Derrota de González & Lasquetty

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.
Javier Fernández Lasquetty, exconsejero de Sanidad de Madrid.
La sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha Notificado su auto sobre el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid y de las tres empresas que cuestionan la suspensión cautelar de la privatización-externalización (los consorcios Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas) de seis hospitales en Madrid (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares del Sureste y del Tajo).
Los recursos son desestimados.
La suspensión cautelar dictada el 11 de septiembre de 2013 se mantiene.
La Comunidad de Madrid y las empresas concursantes han perdido el recurso.
La sección tercera (presidida por su presidente Gustavo Lescure e integrada por Fátima Arana; Pilar Maldonado Muñoz; Margarita Pazos Pita y Rafael Estévez Pendás) ha resuelto por unanimidad mantener la suspensión cautelar del proceso de privatización. Es cautelar porque los facultativos de AFEM sostienen que existen irregularidades en el concurso de adjudicación. Si el proceso seguía su curso y se materializaba la adjudicación, el recurso que presentaron hubiera quedado vaciado de contenido y sin efecto.
Este punto, los daños irreparables que podría provocar la aceptación de los recursos de la Comunidad de Madrid y las tres empresas concursantes y continuar con la privatización-externalización, es desarrollado, una vez más, al desestimar los recursos.
Esta nueva decisión de mantener la suspensión explica, retrospectivamente, los esfuerzos del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y el presidente, Ignacio González, por conseguir que su recurso de reposición, ahora desestimado, no fuera resuelto por la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid.
El entonces presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Gerardo Martínez Tristán, decidió en octubre pasado que fuese el pleno de 50 magistrados de la Sala el que resolviera dicho recurso de reposición.
Pero la rebelión de los magistrados impidió esta maniobra.
Un pleno convocado el 31 de octubre no entró en el debate del recurso al confirmarse que Martínez Tristán se encontraba recusado. El magistrado pretendía presidir contra viento y marea dicho pleno. La decisión sobre el tema de la privatización-externalización fue aplazada.
La formación del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supuso a mediados de diciembre del año pasado la salida del TSJ de Madrid de Martínez Tristán en comisión de servicios, para formar parte de dicha institución, donde es miembro de la Comisión Permanente.
El nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, explicó en privado que Martínez Tristán había provocado tal lío con su conducta en el asunto de la privatización-externalización que debía salir del TSJ de Madrid.
En estas condiciones, un nuevo pleno, presidido por Miguel Ángel Vegas, sucesor de Martínez Tristán, resolvió el pasado 9 de enero, por 32 votos contra 11, que era la sección tercera quien debía resolver los recursos de la Comunidad de Madrid y las tres empresas que pretenden hacerse con la gestión de los seis hospitales.
Esta resolución, aprobada en un pleno tan amplio, asambleario, con intervenciones muy fundamentadas, ha sido relevante.
Porque el ardid utilizado para convocar un pleno quedó al descubierto. Martínez Tristán se apoyaba en que a la decisión de la sección tercera siguió otra, el 9 de octubre de 2013, de la sección octava, que preside la magistrada Inés Huerta Garicano. No es que no fuesen contradictorias sino que iban sobre otras materias.
Pero le dio a Martínez Tristán el motivo para forzar la necesidad de "unificar" doctrina. El 11 de octubre, dictó una resolución por la que se llevaba el tema a un pleno. Porque, decía, las resoluciones de las secciones tercera y octava “resultan o pueden resultar contradictorias”.
El juez natural, predeterminado por ley, según establece la Constitución Española, para entender el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid y los tres consorciones concursantes, era la sección tercera, la que había decidido la suspensión cautelar el 11 de septiembre. Quitarle esa competencia era ilegal.
Ahora, ha sido la sección tercera la que ha resuelto: se desestiman los recursos de reposición y se mantiene la suspensión cautelar del proceso de privatización-externalización.
A diferencia del auto del 11 de septiembre, cuando presidió y actuó como ponente Fátima Arana, ahora, como se ha apuntado, ha presidido la sección el magistrado Gustavo Lescure, que es el presidente de la sección tercera. Los otros cuatro magistrados son los mismos que votaron la primera resolución: Fátima Arana (ha vuelto a ser ponente), Pilar Maldonado Muñoz, Margarita Pazos Pita y Rafael Estévez Pendás.
Martinez Tristán
El nombre de la magistrada Inés Huerta Garicano ha saltado al ruedo la semana pasada.
En una reunión de la Comisión Permanente del CGPJ, Martínez Tristán ha propuesto a la magistrada para ocupar una plaza vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo, la sala de lo Contencioso-Administrativo. La Comisión tenía que elaborar la lista de candidatos para proponer al Pleno del CGPJ convocado para el viernes, 31 de enero.
Cuatro candidatos forman parte de la propuesta: José Luis Requero, Inés Huerta, Jesús Cudero y Francisco José Navarro.
Pero Martínez Tristán abogaba a favor de destacar en primer lugar o con calidad preferente el nombre de Inés Huerta.
Fuentes consultadas aseguran que hubo una discusión entre uno de los miembros de la Comisión Permanente, el vocal Álvaro Cuesta, elegido para el CGPJ a propuesta del PSOE, y Martínez Tristán a propósito de su "preferencia" por la magistrada citada.
Cuesta dijo que a la luz de la "maniobra" que se había destapado en el TSJ de Madrid en torno al expediente de la privatización, mal quedaría la Comisión Permanente expresando su preferencia por la magistrada.
Martínez Tristán reaccionó con vehemencia contra la calificación de "maniobra".
Con todo, los cuatro magistrados que se proponen al Pleno no llevan a ningun primus inter pares.
Fuentes jurídicas estiman que ya el anterior CGPJ estaba por nombrar a la magistrada Inés Huerta Garicano para ocupar la vacante en la sección tercera del Tribunal Supremo. Por sus propias cualidades y antecedentes.
Vamos, que no necesita padrinos.
Bancarrota de una estrategia
La decisión de la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid supone no solo el fracaso de las pretensiones del consejero de Sanidad, Fernández Lasquetty, sino la quiebra de su estrategia, apoyada por el presidente, Ignacio González, para forzar el desbloqueo de la privatización-externalización.
¿Por qué?
La estrategia se concentró en combatir la suspensión cautelar.
Tengamos en cuenta que la sección tercera del TSJ Madrid no ha entrado en el fondo de la cuestión, a saber, si hubo irregularidades, como plantean los facultativos de AFEM, en el concurso.
Lo que sí dice es que el hecho descrito por AFEM “supone una modificación sustancial de las condiciones” del concurso. Y, añade: “Podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”.
En otras palabras, la sección tercera consideraba que la petición de paralización del proceso por parte de AFEM contiene la apariencia de buen derecho, esto es, que existe una causa de nulidad de pleno derecho.
El nuevo auto ratifica la existencia del fumus boni iuris/humo de buen derecho en las irregularidades denunciadas.
Y, por ello, señala, no puede dejar avanzar un proceso que tiene visos aparentes de irregularidad porque caso de confirmarse estos visos el recurso perdería su contenido. Sería inocuo.
La Comunidad de Madrid podía haber esperado. Quizá se hubiese resuelto en un año. Es decir, entre el 11 de septiembre de 2013 y el 11 de septiembre de 2014.
Pero por razones de calendario electoral (elecciones autonómicas de mayo de 2015), la Comunidad de Madrid dedicó toda la artillería a combatir la suspensión cautelar.
Claro, esta estrategia estaba basada en la actividad del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, Martínez Tristán.
"Esto tiene arreglo", fue la consigna. La silueta del cortijo, vaya.
¿Cómo?
Si se hurtaba a la sección tercera la resolución del recurso de la Comunidad y lo decidía el pleno quizá se podría darle la vuelta y desatascar la privatización-externalización.
¿Se podía hacer?
La ley permite al presidente de la Sala convocar un pleno, sí. Pero si se estima "necesario" para la "administración de justicia". No para darle la vuelta a una resolución porque una de las partes, la Comunidad de Madrid y las empresas concursantes, lo exige.
En este caso el pretexto era la existencia de resoluciones contradictorias.
¿Las hubo?
Después que la sección tercera resolviera suspender cautelarmente el proceso, otra sección, la octava, según se ha apuntado, resolvió sobre otro tema relacionado con la privatización-externalización.
La "apariencia" de contradicción estaba servida. Martínez Tristán convocó con esta segunda resolución, el pleno.
Fernández- Lasquetty y González creían tener ganada de antemano la batalla.
Ambos no se cortaron. La decisión de Martínez Tristán de agrupar los recursos, según un comunicado de Fernández-Lasquetty, era una "medida absolutamente imprescindible".
González declaró que es “razonable”, y esperaba que “se resuelva todo de una vez”. Respecto a los jueces, apuntó que algunas decisiones de los tribunales son “un exceso desde el punto de vista de su actuación” porque es a “la Administración a la que le corresponde decidir como organizar sus servicios”.
El intento de arrebatar a la sección tercera la decisión ha terminando retrasando el estudio del fondo, es decir, las presuntas irregularidades del concurso.
Y el retraso y la bancarrota de la estrategia han llevado a Ignacio González a abandonar el proyecto y deshacerse del responsable directo, el consejero de Sanidad.
Tina ya no es un argumento.
¿Quién es Tina?
Ah. El acrónimo en inglés que hizo célebre Maggie Thatcher.
There Is No Alternative.
No hay alternativa.
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