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Los aspectos polémicos de una ley del pasado

El anteproyecto de ley del aborto devuelve a España a un sistema de supuestos despenalizados El texto presentado por Alberto Ruiz-Gallardón regresa al sistema vigente entre 1985 y 2010

El anteproyecto de ley del aborto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, devolverá a España a un sistema de supuestos despenalizados como el vigente entre 1985 y 2010.

Fin de un derecho.

El texto elimina el derecho de la mujer a decidir libremente, durante las primeras 14 semanas de embarazo y sin alegar ningún motivo, si prosigue su embarazo o aborta. Se pasará de este sistema, conocido como ley de plazos e instaurado en 2010, a otro modelo en el que solo se permitirá el aborto en dos supuestos: violación (hasta la semana 12 de gestación) o "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada" (hasta la 22). Ese riesgo tiene que ser "permanente o duradero en el tiempo".

Acreditación.

La nueva ley prevé que se exijan dos dictámenes médicos que acrediten ese daño para la salud de la mujer. Tendrán que firmarlos dos profesionales sanitarios de la especialidad de la patología alegada, una condición que hasta ahora (tanto con la ley de 1985 como con la actual para los casos de aborto por riesgo para la salud entre la semana 14 y la 22) se ceñía a un solo dictamen. Los dos médicos no podrán trabajar en la misma clínica que luego va a practicar el aborto.

Anomalías.

El anteproyecto elimina el supuesto de aborto por anomalías fetales, aunque enmarca este problema en el riesgo de daño psíquico para la mujer. Si la anomalía fetal es "incompatible con la vida", la mujer podrá alegar daño psíquico sin límite temporal, y abortar acogiéndose a ese supuesto (en ese caso necesitará dos dictámenes médicos: uno sobre la salud de la mujer y otro acerca del feto). Si la anomalía fetal no es incompatible con la vida, la mujer solo podrá alegar daño psíquico hasta la semana 22. Este modelo deja sin cobertura las anomalías fetales que no sean incompatibles con la vida pero sí extremadamente graves e incurables y que se hayan diagnosticado de manera tardía.

Información.

Las mujeres recibirán información sobre las alternativas al aborto por parte de un "colaborador del sistema público", según dijo Gallardón. Aún está por ver qué servicios la facilitarán. Tras este asesoramiento personal -que ahora se limita a información escrita- tendrán que reflexionar durante siete días.

El periplo en busca de cuatro certificados

En España, desde 2010, el aborto es libre en las primeras 14 semanas de embarazo (que es cuando se produce más del 90% de los abortos). La futura ley acabará con ese derecho. EL PAÍS ha reconstruido el periplo que tendrá que recorrer con la nueva ley una mujer que quiera abortar, tomando como ejemplo el caso que se augura más probable -que la embarazada alegue riesgo para su salud psíquica- y contando con que todo le salga bien: que los médicos acrediten que existe ese riesgo y que ningún profesional objete por el camino. Este será el itinerario:

En un procedimiento de carácter urgente, a puerta cerrada y con presencia del fiscal, el juez resolverá a quién da la razón tras escuchar a la mujer y a "los demás interesados". Si la chica tiene entre 16 y 18 años, primará su voluntad, salvo que el juez "constate su falta de madurez"; si tiene menos de 16 años, primará la voluntad de los padres, salvo que se acredite en la vista que ello es "contrario a la protección del interés de la mujer". En todo caso, decidirá un juez. Todo el procedimiento judicial, recurso incluido, no puede superar los ocho días de duración.

Si la menor (sea cual sea su edad) quiere proseguir el embarazo y son los padres los que quieren que aborte, serán ellos los que podrán acudir a un juez para que decida.

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