Gallardón admite “mejoras” en la ley del aborto siempre que “no la desvirtúen”
La Diputación Permanente del Congreso trata el tema del aborto como parte central del debate El ministro cree que "no muy tarde la izquierda reconocerá que se equivocó" El líder de la cartera de Justicia recuerda que la reforma es parte del discurso del partido
Está más que confirmado que el anteproyecto de ley del aborto tendrá cambios en su paso por el Congreso. Alberto Ruiz-Gallardón ha repetido lo que Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría ya han afirmado en días previos. "La reforma tendrá mejoras en su tramitación parlamentaria pero sin desvirtuar el proyecto" que el Gobierno presentó a mediados de diciembre del pasado año y que ya ha provocado enfrentamientos en el seno del partido y el debilitamiento electoral del PP. Este martes la Diputación Permanente del Congreso -órgano que sustituye al pleno en los periodos inhábiles- hará del aborto su tema central.
El ministro de Justicia ha asegurado no conocer ninguna ley que no haya sido modificada durante la tramitación parlamentaria, "si no, sería un decreto ley", ha dicho esta mañana en una entrevista en la Cope. La capacidad legislativa corresponde solo al Congreso, aunque la iniciativa parta del Ejecutivo, y todos los grupos parlamentarios han manifestado ya su oposición total a la reforma. Por eso la oposición no concede credibilidad alguna al supuesto propósito del Gobierno de modificar y retocar el texto en el trámite en las Cortes.
Según el líder de la cartera de Justicia no debe haber sorpresas respecto al proyecto, ya que "enlaza con el discurso del partido, que no es un discurso improvisado, sino un relato sobre la defensa de la vida y la regulación de la interrupción del embarazo que en el PP llevamos trabajando desde hace años." Eso no ha impedido las diferentes posiciones que distintos líderes del Partido Popular han tomado frente a la reforma.
Para Gallardón los diferentes puntos de vista no son un problema: "Todo proyecto es susceptible de distintas miradas, de peticiones de ajustes, de modificaciones para su mejora pero en la idea sustancial que es el cumplimiento del programa electoral no hubo discrepancias". Aseguraba esta mañana que todos los presidentes autonómicos "han mostrado conformidad con el proyecto", excepto Celia Villalobos, que hizo público la pasada semana su discrepancia, uniéndose por sorpresa a las voces que se alzaron desde la oposición.
El PSOE ha calificado el texto de retrógrado en varias ocasiones y lo ha convertido en uno de sus frentes para las elecciones europeas; la última en referirse a la reforma ha sido Trinididad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE, en unas declaraciones para la Cadena SER: "Con la ley que nos propone Gallardón solamente se podrían acoger el 8% de las interrupciones del embarazo que se producen ahora. ¿Qué va a ocurrir con los restantes momentos en los que la mujer decide interrumpir su embarazo? Tienen que acudir a otro país, a centros clandestinos".
Gallardón ha opinado que "el progreso" al que se refiere el PSOE "no puede consistiren desproteger a los más débiles". Y ha afirmado, convencido, que ""no muy tarde surgirán voces desde la izquierda diciendo que no puede ser, es un error, se equivocaron".
El ministro ha asegurado además que en otros países de la Unión Europea y de la OCDE que han acometido reformas "se avanza progresivamente en la defensa del derecho del concebido". Ha mencionado además el rechazo de la Eurocámara a una propuesta presentada hace cinco semanas por una diputada socialista portuguesa en la que se establecía el aborto "como un derecho absoluto". Sin embargo, el malestar por el giro radical que pretende aplicar el Gobierno español a la normativa sobre el aborto ha llegado a Europa.
El Parlamento Europeo debatirá esta semana los cambios que plantea España y las consecuencias que tendrán para la salud y la libertad de las mujeres en su derecho a decidir sobre su salud y sobre la reproducción. Socialdemócratas, verdes, la izquierda unitaria y probablemente buena parte de los liberales se opondrán a la reforma del Ejecutivo español, que acaba con la actual ley de plazos, mayoritaria en Europa, y crea un sistema de supuestos del que se excluyen hasta las anomalías fetales.
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