El azote del corrupto valenciano
Una asociación que denuncia los excesos del poder se ceba con Alberto Fabra Impulsa una querella contra la mano derecha del presidente de la Generalitat
Solo tres minutos tardó Enrique Soriano Tapia en rechazar la oferta. Una voz anónima le extendía un cheque en blanco. Dinero por cerrar la Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana que preside. El protagonista de esta historia desconoce quién marcó su móvil en septiembre. Pero cree que, de aplicarse un principio básico de la investigación criminal —a quién beneficia la desaparición—, surgirían varios nombres. La minúscula organización que creó hace diez meses para apartar las manzanas podridas del poder se ha convertido en el martillo del presidente valenciano Alberto Fabra. Un día airean que su consejero de Gobernación, Serafín Castellano, enchufó supuestamente a una treintena de familiares y militantes del PP. Otro, que la abogada de la Generalitat gastó 7.000 euros en móvil. Y un tercero impulsan una querella por malversación para condenar que el dinero público costeó hoteles de la asesora más próxima al barón popular, Esther Pastor. “En Valencia estamos desbordados”, proclama Soriano, que dice tener intervenido uno de sus dos móviles.
Fue el hastío lo que empujó a este sexagenario a montar su cruzada contra el político deshonesto. Se le ocurrió durante un almuerzo con una veintena de amigos. EL PAÍS había publicado la contabilidad secreta del extesorero del PP Luis Bárcenas. Y los tribunales autonómicos concentraban las investigaciones del caso Gürtel, del saqueo millonario de la principal depuradora de Valencia o del presunto pelotazo urbanístico que hostiga desde hace tres años a la alcaldesa popular de Alicante, Sonia Castedo.
Soriano cree que para ver la paja en el ojo ajeno hay que tener la vida solucionada. Se dedica a comprar maquinaria de constructores españoles atenazados por las deudas y venderla en Brasil. Factura un millón al año. Y solo le desvela que uno de sus dos hijos, veterinario de formación, hiciera las maletas rumbo a Inglaterra. Él recorrió Polonia, Rumania y Ucrania en 2007 cuando olfateó el desplome del titán inmobiliario.
Enrique Soriano fundó la organización tras la publicación de los papeles de Bárcenas
Para levantar las alfombras, llamó al gestor Antonio Hinojo un amigo que le asesoró hace dos décadas en su antigua empresa de mantenimiento de barcos. Alquilaron por 400 euros un despacho de 25 metros a las afueras de Valencia. Y colgaron un cartel con unas siglas, AC. Hoy, la asociación dice tener un presupuesto de 7.000 euros y 40 socios. Ocultan su identidad para “evitar represalias”.
Su jornada laboral dura tres horas diarias. Arranca con la lectura de la prensa. Después, llegan las reuniones con los cuatro abogados que esta semana ultimaban cinco nuevas querellas contra el entorno de Fabra. Una vez por semana viajan a Madrid para despachar con los letrados del pseudosindicato Manos Limpias, sus aliados. Han aprendido derecho por obligación. “Yo antes no sabía qué era un imputado. ¿Por qué un diputado es aforado?”, se pregunta Soriano, que no milita en ningún partido.
A la puerta del número 26 del acristalado edifico Géminis tocan cada semana sus clientes. La ingeniera agrónoma Paloma Coiduras acudió en julio para advertir de un presunto fraude en la concesión de ayudas comunitarias. La Fiscalía Anticorrupción pidió información a la UE. Y ahora Coiduras, funcionaria de carrera, se siente aislada en la Consejería de Agricultura de la Generalitat. “Me han apartado”, se queja. Una sensación de rara avis que también comparte la concejal del municipio valenciano de Carcaixent Ana Calatayud. Ella visitó la asociación hace tres semanas para denunciar “una rebaja de 80.000 euros” a una empresa en una licencia de obras municipal.
El peso de estos clientes resulta insignificante con la munición que aporta un confidente anónimo. Un topo con acceso a los departamentos de Presidencia y Hacienda de la Generalitat filtra a través de sobres sin membrete facturas de chocolatinas o la nómina de Fabra. No se fía de las nuevas tecnologías y siempre airea sus soplos por correo postal. La asociación, que se desmarca del espía, guarda copias de seguridad en lugares impensables de sus documentos más delicados. El protagonismo de la liga anticorrupción nutre toda suerte de especulaciones. “No estamos con Rafael Blasco”, zanja Soriano en referencia al exconsejero de Fabra que se sienta estos días en el banquillo por pilotar el saqueo de fondos de la Generalitat destinados a Latinoamérica. La diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà añade una clave. “Blasco no morirá sin matar. Maneja mucha información”. Y el socialista Josep Soriano defiende la labor de los topos. A él uno le envió a su despacho del Parlamento autonómico el contrato que firmó la desaparecida Canal 9 para emitir los grandes premios de Fórmula 1.
En este escenario de espías y secretos se mueve Soriano, un hombre que iba para futbolista profesional hasta que una lesión le sacó de la cantera del Valencia CF. Hoy, coge aire para denunciar algún día los chanchullos nacionales. Y tiene un lema. “Si no quieres que se sepa algo, no lo hagas”.
Las magnitudes del expolio
"Aquí tenemos mucho trabajo. Nos gustaría salir pero no podemos". El presidente de la Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana, Enrique Soriano, concibe su autonomía como la "capital del chanchullo". Una tesis que refleja con números Sergi Castillo, autor de Tierra de Saqueo (Cuadrilátero, 2013). Él estima la factura del expolio en 12.500 millones. Un montante que suena colosal si se compara con los Presupuestos de la Generalitat de 2013, 13.940.
“Todo esto empezó por la relación entre políticos y empresarios durante la presidencia del PP de Eduardo Zaplana”, resume Castillo, que incluye entre los platos rotos del desfalco los 5.225 millones que costaron los grandes eventos, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). La partida abarca el Gran Premio de Fórmula 1, la Copa del América, el aeropuerto sin aviones de Castellón o el parque temático de Benidorm Terra Mítica, entre otros.
El despilfarro ha alentado combativas actividades ciudadanas como la denominada Ruta de la corrupción. Un recorrido en autobús por los agujeros negros de la política valenciana. Se han subido 600 ciudadanos en dos años. El itinerario planea desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se denuncian “sobrecostes”, a la depuradora Emarsa de Pinedo, donde una trama de militantes del PP es investigada desde hace tres años por extraer 25 millones de euros entre 2004 y 2010.
Quizá por esta razón, los asistentes a este viaje del despropósito se ponen mascarillas y degustan chorizos al infierno. “Hemos conseguido que se enteren del expolio más de 200 millones de ciudadanos”, indica su promotor, el periodista del colectivo Xarxa Urbana Miguel Ángel Ferris. Se refiere así a la repercusión del programa en 60 medios internacionales como Al Jazeera o la BBC.
Varias ONG, además, planean exportar la idea a Madrid, Málaga y Sevilla. El itinerario de Valencia comienza en las Cortes, donde tienen su escaño ocho imputados del PP, el 15% del grupo parlamentario del presidente Alberto Fabra.
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