las mismas fuentes de la Audiencia Nacional.

En las prisiones, especialmente en las del norte de España en las que están los presos menos conflictivos, la situación es de “normalidad y tranquilidad”, según el magistrado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia José Luis de Castro. “No se aprecia un aumento de la actividad sancionadora”, añade. De Castro y la magistrada de apoyo María Reyes Jimeno realizaron hace dos semanas una gira de visitas por los centros penitenciarios de Logroño, Burgos, Teruel, Zuera y Daroca (Zaragoza). Allí se entrevistaron con los presos que lo solicitaron y posteriormente con el equipo técnico de cada prisión.

No se conocía una época de calma parecida desde que el Gobierno de José María Aznar acercó a parte de los presos al País Vasco y trasladó a la península a los reclusos internados en Canarias. Los plantes de los reclusos, que eran constantes antes de la última tregua rota por ETA y que tenían como objetivo, según fuentes jurídicas, tanto la protesta como “servir a una estrategia de colapso de los juzgados y de los centros penitenciarios”, han disminuido sensiblemente.

Los presos de la banda parecen estar preparando el terreno para comenzar a pedir traslados a cárceles próximas al País Vasco después del comunicado del pasado 28 de diciembre en el que el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas en euskera) reconocía el daño causado por sus acciones —aunque le ponían la apostilla de “multilateral”— y admitían la legalidad penitenciaria como paso previo a solicitar el acercamiento. Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias señalan que hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud de traslado, al igual que tampoco han llegado solicitudes de suspensión de condena por enfermedad o por edad.

El pasado 15 de febrero, el EPPK anunció el inicio de las peticiones de manera progresiva e individual. El trámite se realiza por la vía administrativa ante Instituciones Penitenciarias y en caso de que haya desacuerdo con la resolución que emita este departamento, el recurso ya entraría por vía judicial, bien ante los juzgados territoriales donde se ubique la cárcel de origen del recluso —en el caso de los traslados— bien ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional para las demandas de suspensión de pena.

Según fuentes judiciales, la conflictividad se ha reducido en gran medida y las peticiones de los presos etarras son similares a las del resto de los reclusos. Las protestas colectivas, habituales cuando la banda estaba activa en todos sus frentes, prácticamente han desaparecido en los últimos meses. Una de las reclamaciones más frecuentes en estos momentos y que hace pensar a los expertos que se avecina un goteo de peticiones de traslado es la de poner al día los expedientes con el cómputo de pena.

Fuentes penitenciarias apuntan que la serenidad reinante en las prisiones, sobre todo en las del norte, muestra que los presos buscan tener su expediente individual “limpio” ante las peticiones de traslado. Incluso algunos presos que antes había rechazado expresamente el cómputo de redenciones de condena, ahora las solicitan, en especial tras la derogación de la doctrina Parot por el tribunal de Estrasburgo.