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COLUMNA

Derecho a saber

¿Sabía el presidente del Gobierno cuando fue interpelado en el pleno del Congreso de los Diputados quién había dado la orden de que se dispararan balas de goma al mar en el momento en que los inmigrantes subsaharianos intentaban alcanzar la costa? Parece fuera de toda duda que, después de dos semanas de que ocurrieran los hechos, tenía que saberlo. El interrogante entonces pasa a ser el siguiente: ¿Puede negarse a contestar la pregunta y ocultar esa información al Congreso de los Diputados, que es el órgano representativo en el que se expresa de manera institucionalizada la soberanía popular?

El sistema parlamentario descansa en el derecho a preguntar de los parlamentarios y la obligación de responder del Gobierno. Sin la conjunción de ese derecho del Parlamento a preguntar y la correlativa obligación del Gobierno a responder, el sistema parlamentario es una fórmula vacía. El Parlamento es el órgano a través del cual la sociedad se autodirige políticamente. Para ello tiene que obtener información, procesar dicha información y traducirla en norma jurídica o decisión política. Si se le impide el acceso a la información, la fórmula de gobierno parlamentaria se convierte en una farsa.

El Gobierno no puede ocultar información sobre Ceuta al Congreso

Obviamente el derecho a preguntar no puede extenderse a todo. La pregunta a la que el Gobierno tiene obligación de responder tiene que ser políticamente relevante para la formación de la opinión pública y no para satisfacer la curiosidad del interpelante o alimentar el morbo en la ciudadanía. Pero si la pregunta es relevante y está formulada en los términos apropiados, el parlamentario que la formula tiene derecho a hacerla y el Gobierno tiene la obligación de responderla.

Desgraciadamente nos estamos deslizando por una pendiente que nos conduce a la degradación del sistema parlamentario. Más allá de lo ocurrido en el pleno del Congreso sobre la muerte de 15 inmigrantes en su intento de acceder a España por el mar, no se puede ir. Estamos ante un caso perfectamente delimitado en el tiempo y en el espacio. De una relevancia política indiscutible. La sociedad española tiene derecho a saber a través de sus representantes qué es lo que ha pasado y por qué. Y ello exige que se pueda preguntar y que se tenga que responder.

No se puede desconocer que sobre el incidente se ha abierto ya una investigación judicial, pero ello no es obstáculo para que Congreso no aborde políticamente el tema. El poder judicial no es un instrumento de dirección política de la sociedad, como lo es el Parlamento. La verdad judicial llegará cuando llegue, tras la instrucción y el juicio con todas las garantías si de la instrucción resulta que hay indicios de responsabilidad penal y que tiene que abrirse un juicio contra quien sea. Pero antes de ese momento la sociedad tiene derecho a saber a través del Parlamento cómo han actuado el Gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad, qué conclusiones se han sacado de dicha actuación, qué hay que hacer para evitar que lo ocurrido vuelva a ocurrir, etcétera.

El derecho a saber en sede parlamentaria es lo primero. Después viene todo lo demás.