El Tribunal Constitucional suspende la ley andaluza antidesahucios

Al igual que hizo con el decreto andaluz para luchar contra los desahucios, el pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación de la ley aprobada por el Parlamento de Andalucía (en sustitución del decreto con el mismo objetivo) que también permitía la expropiación temporal del uso de las viviendas cuando estas estaban ocupadas por familias que iban a ser desahuciadas. El principal argumento del recurso es que Andalucía invade competencias exclusivas del Gobierno.

Después de los tira y afloja para evitar el recurso al decreto aprobado en abril, el Gobierno anunció la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional en junio. Apenas unos días después, el tribunal admitió la demanda y suspendió la aplicación del decreto. Los tiempos con la ley han sido muy semejantes. El Gobierno de Rajoy anunció el recurso poco más de dos meses después de que se aprobara y el Constitucional, con las fiestas de Navidad por medio, apenas ha tardado un mes de resolver la paralización de su aplicación.

Tal como pidió Rajoy, el tribunal paralizó la vigencia de los artículos relativos a la expropiación y a las sanciones por tener viviendas vacías. Su aplicación queda en suspenso, en principio, durante cinco meses. Antes de ese plazo, el tribunal podrá prorrogar la suspensión, levantarla o decidir sobre el fondo del asunto. La suspensión se decreta, de forma automática, sí así lo solicita el presidente del Gobierno.

La Junta ya ha anunciado, nada más conocer la decisión del Constitucional, que está preparando un escrito para que no se agote el plazo de cinco meses y se levante la suspensión cautelar de los artículos recurridos. En cualquier caso, el Constitucional ha dado traslado al Congreso, al Senado, al Gobierno y al Parlamento de Andalucía para que, en un plazo de 15 días, se personen y presenten alegaciones.

Desde abril, alrededor de 200 familias han solicitado acogerse a las medidas. La Junta ha abierto 39 expedientes de expropiación, pero solo ha tenido tiempo de culminar dos. Otros cinco expedientes se han quedado a las puertas, pendientes solo de recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno andaluz para llevar a cabo la expropiación.

La Consejería de Fomento y Vivienda da por hecho que la suspensión no tiene efecto retroactivo, por lo que entiende que no pone en riesgo de desahucio a las dos familias que ya han conseguido hacer valer la ley. Fuentes del departamento que dirige Elena Cortés (IU) consideran también “altamente improbable” que las otras 37 familias que han pedido acogerse a la ley y sobre las que ya se ha abierto expediente sean desahuciadas en los cinco meses de plazo que tiene el Constitucional para decidir si levanta o no la suspensión cautelar.

Cortés pide que el tribunal no agote el plazo para decidir sobre la paralización

Los jueces, según sostienen estas fuentes, no van a arriesgarse a ejecutar un desahucio aprovechando una paralización que, de momento, solo es temporal. Durante los tres meses que el Constitucional mantuvo suspendido el decreto ningún juez ordenó la expulsión de ninguna de las 18 familias sobre las que la Junta ya había abierto expediente. Con todo, la Consejería de Fomento y Vivienda va a enviar un escrito a los 37 juzgados que llevan los casos que se están tramitando para pedirles que mantengan en suspenso la expropiación hasta que el Constitucional se pronuncie definitivamente.

La Junta ha lamentado los efectos que puede tener la suspensión de la ley para las familias en riesgo de desahucio. “Este recurso encarecerá el acceso a la vivienda, puesto que la ley, ante todo, pretendía abaratarlo mediante la salida en alquiler asequible de las viviendas vacías”, señala la consejera de Vivienda, que ha recordado que en Andalucía hay más de 700.00 viviendas vacías.

Según Cortés, el recurso del Gobierno no sólo afecta a las más de 200 familias que han pedido acogerse a la ley, sino a todas las personas en proceso de desahucio en Andalucía. “La ley tenía un efecto disuasorio sobre todos los desahucios porque daba poder a la familia frente a los bancos. Cuando un banco iba a desahuciar a una familia se lo pensaba dos veces, porque sabía que se exponía a sanciones por tener la vivienda vacía o a la expropiación de la casa”, afirma la consejera.