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INFORME DE LA ONG

Human Rights denuncia devoluciones irregulares de subsaharianos en Melilla

La ONG sostiene que la policía incumple la legislación de la UE sobre protección de inmigrantes

Concentración convocada por SOS-Racismo por la muerte de al menos 15 subsaharianos que intentaban entrar en Ceuta. Ampliar foto
Concentración convocada por SOS-Racismo por la muerte de al menos 15 subsaharianos que intentaban entrar en Ceuta. EFE

Un nuevo testimonio ahonda en las expulsiones irregulares de inmigrantes subsaharianos por la Guardia Civil en Melilla. Al de las ONG españolas, como Prodein o CEAR, al del Defensor del Pueblo, se añade ahora el de la estadounidense Human Rights Watch (HRW) dedicada a la defensa de los derechos humanos.

Once de los 15 inmigrantes entrevistados en Melilla por HRW aseguraron que “las autoridades españolas les devolvieron a las marroquíes sin averiguar si necesitaban protección internacional”. Los otros cuatro entrevistados también fueron expulsados de España, pero sin ser entregados a las fuerzas de seguridad marroquíes. En el primer grupo había cinco menores. Todos ellos lograron penetrar de nuevo más tarde en la ciudad autónoma.

“Al actuar así la Guardia Civil contraviene las obligaciones de España derivadas de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que incluye el derecho a solicitar asilo, y la directiva de devolución de la UE” que establece unas mínimas reglas comunes para la gestión de los flujos migratorios irregulares.

La acusación de HRW contra la Guardia Civil se añade a la de ONG españolas que le reprochaban incumplir la ley de extranjería que estipula que todo aquel que entre irregularmente en España será conducido “con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría” de policía “para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución”. Tendrán “derecho a la asistencia jurídica, así como a la asistencia de un intérprete”.

“Las expulsiones sumarias [desde Melilla] ponen a los inmigrantes en riesgo de padecer más violencia”, prosigue HRW. “Es razonable pensar que las autoridades españolas deben de ser conscientes de que los emigrantes corren el riesgo de ser maltratados si caen en manos de las autoridades de Marruecos”, añade.

La ONG estadounidense también entrevistó a dos menores de 14 y 17 años que, pese a estar hospedados en el centro de La Purísima Concepción de la ciudad de Melilla, que les tutelaba, fueron trasladados, según su relato, por la policía hasta la verja y allí entregados a la Guardia Civil que abrió una portezuela y les puso en manos de los marroquíes.

Ahmed, de 17 años, contó a los investigador de HRW cómo los “funcionarios españoles vieron desde su lado de la frontera a los guardias marroquíes que les golpeaban después de que cayeran en sus manos”. Desde un punto de vista jurídico los atropellos cometidos por las autoridades españolas contra los menores son aún más graves, sostiene la ONG.

En sus conclusiones HRW insta al Gobierno español a “poner fin al retorno forzoso a Marruecos” de subsaharianos hasta que ese país “demuestre que está en condiciones de proteger de manera sistemática a solicitantes de asilo y refugiados y de ofrecer un trato humanos a los migrantes”.

También le pide que se asegure de que la Guardia Civil “recurra únicamente a un uso mínimo y proporcional de la fuerza” y, sobre todo, de que “se abstenga de emplear la fuerza ilegítima contra menores (…)”.

En su informe de 2008 el Defensor del Pueblo ya señalaba que “un menor y un adulto que fueron devueltos a Marruecos [desde Ceuta] sin la incoación de procedimiento alguno”. “(…) el menor fue atendido en el hospital de Tetuán y trasladado posteriormente a la frontera con Argelia, siendo deportado junto a su acompañante”, proseguía. “(…) el adulto intentó solicitar asilo desde que fue rescatado del agua por la Guardia Civil de Ceuta, sin que su petición fuese atendida”.

La que más sistemáticamente ha denunciado las expulsiones irregulares, sobre todo de menores, ha sido la ONG melillense Prodein. El pasado fin de semana hizo de nuevo público un vídeo, rodado en agosto de 2013, en el que se ve como una pequeña lancha de la Guardia Civil recoge a dos inmigrantes nadando en aguas de Melilla, les conmina a agarrarse a su embarcación y les traslada a la fuerza hasta la costa marroquí. Les deja a varias decenas de metros de la orilla.

La semana pasada el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió, por primera vez, que puede haber casos “esporádicos” en los que la Guardia Civil expulse de la ciudad en caliente a inmigrantes a través de una puerta de servicio de la verja, es decir, incumpliendo la ley de extranjería.

Contradijo así al director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y al delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik el Barkani, que el pasado otoño lo negaron rotundamente. El Barkani aseguró después a la prensa local que las palabras de Fernández Díaz en Madrid habían sido malinterpretadas.

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