Los fichajes de la cazatalentos Aguirre acaban en Suiza

El mayor talento de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, exministra de los Gobiernos de Aznar y primera mujer al frente del Senado, no es la habilidad para atraer la atención mediática –que la tiene-, sino la formidable capacidad para reescribir a su conveniencia el relato político. Así se explica que la todavía “lideresa” del PP en Madrid se permita dar lecciones de democracia interna y cuestionar la designación del candidato de su partido en Andalucía, Juan Manuel Moreno, criticando el “dedo divino” que lo ha puesto en el cargo y a la vez asista sin inmutarse a la caída a cuentagotas de sus hombres de confianza. Como si sus propios dedos divinos no fueran los que un día los señalaron para cargos de alta responsabilidad en sus Gobiernos o en su partido.

La última pieza de esta cacería de extalentos políticos en la que parece haberse embarcado la ahora empleada de una empresa de cazatalentos es el senador y diputado autonómico Francisco Granados, que ha anunciado que deja sus escaños en el Senado y la Asamblea de Madrid tras conocerse que tenía una cuenta con 1,4 millones de euros en Suiza. Mientras él tomaba la única salida digna posible, su antigua mentora hacía escarnio y explicaba en Antena 3 que en su día lo destituyó por ser el autor de una filtración. Es decir, que no pesó el hecho de que se negara a ser el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y le dijera que no a la todopoderosa presidenta, sino que era una persona de la que ella no se podía fiar. Lo destituyó tras las elecciones de 2011, según su versión, por una filtración, aunque sobre Granados pesaban sospechas de corrupción desde 2006.

La hoja de servicios a mayor gloria de Aguirre del que fuera su mano derecha en el partido muestra de todo menos esa desconfianza sobrevenida. Granados no solo ha sido el secretario general del PP de Madrid y, por tanto, el hombre que buscó por toda España los avales que necesitaba la expresidenta para enfrentarse a Mariano Rajoy en el congreso de Valencia de 2008, y que nadie quiso dar. Ha sido también uno de los hombres fuertes de los Gabinetes de Aguirre como consejero de Presidencia, Justicia, Interior y Transportes. Fue a quien ella colocó para presidir la comisión del tamayazo –que se abrió en el verano de 2003 para investigar por qué dos diputados socialistas no habían acudido a la votación que debía poner a la izquierda al frente de Madrid- con la buscada intención de ofrecer un perfil de ética y ecuanimidad en aquellos días de escándalo político mayúsculo. Eso permitió al PP dar carpetazo a este feo asunto sin bajas graves.

Después, Francisco Granados fue el jefe de la campaña autonómica de 2007, la primera en la que el PP arrasó y logró quitarse de encima las acusaciones de malas artes electorales.

En aquella campaña, Granados compartió responsabilidades con otro hombre de confianza de la presidenta, que también ha caído ya. Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y hoy imputado en el caso Gürtel, cobró durante al menos cinco años mordidas del 10% por cada acto de la lideresa. Un hombre tan cercano a la presidenta que, como viceconsejero de Presidencia, durante años y ante el enorme enfado de sus propios compañeros de filas, fue el único que recibía un sobresueldo por tener escaño en la Asamblea. Su única obligación era ir a votar tres tardes al mes.

Aguirre llevó a López Viejo a su Gabinete, desoyendo las numerosas voces que, incluso de dentro del propio Gobierno, le advirtieron, primero, de que la gestión que había hecho él en el Ayuntamiento tenía muchas sombras, y, después, de sus irregulares manejos en las cuentas regionales.

Pero de ser el hombre que, preocupado por el estilismo de Aguirre, era el primero en conocer el color de sus vestidos para que las traseras de los mítines fueran a juego, pasó al rango de apestado tras la imputación. “No era en absoluto hombre de mi total confianza", le dijo sin inmutarse Aguirre al juez Pablo Ruz, el instructor, durante su testimonio por escrito el pasado diciembre.

Similar trató prestó la presidenta del PP a Benjamín Martín Vasco, otro de los cargos del PP implicado en la trama Gürtel, a quien dejó desde entonces de saludar por los pasillos de la Cámara. Un hombre que, para no ser de la confianza de Aguirre, fue el portavoz adjunto del grupo popular en Madrid hasta que el juez lo imputó. Como tal, daba ruedas de prensa en nombre de los diputados del PP –entre los que figuraba la propia presidenta- y su ascendencia era tal que cuando estalló el caso de los espías (los seguimientos a cargos del PP críticos con la entonces presidenta pagados con fondos públicos y ejecutados por ex guardias civiles contratados como asesores por el consejero Granados) fue el elegido para presidir la comisión de investigación que se abrió y se cerró de un plumazo en el Parlamento, pese a que la causa judicial sigue abierta. De nuevo, Aguirre había señalado con el dedo a un hombre que inspiraba en sus filas imparcialidad y rectitud. Vaya ojo.

Pero la lista no se cierra con la marcha de Granados. La irregular compra de un ático en Marbella (Málaga) ha puesto también bajo sospecha al sucesor de Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cuya esposa, Lourdes Cavero, está imputada, en contra del criterio de la fiscalía, en la investigación por blanqueo y delito fiscal. Si González termina imputado, la lideresa no podrá ya padecer amnesia política.