La vicepresidenta navarra demanda a la exdirectora de Hacienda

El abogado de Lourdes Goicoechea, consejera navarra de Economía y Hacienda, ha presentado en el juzgado una solicitud para un acto de conciliación previo a una demanda contra la que hasta hace menos de un mes era una de sus personas de confianza, Idoia Nieves, ex directora gerente de la Hacienda Foral. El motivo principal de esta demanda es la acusación que Nieves realizó en el Parlamento navarro el pasado martes sobre un intento de la consejera de favorecer en 2011 a las empresas a las que asesoraba antes de entrar en el Gobierno que preside Yolanda Barcina (UPN).

Otro de los episodios relatados por Nieves es la solicitud de información por parte de la consejera sobre retribuciones de consejeros de Caja Navarra y sobre pagos y cobros con proveedores externos a esa entidad financiera. Nieves afirma que Goicoechea señaló que la solicitud se debía al interés de la presidenta por conocer las retribuciones de la consejera. Yolanda Barcina señala a EL PAÍS que su interés se debía a conocer cuáles eran concretamente las cantidades percibidas por ella para devolver las correspondientes a la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, el órgano que fue objeto de investigación judicial por parte de un juzgado de instrucción de Pamplona. Barcina anunció que devolvería las dietas en marzo de 2013, aunque Nieves fecha la petición de información un mes después.

Sobre este asunto, la consejera Goicoechea señaló el miércoles pasado que realizó esa petición para responder las peticiones de información que le llegaban de los distintos grupos parlamentarios. Afirma que Nieves le contestó que no la podía facilitar y al poco tiempo le envió un documento interno del Servicio de Fiscalidad para justificar esta negativa. Ese informe señala que solo se podría facilitar esa información si la solicita un juez.

Idoia Nieves comunicó su dimisión como directora de Hacienda el 20 de enero mediante una carta enviada a la consejera Goicoechea y a los miembros de su equipo. En ella, citaba como una de las principales causas de su decisión el retraso de las devoluciones del IVA a las empresas y autónomos. La decisión la tomó el Gobierno para cumplir el objetivo de déficit en 2012, manteniendo mayor liquidez al final del año de la que hubiera tenido de haber realizado las devoluciones a tiempo. La exdirectora cifra entre 33 y 42 millones de euros el impacto negativo en la regularización de marzo de 2013 y señala que se incumplieron los plazos legales de devolución, marcados en seis meses.

La normativa marca intereses de demora para los contribuyentes que reciban esta devolución más tarde de esos seis meses, lo que fue asumido por el Gobierno navarro ya que, según dijo, sería mucho más negativo para la comunidad no cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que la calificación de la deuda navarra habría bajado dos escalones.