El PP valenciano agita la polémica del idioma en busca del voto conservador

La lengua nunca falla. Al menos, en la política valenciana. Una referencia a que el valenciano y el catalán son la misma lengua, con distintos nombres y se abre la caja de los truenos. Por unos días el temporal de los numerosos casos de corrupción que afectan al PP, ahora en los juzgados, da paso a un debate filológico e identitario que ha derivado también en una crisis interna de los populares valencianos. Ya se sabe que todo es política, y todavía más, a cuatro meses de las elecciones europeas y a menos de año y medio de las autonómicas. Y hay que amarrar el voto más conservador, el voto más regionalista. El detonante ha sido el atrevimiento de la Acadèmia Valenciana de la Llengua de aprobar el pasado 31 de enero su Diccionari Normatiu Valencià.

¿Y qué dice esa definición del ente, creado, precisamente, para apartar del debate político el conflicto lingüístico que marcó la transición valenciana? Dice: “Lengua románica hablada en la Comunidad Valenciana, así como en Cataluña, las Islas Baleares, el departamento francés de los Pirineos Orientales, el Principado de Andorra, la franja oriental de Aragón y la ciudad sarda de El Alguer, lugares donde recibe el nombre de catalán”; y “variedad de esta lengua hablada en la Comunidad Valenciana”.

Al Gobierno valenciano, presidido por Alberto Fabra, del PP, no le ha gustado nada la definición de valenciano de su ente normativo, auspiciado por la propia Generalitat en 1998 y aprobado por las Cortes valencianas con los votos de populares y socialistas. Demasiado catalanista.

El primero en salir al quite fue el consejero de Gobernación y secretario general del PP valenciano, Serafín Castellano, que amenazó con un cerrojazo: “La Acadèmia pierde su razón de ser y se enfrenta al sentimiento de la mayoría del pueblo valenciano (...). ¿Para qué sirve si no es capaz de defender nuestra lengua?”. Le siguieron el portavoz popular en el parlamento valenciano, Jorge Bellver, y Fabra, que negó lo del cierre porque sencillamente es un organismo estatutario y necesitaría una mayoría cualificada (con los votos de la oposición) para eliminarla.

Acusaron a la Acadèmia Valenciana de actuar en contra del Estatuto de Autonomía, que dice: “La lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano”, al tiempo que legitima a la Acadèmia como “la institución normativa del idioma valenciano”. Además, desde el Gobierno valenciano se acusa a la consejera de Cultura, María José Català y al presidente del ente normativo, Ramón Ferrer, un hombre conciliador próximo al PP, de no haber sabido paralizar el diccionario. El vicepresidente José Ciscar, intentó apoyar las tesis de Català en detrimento de Castellano, al incidir en que se ha pedido un dictamen jurídico, “ni político ni académico”, sobre el acomodo de la definición de valenciano en el Estatuto.

La Acadèmia destaca que se trata de una definición equilibrada jerárquicamente, que apuesta por la denominación lengua valenciana (compatible con otras), que empezó a generalizarse en el siglo XV por el esplendor político-económico y cultural del antiguo Reino de Valencia, al tiempo que respeta los postulados filológicos de la romanística internacional. El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) de la Lengua, por ejemplo, es más directo en su entrada del valenciano: “Variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia”. Esta definición tampoco es del agrado del Gobierno valenciano, que ha llegado a sugerir infructuosamente a la RAE la modificación de la misma. Poco más puede hacer.

Muy distinto es el caso de la Acadèmia Valenciana, que se nutre de los fondos de la Generalitat. Su composición fue consecuencia de un pacto entre el PP y el PSOE, y sus 20 miembros actuales aglutinaban desde referentes universitarios a representantes de distintas sensibilidades, con una mayoría garantista de la unidad lingüística y una especial atención a las particularidades. No da pábulo, por ejemplo, a la tesis secesionista según la cual el valenciano procede del sustrato mozárabe y no de la lengua que hablaban las huestes y los repobladores catalanes que se asentaron en la actual Comunidad Valenciana a partir del siglo XIII.

Prueba de ese pacto político es que la primera presidenta de la Acadèmia, Ascensión Figueres, es hoy diputada del PP en el Congreso. Nunca dudó de la unidad lingüística. En Castellón apenas ha habido conflicto lingüístico, que se circunscribe a la capital de Valencia y sus comarcas aledañas, si bien muchos consideran que está superado, que la situación no tiene que ver con la virulenta Batalla de Valencia de la transión, con la introducción del valenciano en la escuela.

No en vano, siendo alcalde de Castellón, Alberto Fabra nunca azuzó la bandera anticatalanista, informa Lorena Ortega. Ahora un comentario sobre la televisión catalana TV-3 le persigue en las redes sociales, tras cerrar los medios públicos en valenciano como RTVV: “Si hay personas en el límite de ambas comunidades que hablan igual, por qué poner barreras para que un pueblo no pueda ver la televisión del otro”.

Hasta 46 sentencias de diversos tribunales (como el Constitucional o el Supremo) legitiman la equivalencia de catalán y valenciano. La oposición, además, recuerda que el consejero Serafín Castellano intentó pactar un cambio de la fórmula de elección de académicos para empezar de nuevo y modificar su composición para que no se elijan entre ellos en dos años.