El juez Castro cita a los autores de los informes que exculpan a la Infanta

Antes de que el 8 de febrero la infanta Cristina acuda a declarar a Palma ante el juez del caso Urdangarin, José Castro, tres inspectores de la Agencia Tributaria explicarán en el juzgado los criterios por los que exculpan en sus informes a la hija del Rey. Con esos mismos análisis técnicos, el juez imputa a la hija del Rey por indicios de supuestos delitos de fraude fiscal y de blanqueo de dinero. Esta prueba de peritaje se lleva a cabo a petición del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que la incluía en su explosivo escrito del miércoles, en el que acusaba a Castro de basar la imputación en teorías conspiratorias. La defensa intuye que estas nuevas declaraciones serán determinante para sus intereses.

Tres funcionarios de Hacienda, así como la jefa policial del grupo de Delincuencia Económica, deberán argumentar técnicamente, el 25 de febrero, sus numerosas investigaciones y valoraciones efectuadas en la causa bajo la dirección del juez. Ante Castro se acreditará, además, un perito del pseudosindicato ultra Manos Limpias, que ejerce en solitario la acusación popular y que aportó argumentación inculpatoria.

Además, representantes de siete grandes marcas y compañías que retribuyeron al yerno del Rey, como asesor y consejero (Lagardère Ressources, Havas Sport France, Mixta África, Pernod Ricard, Aceros Bergara, Seelinger y Conde), tendrán que testificar el mismo día sobre los trabajos “de carácter personalísimo” facturados por Iñaki Urdangarin a través de Aizoon, la sociedad particular de los duques de Palma.

Castro evitó este jueves replicar al fiscal Horrach por las acusaciones que este le lanzó en un escrito por haber dado pábulo a supuestas teorías conspirativas sobre una supuesta manipulación y cambio radical de criterio en Hacienda sobre tres facturas ficticias. “No tengo absolutamente ningún comentario que hacer”, comentó el magistrado al ser abordado en la puerta de los juzgados.

El fiscal Horrach reprochó al instructor Castro que, al modificar en su auto puntos de vista y enmendar conclusiones concretas de los expertos de la Agencia Tributaria, ayudó a extender un manto de sospecha sobre supuestos cambios de criterio entre los funcionarios de Hacienda que no vieron indicios delictivos en la actuación de la Infanta. Otra crítica del instructor alcanzó a la Agencia Tributaria por no haber incluido a la hija del Rey como objeto de un acta de acusación en un expediente tributario de 2011.

El ministerio público, que rechaza la implicación penal de la Infanta por entender que no existen indicios ni hechos delictivos, requirió la presencia de los funcionarios de Hacienda para articular su alegato y, especialmente, “dotarles de amparo”. Horrach cree que los inspectores han sido acusados de cambiar de criterio y valoración mediante “imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional”. El fiscal intentó, en vano, que el juez imputara a un sindicato de técnicos de Hacienda que lanzó una acusación pública.

Pedro Horrach y José Castro son los impulsores de la causa global del caso Palma Arena sobre corrupción política en el Gobierno del popular Jaume Matas (2003-2007), sumario del que deriva el caso Urdangarin. Juez y fiscal han chocado frontalmente solo sobre la responsabilidad penal de la Infanta. La divergencia jurídica ha devenido en reproches escritos y ha abierto una dilatada polémica pública y política, pese a la aridez del tema de fondo.

El trabajo de los inspectores ha permitido demostrar que el Instituto Nóos y todas las sociedades mercantiles, incluida Aizoon, destaca el fiscal, “no eran más que un entramado societario ficticio creado para drenar los fondos” percibidos por Urdangarin y Torres. “Es decir, se trataba de entidades pantalla sin capacidad operativa cuyo objetivo era consumar la apropiación de fondos públicos percibidos”. Tras la declaración de la Infanta, previsiblemente quedará cerrada la investigación sobre los negocios sucios de la trama de Nóos, encabezada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, que se embolsó 5,8 millones de euros de los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Baleares, del PP, entre 2004 y 2007.