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El Gobierno se prepara para dejar dormir la polémica ley del aborto

La reforma no se retirará pero puede retrasarse meses a la espera de informes

Gallardón y Sáenz de Santamaría, el 8 de enero.
Gallardón y Sáenz de Santamaría, el 8 de enero.

La ley del aborto quema. El Gobierno imaginaba que cualquier solución al conflicto interno en el que se devanó durante meses sería polémica. Pero la batalla que se ha desatado, dentro y fuera del PP, ha superado todas las expectativas. La ley está ya asimilada dentro del PP como un monumental error estratégico del que nadie sabe cómo salir. La norma es políticamente abrasiva, y todos quieren huir de ella aunque no sea fácil. Tanto que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su máximo responsable —solo él pudo dilucidar el debate interno que divide al Ejecutivo— no quiere hacerse cargo y el miércoles en el Congreso dejó en evidencia que no está dispuesto a defenderla y se limitó a admitir que había discrepancias y a prometer un esfuerzo de consenso. Todos entendieron rápidamente el mensaje del presidente: tregua. Alberto Núñez Feijóo, uno de los más críticos con la norma, declaró el armisticio de los barones: “Saludo la postura del Gobierno, que es la que entendíamos razonable y que el presidente ha marcado de forma muy clara y muy nítida”.

Aún más evidente fue la finta de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que presidía el Consejo de Ministros en el que se aprobó pero no entró en el debate de fondo y evitó defender la ley en el Congreso. El PSOE fue especialmente duro con ella por ser mujer y no haber utilizado su autoridad para impedir que la ley saliera así. Los dos, presidente y vicepresidenta, se marcharon del hemiciclo rápidamente y dejaron solo en su numantina defensa de la ley al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que está sufriendo un enorme coste político por su empeño de reivindicarla como una norma progresista.

Nadie sabe cómo salir, aunque de momento sí hay algo claro: no hay ninguna prisa por sacarla adelante. Según fuentes del Gobierno y del PP, se dejará dormir la norma varios meses, aprovechando que está a la espera de 29 informes de organismos públicos y privados, jurídicos, sanitarios y sociales. Desde el Consejo General del Poder Judicial hasta el Cermi (el organismo que representa a las personas con discapacidad), pasando por el Colegio de Médicos, se han pedido todo tipo de informes. En teoría tienen un mes para responder, pero puede ser prorrogado. Y tras recibir los informes, el ministerio puede manejar sus tiempos para contestar, corregir la norma y después mandarla al Consejo de Estado, que a su vez tendrá tiempo de enmendarla de nuevo. Y aún entonces, La Moncloa, controlada por Sáenz de Santamaría, decidirá cuándo la lleva de nuevo al Consejo de Ministros. No hay cálculo, pueden ser desde dos meses, lo mínimo, hasta un año. El Código Penal, otra ley compleja gestionada por Justicia, estuvo así, entre informe y contrainforme, casi un año. El caso más extremo sería hibernarla hasta que acabe la legislatura, aunque las fuentes consultadas lo ven improbable.

Habrá un control político de los tiempos y distintas fuentes del Gobierno y del PP dan por hecho que se dejará dormir la ley para ver si baja la polémica. Lo que no está claro es cuánto tiempo y si se esperará a después de las elecciones europeas —el 25 de mayo—, aunque parece probable. Aunque Rajoy y Sáenz de Santamaría insisten en que la ley ya está bajo el paraguas del Parlamento, es el Ejecutivo quien la controla de momento, no ha salido de él y tardará meses en hacerlo.

En teoría, el más interesado en sacar cuanto antes la ley es Gallardón, consciente del gran desgaste que está sufriendo. Pero no es él quien en última instancia decide los tiempos, como se vio en 2012 y 2013, ya que anunció varias veces la inminencia de la ley del aborto, pero La Moncloa frenó su aprobación hasta diciembre.

El evidente deseo del presidente Rajoy de huir del coste que supone la ley fue muy comentado entre los diputados del PP. El presidente, molesto por tener que hablar del aborto, dejó sin utilizar más de un minuto de los 2,5 que tiene a su disposición, algo muy poco habitual.

Rajoy y Sáenz de Santamaría esquivan la polémica

Es llamativo que solo un mes después de aprobarla, el presidente casi reniega de la ley y dice estar dispuesto a modificarla para buscar acuerdos. “La ley está políticamente muerta”, explica un dirigente. “Le hemos dado al PSOE, que no levanta cabeza, algo a lo que agarrarse. Le sirve para unir sus filas y para derechizar la imagen del PP”, resume otro, que dice estar de acuerdo con la filosofía de la ley pero no con el momento elegido.

“La derecha española no pedía ahora a gritos un cambio de la ley del aborto. Pide otras cosas, como dureza contra ETA o contra Artur Mas, pero no esto. Por eso políticamente ha sido un error, porque no contenta a nadie”, resume un diputado. El Gobierno estaba muy preocupado por la derecha de la derecha, un sector muy molesto con el PP y especialmente importante para las elecciones europeas. La ley se aprobó pensando en ese sector: al Ejecutivo le preocupaba que los católicos y antiabortistas vieran la ley como un coladero. Por eso Gallardón acudió, nada más aprobarla, al Abc y La Razón.

Pero la vía de agua no vino por allí, donde apenas hubo críticas. Lo que nadie esperaba es el enorme rechazo internacional a la norma, sobre todo en Europa, y en especial dentro de amplios sectores del PP, sobre todo los barones autonómicos, preocupados por sus elecciones de 2015. Y por supuesto, y eso sí estaba previsto, movilizó a la izquierda. Es ahora, con las llamadas de Rajoy al consenso, cuando llegan las primeras críticas de los antiabortistas, con lo que la operación política de la ley del aborto puede ser aún más ruinosa de lo previsto.

Gallardón se queda solo

La vertiente europea de la ley del aborto preocupa, sobre todo en un momento de cambio en las instituciones europeas en el que España lucha por hacerse un hueco. Hasta Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, dijo que le parecía excesiva la ley española, que solo tiene en Europa el apoyo de su padre, Jean Marie. La mala imagen del Gobierno español como un Ejecutivo muy conservador inquieta a dirigentes que acostumbran a moverse en círculos internacionales. El debate de la semana pasada en el Parlamento Europeo fue seguido con preocupación desde La Moncloa, ya que Rajoy había sido visto siempre en la UE como un dirigente moderado, capaz de trenzar acuerdos con la democristiana Angela Merkel, pero también con el socialista Francois Hollande.

Alberto Ruiz-Gallardón se ha quedado bastante solo en la defensa del texto. Tiene el apoyo expreso, eso sí, de los dirigentes más conservadores, como Ana Botella, Jaime Mayor o Jorge Fernández, que han expresado públicamente su satisfacción. El ministro parece dispuesto a dar las batallas que sean necesarias —y el PSOE intentará forzarle a dar muchas en el Congreso— sea o no en soledad. Pero la batalla sorda en el Gobierno está bastante clara. Oficialmente, todos los ministros están obligados a apoyar la ley porque las decisiones del Ejecutivo son solidarias. Además, se les mandó a todos unos días antes de aprobarse.

Pero Gallardón está tratando, de forma discreta, de romper la idea, muy instalada, de que esta ley es una cosa suya en la que no tienen nada que ver ni Rajoy ni Sáenz de Santamaría. De hecho, el ministro, en el debate más importante que ha tenido, el que libró internamente en el Comité Ejecutivo del PP el 8 de enero, trató de arrastrar con él al presidente y a la vicepresidenta, al recordar que esta norma está inspirada en el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del PSOE de 2010 que no firmó él, que no era diputado, pero sí Rajoy y Sáenz de Santamaría. Y en ese recurso se pedía la eliminación del aborto por malformación y se lo comparaba a las leyes nazis de la selección de la raza. La batalla de la ley del aborto se libra, pues, no solo en la opinión pública, sino sobre todo dentro del PP y del Gobierno. Nadie le ve un buen final ni una salida clara.

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