“Es habitual que en las protestas se infiltren violentos para desvirtuarlas”

Es letrado de las Cortes, tiene 39 años y tres hijos y hace 12 meses fue nombrado secretario de Estado de Seguridad. Ocupa desde entonces el despacho que asume diariamente más llamadas desagradables o inquietantes de España.

Pregunta. ¿Los recientes incidentes del barrio de Gamonal de Burgos solo han sido obra de vecinos o ha habido grupos radicales de fuera que los han azuzado?

Respuesta. Hay un dato revelador. Uno de los grupos vecinales más activos se disolvió el día 10 para desentenderse de cualquier acción violenta. Eso permite decir que hay vecinos que están expresando una protesta pacífica y grupos violentos de fuera que están ejerciendo la violencia.

P. Pero, en cambio, todos los detenidos que ha habido son de Burgos…

R. Eso no es incompatible. Hay quien instiga la violencia y luego se quita de en medio. Allí se detectaron grupos como Resaca Castellana, Yesca, Movimiento Anarquista Burgalés, Izquierda Anticapitalista, Colectivo de Jóvenes Comunistas, Asamblea Gamonal 15-M…

P. ¿Esa situación se ha contagiado a otras ciudades?

R. Sí. Eso acredita que detrás de los pacíficos movimientos de protesta es habitual que haya una minoría que se infiltra y los desvirtúa para generar altercados. Sin embargo, el comportamiento de la mayoría de la gente que se manifiesta en España es ejemplar.

P. ¿Pero por qué ha pasado esto en Burgos y solo por la remodelación de un bulevar?

R. Era una protesta muy local. Lo que sucedió es que la protesta se salió de sus cauces pacíficos y pasó a ser objeto de atención de los medios informativos. Los ciudadanos ven que en Burgos está pasando algo extraño cuando se producen roturas de lunas, lanzamiento de piedras y tornillos, el incendio de más de 100 contenedores de basura…

P. ¿Pero esos estallidos de violencia no son la expresión del enfado de la ciudadanía frente a la crisis o a decisiones políticas que rechaza?

R. Desde el momento en que hay violencia, da igual de lo que sean expresión. Con esos hechos pierden cualquier atisbo de legitimidad. Si pretendemos buscarle justificación, podemos caer en el error de legitimarlo. Lo que debemos hacer es dar una respuesta proporcionada a la violencia.

P. Usted mismo admite que la mayoría de las manifestaciones en España son pacíficas.

Las manifestaciones pacíficas han crecido exponencialmente en la crisis

R. Las manifestaciones han aumentado de forma exponencial, en paralelo a la crisis y a las medidas políticas adoptadas. En 2009, hubo 8.201; en 2010, 7.195; en 2011, 10.070; en 2012, 36.798. Y, en ese ejercicio, solo tuvimos que emplear material antidisturbios en el 0,24% de los casos.

P. Hace unos días hubo una operación policial en la que fue detenida la abogada Arantza Zulueta. ¿Desde cuándo sabía Interior que esta abogada estaba bloqueando el proceso el debate de los presos de ETA para adherirse a la legalidad penitenciaria?

R. Desde hace mucho. Interior, jueces y fiscales lo sabían desde hace mucho.

P. ¿Y por qué no se actuó mucho antes para desbloquear esa situación y, en cambio, se ha hecho cuando los presos se hacen la foto de la derrota en Durango y dicen asumir la legalidad?

R. Quien decide el momento de la Operación Jaque es el juez a partir de informes de la Guardia Civil, que se ven robustecidos en septiembre, cuando se realizó la operación contra Herrira.

P. ¿No es inoportuno políticamente hacer esa operación tres días después de la foto de Durango y tres días antes de la manifestación de Bilbao que se preveía multitudinaria?

R. ¿Inoportuno? El momento de las operaciones lo deciden los jueces. Siempre son oportunas las operaciones que tengan como objetivo derrotar a ETA. La decisión judicial de encarcelar a los detenidos prueba que son el tentáculo de ETA en las prisiones, como ha dicho el ministro del Interior. Una de las fortalezas de ETA es tener a sus presos disciplinados, cohesionados y tiranizados.

P. ¿Interior no debería ser consciente del momento que se vive en España y tener una relación especialmente buena con el PNV, que gobierna en Euskadi? El jueves pasado tuvo que venir la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, a decirle al presidente Mariano Rajoy que había que volver a acercarse cuanto antes al PNV. Y el lehendakari Iñigo Urkullu quiere visitar ya a Rajoy para hablar de política penitenciaria.

R. Yo tengo una buena relación con el Gobierno vasco. Y con el viceconsejero de Interior, que es mi interlocutor, no se ha roto nada. Hasta ahora habíamos visto una imagen en la que, desde la respetable discrepancia política, había una unidad sin fisuras en la exigencia hacia ETA de que su único camino era su disolución. Creo, confío y espero que esa imagen se recomponga cuanto antes.

P. ¿Interior debe ser ajeno a las circunstancias políticas en el proceso hacia un final de ETA?

R. Interior debe moverse por un único guion, que es el de la legalidad, y no se puede modular en función de las circunstancias políticas. Y esta idea es la que ha derrotado a ETA. Esto no es una partida de ajedrez. Esto es el Estado de derecho, que aplica la ley. No hay que aplicar criterios de oportunidad, sino de legalidad.

La policía solo ha utilizado material antidisturbios en el 0,7% de los casos

P. ¿Están recibiendo críticas por estar atrapados por la línea dura, el Tea Party del PP?

R. Esa acusación es poco afortunada. Las decisiones se toman con reflexión. Eso puede gustar más a unos u otros, pero…

P. Hay asociaciones de víctimas y dirigentes del PP que creen que España no tenía por qué haber respetado y cumplido la sentencia de Estrasburgo, que ha supuesto la excarcelación de más de 60 etarras por la doctrina Parot.

R. Yo creo que la jurisdicción del Tribunal de Derechos Humanos vincula a España. Tengo claro que un Estado no puede decidir cuándo un fallo le vincula o no. Y también tengo claro que la ejecución de las consecuencias prácticas del fallo que afectaba a la etarra Inés del Río y su extensión a otros casos lo tenían que decidir los tribunales sentenciadores, no el Gobierno. El Gobierno ni siquiera fue informado de lo que decidían los tribunales. Lo que no se puede es firmar un tratado internacional y entender que no es vinculante. Pues no. Es vinculante, lógicamente.

P. ¿En qué se puede traducir la detención de la abogada Zulueta entre los presos de ETA?

P. Hay presos y muchas familias de presos que van a ser liberados de la tiranía de ETA. Espero que eso se traduzca en decisiones individuales.

P. ¿Cuántos de los más de 400 presos de ETA que hay en España son irreductibles y cuantos estarían dispuestos a acatar la ley?

R. No me atrevo a dar cifras. Hay un núcleo que ha admitido que lo que ha hecho está mal y que estaría dispuesto a aceptar la legalidad. Que las consignas y la línea roja las ponga ETA, no favorece en nada. ¿Que hay un sector que no está dispuesto a aceptar la legalidad? Pues sí. Pero son muchos más lo que están dispuestos a dar un paso adelante, una vez que sean liberados del yugo y la tiranía de ETA y puedan empezar a actuar individualmente.

Ha habido hechos relevantes por parte de ETA, pero le falta un paso: la disolución

P. ¿No se está produciendo en España un proceso de fin del terrorismo peculiar, distinto a otros como el de Irlanda, donde ha habido un diálogo entre el Gobierno y los terroristas?

R. No se deben comparar situaciones diferentes. Si lo que se está produciendo es un final del terrorismo, falta una decisión importantísima: la disolución de ETA.

P. ¿Hay algún riesgo de que en ETA haya una marcha atrás o se produzca una escisión?

R. La labor contra ETA ha sido tan eficaz que la banda ya no tiene capacidad. No hay ninguna hipótesis, ningún indicio cierto de que haya un peligro real de escisión o una vuelta a la acción armada.

P. ¿Una vez que los presos asumen la legalidad penitenciaria, cumplen los requisitos y se hacen la foto de la derrota, se podría pensar en una aplicación más flexible de la ley cuando empiecen a pedir dentro de unos días beneficios en las cárceles?

R. Es verdad que ha habido en los últimos tiempos hechos relevantes, como el cese de los atentados, pero aun así estamos lejos de ese momento. ETA no es el interlocutor del Gobierno en nada y tampoco en los presos. Debe asumir y cumplir las condiciones marcadas por el Código Penal y la política penitenciaria. Y le falta un paso no menor en este proceso: la disolución.